Reunión de urgencia en la UE tras el centenar de muertes en el cruce de la frontera con Ceuta
La crisis migratoria desencadenada en la frontera de Ceuta desde el pasado 30 de julio, en la que cerca de 100 personas han perdido la vida en el intento de llegar a España, ha elevado la tensión política en España, pero también en la Unión Europea. Este marte se celebra se celebra una reunión extraordinaria de ministros de Interior para analizar la situación y coordinar una respuesta comunitaria.
Unas 40.000 personas –80.000 según el Gobierno ceutí– cruzaron desde Marruecos hacia Ceuta en uno de los mayores episodios de presión migratoria registrados en una frontera europea en los últimos años.
La mayoría ha sido devuelta posteriormente a territorio marroquí, aunque alrededor de 2.500 personas –entre 3.000 y 5.000, según el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas– permanecen todavía en la ciudad autónoma, entre ellas numerosos menores de edad.
El dirigente ceutí aseguró que la ciudad continúa lejos de la normalidad y recordó que permanecen desplegados alrededor de 3.000 efectivos de las Fuerzas Armadas, la Guardia Civil y la Policía Nacional.
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, calificó de “inusual” lo ocurrido y defendió la actuación conjunta de España y Marruecos. En una entrevista concedida este lunes a TVE, insistió en la “total colaboración” de Rabat tanto durante la gestión de los cruces como en los retornos posteriores.
El Gobierno español insiste en defender la versión que restar responsabilidad directa de Marruecos en la entrada masiva de personas, mientras las autoridades marroquíes atribuyen los hechos a redes de tráfico de personas y a la difusión de mensajes en redes sociales.
Albares señaló además a lo que denominó “la internacional reaccionaria” por la difusión de “mentiras y noticias falsas” sobre la crisis y criticó la posición mantenida por PP y Vox.
La gestión gubernamental también se encuentra bajo escrutinio por las informaciones publicadas sobre posibles advertencias previas del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Según fuentes citadas por la Cadena SER, el organismo habría alertado en varias ocasiones al Ministerio del Interior sobre el riesgo de una entrada masiva desde Marruecos. El departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska niega haber recibido avisos concretos de esa naturaleza, aunque reconoce que se había detectado un incremento de llegadas durante las semanas anteriores.
Por su parte, la ministra de Defensa, Margarita Robles, reclamó a Marruecos una investigación para esclarecer las causas del episodio y expresó su plena confianza tanto en el CNI como en el Ministerio del Interior.
En el ámbito judicial, la Audiencia Nacional ha solicitado a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional que investigue si los acontecimientos responden a una actuación coordinada de organizaciones o grupos criminales, con el fin de determinar la eventual existencia de responsabilidades penales.
La crisis ha adquirido además una dimensión europea. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, pidió la suspensión del espacio Schengen con respecto a España, mientras otros países como Finlandia y Dinamarca cuestionaron aspectos de la política migratoria española. En Francia, el presidente Emmanuel Macron reforzó los controles fronterizos terrestres.
Frente a estas críticas, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, respaldó la actuación del Gobierno español, calificándola de “eficiente y eficaz”, y reclamó una respuesta coordinada a escala europea. Los embajadores de los Estados miembros han sido convocados igualmente a una reunión extraordinaria dentro del mecanismo europeo de Respuesta Política Integrada ante Crisis (IPCR).
El Ejecutivo español prevé una reunión “larga y tensa”, aunque confía en que el debate sirva para impulsar una reflexión europea más amplia sobre la gestión de las fronteras exteriores y los mecanismos comunes de respuesta ante crisis migratorias y geopolíticas. Fuentes diplomáticas consideran que la cuestión podría elevarse próximamente al nivel de jefes de Estado y de Gobierno de la UE, con vistas al Consejo Europeo previsto para octubre.
Mientras continúan las investigaciones y los contactos diplomáticos, organizaciones humanitarias mantienen su preocupación por la situación sobre el terreno.
La Plataforma de Cooperación Internacional sobre Migrantes Indocumentados (PICUM) ha denunciado la falta de vías legales y seguras para la migración y ha advertido de que miles de personas continúan en situación de vulnerabilidad en Ceuta. Las entidades de derechos humanos vigilan especialmente la protección de los menores no acompañados para evitar devoluciones contrarias a la legislación vigente.
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