¿Qué sabemos de la crisis humanitaria de Ceuta?
La muerte de decenas de personas, la entrada masiva desde Marruecos y el colapso de los servicios públicos han convertido Ceuta en escenario de una tragedia humana.
Pero definir lo ocurrido únicamente como una “crisis migratoria” resulta insuficiente y conduce a un diagnóstico interesado. Estamos ante una crisis humanitaria por sus consecuencias y, sobre todo, geopolítica por su origen, su desarrollo y la utilización política de las personas migrantes.
La reunión telemática extraordinaria que celebran este martes los ministros del Interior de la Unión Europea confirma esta dimensión. Lo ocurrido afecta a una frontera exterior comunitaria, pone a prueba la relación entre España y Marruecos y revela la fragilidad de la solidaridad europea. También muestra hasta qué punto miles de personas pueden ser utilizadas como instrumento de presión entre Estados y terminar convertidas, además, en culpables de la crisis.
Todavía desconocemos datos esenciales. No existe un balance definitivo de víctimas ni un recuento consolidado de quienes cruzaron. Tampoco sabemos con precisión cuántas personas permanecen en Ceuta, cuántas son menores, cuántas han solicitado protección internacional o mediante qué procedimientos se han efectuado los retornos.
Las cifras difundidas por las administraciones difieren. El Gobierno español calcula alrededor de 50.000 entradas; el Ejecutivo ceutí eleva la estimación hasta las 60.000 y Marruecos la reduce a unas 40.000. También existen discrepancias sobre las personas fallecidas mientras continúan la recuperación de cuerpos, las identificaciones y la búsqueda de desaparecidos. La prudencia con las cifras no rebaja la gravedad de lo sucedido, al contrario, obliga a reclamar mayor transparencia.
Sí sabemos que la llegada masiva golpeó unos servicios previamente desbordados. Este diario había informado de la saturación del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes y de los dispositivos de atención a menores. CCOO de Ceuta llevaba tiempo reclamando más personal y la incorporación de diez vigilantes pendientes desde mayo, cuando el CETI acogía ya a unas 1.700 personas.
La crisis humanitaria también es una crisis de los servicios públicos y del trabajo. La padecen quienes llegaron, la población ceutí y las plantillas encargadas de sostener la seguridad, la sanidad, la acogida, la alimentación, la limpieza y los cuidados. Hablar exclusivamente de fronteras invisibiliza a quienes llevan meses compensando con sobreesfuerzo la falta de recursos.
Ni la sentencia ni la regularización abrieron la frontera
El Gobierno atribuye la movilización a las redes de tráfico de personas y a la difusión interesada de una sentencia del Tribunal Supremo. Es verosímil que los mensajes propagados mediante WhatsApp y otras redes, presentando la vía marítima como una frontera abierta, actuaran como detonante. Pero la desinformación no explica por sí sola cómo decenas de miles de personas pudieron concentrarse y avanzar hacia una de las fronteras más vigiladas del mundo.
El Supremo tampoco abrió Ceuta ni reconoció un derecho automático a permanecer en España. Estableció que las personas interceptadas en el mar no pueden ser devueltas sumariamente mediante el rechazo en frontera si todavía no han superado un elemento físico de contención. En esos casos deben aplicarse los procedimientos ordinarios y sus garantías.
Presentar esta exigencia jurídica como causa de la tragedia desplaza la responsabilidad desde los fallos políticos y operativos hacia los derechos. Es una operación peligrosa: convierte las garantías legales en obstáculos para la seguridad y prepara el terreno para debilitarlas.
Tampoco se sostiene que la regularización extraordinaria haya ofrecido “papeles” a quienes cruzaron a finales de julio. El procedimiento está dirigido a personas presentes en España antes del 1 de enero de 2026 y capaces de acreditar, al menos, cinco meses de permanencia. Quienes acaban de entrar no pueden acogerse a él.
La regularización pudo ser utilizada de manera engañosa por quienes alentaron la movilización. Pero una falsedad difundida en las redes no se convierte en verdad porque la repitan dirigentes políticos. Vincular directamente la medida con la entrada masiva, como han hecho el PP, Vox y partidos de la derecha y ultraderecha europea, no es una interpretación alternativa: es utilizar una mentira para desgastar al Gobierno y alimentar el rechazo a la migración.
El Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal ha rechazado esta asociación. Vincular ambos hechos “no corresponde a la verdad”, ha afirmado Fernando Redondo Pavón. “Lo demás es manipular a la población”, ha subrayado.
Una crisis geopolítica convertida en munición electoral
El precedente de 2021 demuestra que Marruecos ya utilizó la permeabilidad de la frontera como instrumento de presión diplomática. No prueba que ahora se haya producido una operación idéntica, pero obliga a investigar si hubo una relajación deliberada de los controles, qué información poseían las autoridades españolas y por qué no se anticipó una movilización de semejante magnitud.
La cautela necesaria para evitar acusaciones sin pruebas tampoco puede servir para ocultar la dimensión geopolítica. Las personas que se dirigieron hacia Ceuta pudieron actuar impulsadas por la pobreza, la desigualdad, la falta de futuro o los mensajes engañosos. Pero también pudieron ser utilizadas dentro de una relación desigual en la que Marruecos controla una parte sustancial de la presión ejercida sobre la frontera europea.
