Personas migrantes siguen deambulando por Ceuta, a pesar de que la gran mayoría ha vuelto a Marruecos
La ciudad fronteriza de Ceuta trata de recuperar la normalidad después de la entrada de decenas de miles de personas (entre 50.000 y 70.000) desde Marruecos, provocando la muerte de entre 70 y 90 personas. Aunque la gran mayoría ha retornado al país vecino, continúan las fuertes medidas de seguridad y los servicios públicos tratan de atender a quienes por su edad, nacionalidad y otras circunstancias permanecen en territorio español.
En Ceuta, la Policía Local colabora en las labores de retorno voluntario mediante la puesta en marcha de dos autobuses que recorren diferentes zonas de la ciudad para trasladar a quienes desean regresar a Marruecos. Solo durante la jornada del domingo, más de un centenar de personas fueron conducidas hasta las inmediaciones del paso fronterizo del Tarajal para facilitar su salida.
En Melilla, el paso fronterizo de Beni-Enzar ha superado sus primeras 24 horas desde la reapertura.
A pesar del progresivo retorno de la mayoría de los migrantes, las autoridades mantienen la vigilancia y los dispositivos de seguridad tanto en Ceuta como en Melilla ante la posibilidad de nuevos intentos de entrada y para garantizar el restablecimiento pleno de la normalidad en ambas ciudades autónomas.
Las autoridades locales estiman que todavía quedan varios miles de personas distribuidas por distintos puntos de la ciudad. Muchos de ellos permanecen en espacios públicos, buscan alimentos y agua o intentan acceder a recursos asistenciales.
Grupos de migrantes que permanecen en la ciudad tras la entrada masiva registrada el pasado 30 de julio desde Marruecos, aunque las autoridades aseguran que la mayoría de las personas que cruzaron la frontera ya han regresado al país vecino.
Efectivos del Ejército, de la Policía Nacional y de otros cuerpos de seguridad continúan desplegados en diversas zonas de la ciudad para supervisar los movimientos de los migrantes que permanecen en Ceuta y facilitar su retorno hacia la frontera.
En la primera valoración pública de los hechos, un portavoz del Ministerio del Interior marroquí sostuvo que lo ocurrido “no ha sido fruto de circunstancias espontáneas”, sino el resultado de una combinación de factores vinculados a la actividad de las mafias de tráfico de personas y a campañas de desinformación difundidas a través de canales digitales. Miles de personas acabaron convencidas de que podrían cruzar con facilidad, sin que autoridades del país vecinos hicieran nada para impedirlo.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha solicitado una reunión urgente de los ministros del Interior de la Unión Europea y ha criticado la reacción de algunos Estados miembros, a los que acusa de mantener una posición “egoísta, polarizadora e ilegal” ante los acontecimientos.
La misiva constituye una respuesta a otra carta previa suscrita por representantes de 22 países de la Unión Europea, entre ellos Italia, Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Polonia y Suecia. En ese documento, los firmantes expresaban su preocupación por la política migratoria española y por el proceso extraordinario de regularización de trabajadores extranjeros impulsado por España.
Los gobiernos firmantes sostenían que la UE no puede permitir “cruces masivos incontrolados, la instrumentalización de la migración u otras amenazas híbridas que creen la percepción de que la entrada ilegal en la Unión Europea es posible”. La iniciativa estuvo encabezada por la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el canciller alemán, Friedrich Merz.
La crisis ha intensificado el debate político en España. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamado explicaciones al Ejecutivo y ha asegurado que “se conocía esta amenaza”, por lo que ha pedido esclarecer las circunstancias que rodearon los hechos.
En su carta a las instituciones europeas, Sánchez también rechazó las peticiones formuladas desde algunos sectores políticos europeos para suspender la participación de España en el espacio Schengen.
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