Educación plantea una bajada histórica de ratios en la Educación Infantil ante la presión de las movilizaciones
El Ministerio de Educación ha presentado un real decreto con la reducción de las ratios del alumnado por aula, especialmente en el primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años), en respuesta a las reivindicaciones de las trabajadoras del sector y las familias.
Las grandes movilizaciones han conseguido mover las posiciones del Gobierno de España que ha incluido en su borrador legislativo también una referencia a la climatización de los espacios educativos, aunque la aplicación de las medidas queda en manos de las comunidades autónomas.
El borrador del decreto, actualmente en negociación con los sindicatos, propone una reducción muy significativa del número de menores por aula en el ciclo de 0 a 3 años, lo que supone en la práctica limitar a la mitad –o incluso menos– los grupos actuales.
En la clase de 0 años, se pasa de los 8 alumnos actuales a un máximo de 4. En el aula de 1 año, se pasa de 13 alumnos a un máximo de 6. Y en la clase de 2 años, se pasa de un máximo de 20 niños, a solo 8.
Se trata de la primera modificación de estas ratios desde principios de los años noventa y afecta a uno de los tramos más precarizados del sistema educativo. La propuesta se completa con descensos en otras etapas, como el segundo ciclo de Infantil o el Bachillerato, y establece su aplicación progresiva a partir del curso 2027-2028.
Este cambio ha sido recibido como una conquista por las educadoras infantiles, especialmente en territorios como Madrid, donde el conflicto laboral se ha intensificado en los últimos meses con una huelga indefinida en el sector.
La Plataforma Estatal de Escuelas Infantiles ha subrayado que este avance es fruto de “un largo recorrido colectivo” y de años de organización y movilización sostenida en todo el Estado, resaltando que por fin se sitúa la educación de 0 a 3 años en el centro del debate público y político.
La organización reconoce también el papel del Ministerio al haber impulsado una negociación compleja que, a su juicio, rompe con décadas de inacción en esta etapa educativa, gracias a “una voluntad clara de diálogo, una capacidad sostenida de negociación y una firme determinación política”.
La bajada del número de alumnos en Infantil se puede aprobar por real decreto, sin necesidad de mayoría parlamentaria. En cambio, las nuevas ratios de Primaria (22 en vez de 25) y en la ESO (25 en en lugar de 30), tendrán que pasar la votación, aunque el proyecto pasó el corte la semana pasada, al ser rechazadas las enmiendas a la totalidad presentadas por Junts y el PNV.
STES subraya que la propuesta sigue los “estándares europeos” en la etapa de 0 a 3, aunque ha advertido que sin la financiación necesaria será “papel mojado”. “Gran éxito, la movilización funciona”, dice CCOO, mientras que CSIF valora la bajada de ratios, pero lamenta que no se aplique hasta 2027.
La confederación de familias de alumnado de la escuela pública, CEAPA, también ha recibido el anuncio con satisfacción. “Estamos muy a favor de la bajada de ratios y nos parece que afectará a la mejora de la calidad de la enseñanza”, afirma su presidenta, María Sánchez, quien además aprovecha para pedir una renovación “metodológica” en la educación.
Por contra, la patronal de centros de Educación Infantil privados ya adelanta que la reducción de ratios implicará un aumento considerable de los costes de personal y de estructura, lo que consideran inasumible en el actual modelo de financiación.
La presión se traslada a las comunidades autónomas
No obstante, la plataforma de Educación Infantil mantiene la presión sobre los gobiernos autonómicos para que “cumplan estrictamente con la ley una vez aprobada, asuman su responsabilidad, y destinen financiación suficiente para dar calidad educativa”.
Al tiempo recuerdan que este avance debe verse acompañado por “mejoras estructurales que siguen siendo de su competencia, tales como la dotación suficiente de recursos especializados, la cobertura ágil e inmediata de las bajas, y la mejora y protección de las condiciones materiales de los centros e instalaciones”.
El decreto introduce además otro elemento destacado al incorporar, por primera vez en una norma estatal, la obligación de atender al bienestar de alumnado y personal mediante la adecuación de la climatización de los centros educativos.
Esta cuestión, que ha ganado protagonismo en los últimos años debido al aumento de las temperaturas en las aulas, responde a una reivindicación histórica del profesorado, aunque su redacción actual ha sido considerada insuficiente por los sindicatos, que reclaman una formulación más concreta y vinculante.
Junto a las ratios y la climatización, el texto plantea nuevos requisitos mínimos para las escuelas infantiles del primer ciclo, con el objetivo de establecer un marco estatal más homogéneo en una etapa que hasta ahora ha estado regulada de manera desigual por las comunidades autónomas. Estas condiciones afectan tanto a los espacios como a la organización de los centros y buscan reforzar su carácter educativo.
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