No es una “crisis migratoria”, es una “crisis de derechos humanos” que se cobra un “alto peaje en vidas humanas”
La abogada Patuca Fernández, con una larga trayectoria en defensa de los derechos humanos, especialmente desde Coordinadora de Barrios y ahora vinculada a la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE), plantea que la situación actual en Ceuta no puede analizarse como “una crisis migratoria”, sino como una “crisis de derechos humanos” y denuncia la clara “instrumentalización de las vidas de las personas migrantes” que practican España y Marruecos.
“Si les da las llaves de la puerta de tu casa a un tercero, no deberías sorprenderte si la deja abierta”, comenta Fernández en alusión a la política de externalización de fronteras que desde hace tiempo impulsa España y que ha sido reforzada por la Unión Europea mediante el pacto de migraciones y asilo.
La situación crítica que atraviesa la ciudad autónoma, a su juicio, era fácil de anticipar, debido a una “tendencia sostenida y creciente” registrada en semanas previas, lo que apunta a una falta de previsión por parte de las administraciones españolas que no han reforzado los recursos humanos para la gestión de expedientes de asilo y devolución, ni los dispositivos de acogida.
Desde su punto de vista, la política migratoria española depende en gran medida de la voluntad de cooperación de las autoridades marroquíes para el control fronterizo, lo que, recuerda, ha generado en el pasado situaciones de vulnerabilidad para las personas en tránsito, ya que cada Estado responsable tiene su propia “agenda interna”.
Así, ha recordado que Marruecos, que ahora vive inmerso en la celebración del Día del Trono, viene reclamando la soberanía de Ceuta, Melilla y el Sáhara Occidental desde hace tiempo.
El Gobierno del país vecino no duda en utilizar periódicamente la cuestión migratoria como elemento de negociación en las relaciones bilaterales tanto con España como con el resto de la Unión Europea.
Para la abogada, las personas migrantes quedan atrapadas entre las políticas de control fronterizo y los intereses geopolíticos de ambos países.
“Lo que estamos viendo es un uso espurio de las vidas migrantes en las relaciones entre Estados”, afirma. “Al igual que las mafias utilizan a personas traficadas, los Estados utilizan las migraciones como un elemento más de negociación entre ellos, con un peaje que no nos podemos permitir en vidas humanas”, comenta.
“El número de víctimas es insoportable”
La representante de Coordinadora de Barrios y de APDHA también pone el foco en el coste humano de la situación, más aún ante la falta de voluntad para abrir vías seguras para las personas migrantes. Las últimas noticias elevan a 28 las personas que han perdido la vida en los últimos días en su intento por llegar a territorio español.
En lo que va de año, se han recuperado ya más de 50 cadáveres de inmigrantes ahogados en aguas de Ceuta, según informa Europa Press, citando fuentes de la Guardia Civil.
Hay una tragedia que no se puede ignorar, la pérdida de vidas humanas. El número de víctimas es insoportable”, afirma Fernández, al tiempo que reclama que se sitúe la protección de las personas migrantes en el centro del debate público.
En relación con algunas interpretaciones que vinculan el incremento de llegadas con la sentencia del Tribunal Supremo sobre menores migrantes en Ceuta, Fernández rechaza con contundencia esa explicación.
Recordó que la resolución judicial de enero de 2024 prohibió las devoluciones colectivas de menores y sostuvo que aquella decisión “no provocó un aumento de las entradas”. Según indicó, los datos posteriores mostraron una reducción del número de menores presentes en la ciudad autónoma.
“Es falso e indecente utilizar esa sentencia como justificación de lo que está ocurriendo”, afirmó la abogada, quien no descarta la posibilidad de que algunos agentes institucionales estén aprovechando la situación para presionar al propio Tribunal Supremo.
Las organizaciones sociales reclaman que la respuesta institucional priorice la protección de los derechos humanos, el acceso a procedimientos de asilo con garantías y la apertura de vías legales y seguras para la migración, evitando que miles de personas se vean obligadas a recurrir a rutas de alto riesgo para alcanzar territorio europeo.
Ante la crisis actual, la Coordinadora de Barrios y APDHE coinciden en que la situación de Ceuta debe abordarse desde una perspectiva humanitaria y de protección de derechos fundamentales, más allá de las consideraciones de seguridad o de política exterior que dominan el debate público.
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