El Gobierno español debe explicar qué conocían el Ministerio del Interior, los servicios de inteligencia, la Guardia Civil –hay discrepancias entre ministerios– y los mecanismos de cooperación con Rabat. Pedro Sánchez ha hablado de una “violación y un ataque a la integridad territorial”, pero no ha identificado a su responsable y, simultáneamente, ha agradecido la posterior colaboración marroquí. Si existió un ataque, debe esclarecerse quién lo promovió o permitió. Si no hay pruebas para atribuirlo a un Estado, el Ejecutivo debe explicar por qué emplea una categoría tan grave.
La derecha, sin embargo, ha preferido desplazar el foco hacia las personas migrantes y las políticas del Gobierno. Los dirigentes del PP saben que entrar irregularmente en Ceuta no permite viajar libremente a la península ni circular por Europa. Saben que las personas recién llegadas no reúnen las condiciones de la regularización y que la sentencia del Supremo no abrió la frontera. A pesar de ello, han hablado de “ocupación premeditada” y se han aproximado al marco impuesto por Vox.
La extrema derecha ha calificado lo sucedido como “invasión” y “acto de guerra”. No son simples excesos verbales –aviso para navegantes–. Si existe una invasión, las personas empobrecidas, los menores, quienes pueden solicitar asilo y quienes han podido ser engañados dejan de ser titulares de derechos para convertirse en enemigos. Si estamos ante una guerra, cualquier respuesta excepcional puede presentarse como legítima.
Esta deshumanización deteriora claramente la convivencia. Extiende la sospecha sobre las personas migrantes que viven entre nosotros, convierte la diversidad en amenaza y permite que quienes incendian el debate se presenten después como garantes del orden.
La responsabilidad del Partido Popular es especialmente grave. Cuando una formación conservadora adopta las preguntas, el lenguaje y las premisas de la extrema derecha, la legitima. Transmite que Vox tiene razón en el diagnóstico y que únicamente se discrepa sobre la dureza de la respuesta. El resultado es una competición por levantar más barreras, reconocer menos derechos, generar más odio.
CCOO ha advertido del peligro de “envenenarse civilmente” cuando la migración se convierte en un campo de batalla partidista. Ahí reside una de las amenazas principales. La convivencia no está en riesgo únicamente por una frontera desbordada, sino también por quienes explotan el miedo y convierten a las personas vulnerables en munición electoral.
Seguridad, derechos y responsabilidad europea
La reunión extraordinaria de hoy de los ministros del Interior de la Unión Europea representa la primera gran prueba política para el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo. Deberá mostrar si la respuesta comunitaria se construye desde la solidaridad, los recursos y la responsabilidad compartida o desde el repliegue nacional y la competición por endurecer las fronteras.
Hasta ahora, gobiernos conservadores y ultras –claramente alineados con el plutócrata de Trump– han relacionado la crisis con la regularización española y reforzado sus controles, pese al régimen especial de Ceuta y Melilla y sin que se hubiera constatado el desplazamiento de las personas llegadas hacia otros países europeos. Europa proclama la solidaridad al redactar sus normas, pero algunos Estados levantan nuevas barreras cuando la crisis se hace real.
Criticar esta instrumentalización no exonera al Gobierno ni obliga a negar el derecho de la población ceutí a vivir con seguridad. El Estado debe controlar la frontera, esclarecer los fallos de anticipación, garantizar la convivencia y reforzar inmediatamente los servicios públicos. Pero ninguna de estas obligaciones permite impedir el acceso al asilo, ignorar la protección debida a los menores o efectuar devoluciones sin examinar individualmente cada situación.
UGT ha reclamado combinar orden, seguridad y convivencia con el respeto a los derechos humanos. La diócesis de Cádiz y Ceuta ha puesto sus recursos al servicio de las personas más vulnerables y ha reforzado la atención desde el centro San Antonio. Estas respuestas recuerdan una verdad que la batalla partidista pretende borrar: detrás de las cifras hay personas muertas, desaparecidas, heridas o exhaustas; familias que esperan noticias; una población sometida a una presión extraordinaria, y plantillas públicas llevadas al límite.
¿Qué sabemos, por tanto? Que han muerto decenas de personas. Que los servicios públicos ya estaban desbordados. Que circularon mensajes engañosos. Que ni la sentencia ni la regularización abrieron la frontera. Que falló la anticipación y deben investigarse las actuaciones de España y Marruecos. Y que una parte de la derecha conservadora y ultra explota la tragedia para presentar como enemigas a quienes también han sido –a todas luces– víctimas de una instrumentalización política.
Garantizar los derechos humanos y la seguridad, así como esclarecer todas las responsabilidades, resulta ineludible, pero la respuesta a esta crisis no puede sacrificar la dignidad humana. También en Ceuta, la política está llamada a buscar, como insiste el papa León XIV, “soluciones de paz, de estabilidad y de justicia”.
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Director de Noticias Obreras.
Autor del libro No os dejéis robar la dignidad. El papa Francisco y el trabajo. (Ediciones HOAC, 2019). Coeditor del libro Ahora más que nunca. El compromiso cristiano en el mundo del trabajo. Prólogo del papa Francisco (Ediciones HOAC, 2022)
