Las empresas del IBEX siguen sin contribuir fiscalmente en proporción al aumento de sus beneficios y aumentan la desigualdad salarial
Las grandes corporaciones españolas, a pesar de algunos avances, mantienen importantes brecha de desigualdad tanto entre hombres y mujeres como entre sus directivos y el resto de trabajadores, sin que su contribución fiscal a las arcas públicas crezca con la misma intensidad que lo hacen sus beneficios.
Las empresas del Ibex 35 cerraron 2024 con unos beneficios agregados de 67.300 millones de euros, un 21,5% más que el año anterior, mientras su aportación fiscal en España cayó un 6,7%, hasta 6.400 millones, según el estudio Evolución de indicadores de buen gobierno en las empresas del Ibex 35, elaborado por la Fundación 1º de Mayo y la Secretaría de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO.
El informe, con los datos presentados por las propias empresas en 2025, referidos a 2024, constata un desajuste creciente entre resultados empresariales y contribución tributaria, un fenómeno que, en palabras del secretario confederal Carlos Bravo, se explica por “la capacidad de influir en la legislación y en los equipos fiscales” para optimizar al máximo la factura fiscal.
Bravo ha subrayado que el tipo efectivo de estas compañías en España se sitúa en el 12,1%, muy lejos del 25% nominal del impuesto de Sociedades —o del 30% aplicable a la banca—, y ha recordado que, a escala global, los beneficios de las grandes empresas españolas crecieron un 21% mientras la contribución fiscal lo hizo un 3,9%, hasta 21.800 millones.
A su juicio, el contraste es especialmente significativo si se tiene en cuenta que los grupos del Ibex concentran la mitad de la facturación y el 55% del beneficio, pero solo aportan el 32,8% de la cuota líquida.
De hecho, Bravo ha denunciado que el compromiso de hacer una reforma fiscal que equipare a nuestro país con los de su entorno y disminuya la regresividad del sistema tributario “no se ha cumplido suficientemente”.
Aunque ha valorado medidas como el impuesto a la banca o las las energéticas, además de la regulación estatal del impuesto de patrimonio, ha defendido que están “muy lejos” del sistema tributario que, en su opinión, requiere el país para poder desarrollar las políticas públicas necesarias y avanzar hacia la equidad.
El líder sindical ha recordado que el IRPF y el IVA, cuyos ingresos proceden mayoritariamente de rentas del trabajo y del consumo, representan más de dos tercios de la recaudación total —unos 200.000 millones anuales— y que el 80% del IRPF proviene de rendimientos del trabajo, no del capital.
La desigualdad salarial
El estudio también analiza la evolución de las retribuciones internas, donde la distancia entre la alta dirección y la plantilla continúa ampliándose.
La remuneración máxima dentro del índice equivale a 74 veces el salario medio calculado por la CNMV (63.000 euros), aunque en las cinco empresas que concentran más del 50% del empleo —Inditex, Santander, BBVA, Telefónica y ACS— la ratio se dispara hasta entre 132 y 295 veces.
Bravo ha precisado que el informe maneja dos referencias salariales: 45.000 euros, que recogen estrictamente el salario percibido, y 63.000 euros, que incluyen indemnizaciones, cotizaciones y aportaciones a pensiones.
“Si utilizamos la variable más baja, que es la que verdaderamente cobran los trabajadores y trabajadoras, las ratios serían mucho mayores”, ha señalado.
En paralelo, la retribución al accionariado continúa creciendo. En 2024, el equivalente al 42% de los costes de personal se destinó a dividendos, frente al 37,6% del año anterior.
El sociólogo de la Fundación 1º de Mayo, Luis de la Fuente, ha destacado que en ocho empresas la remuneración al accionista supera el coste total de personal, con casos como Naturgy y Aena, que rondan el 230%, o Enagás, Endesa e Iberdrola, que superan el 100%.
También ha señalado que algunas compañías han repartido dividendos pese a registrar resultados consolidados negativos, y otras —como Telefónica o Redeia— en las que el beneficio es inferior a la remuneración al accionariado.
El informe detalla además que la compensación de los primeros ejecutivos representa el 48% de lo que perciben sus respectivos consejos de administración. En los casos más extremos, el primer ejecutivo de Sacyr concentra el 79,5% de la retribución del consejo, y el de Inditex, el 68,7%.
Las remuneraciones más elevadas corresponden a Iberdrola, Banco Santander, Puig e Inditex, todas por encima de los 11 millones de euros.
Desequilibrio de poder entre hombres y mujeres
En materia de igualdad, Bravo ha advertido de que el cumplimiento formal del umbral 40-60% en los consejos de administración oculta fuertes desequilibrios internos.
Solo el 7,1% de los consejeros ejecutivos son mujeres (4 de 56), y el 26,9% de los dominicales, frente al 57,7% entre los independientes, de modo que, en palabras de Bravo, “los que representan al capital de las sociedades y los que tienen funciones ejecutivas siguen siendo muy mayoritariamente mujeres”.
En la alta dirección, la presencia femenina se reduce al 26%, con solo siete empresas que alcanzan o superan el 40%. Aena encabeza la lista con un 66%, mientras Unicaja y Grifols no llegan al 10%.
“A pesar de todo la Ley de Igualdad ha sido un empuje para una mejora evidente”, concluye el De la Fuente, si bien en los equipos de alta dirección se mantiene un ‘techo de cristal’ muy significativo.
En el ámbito medioambiental, las emisiones de gases de efecto invernadero descienden un 1% en términos agregados, pese a un aumento de más de un millón de toneladas, y se observa un “mayor esfuerzo” en la identificación de emisiones indirectas.
De paso, ha aprovechado Bravo para alertar del riesgo de que empeore la vigilancia de la actividad empresarial y la exigencia de responsabilidad a cuenta de los vientos europeos que, con la excusa de aumentar la competitividad, están relajando la calidad de la información que las empresas trasladan a la sociedad, dificultando la exigencia de responsabilidad.
La supuesta simplificación normativa impulsada por el paquete ómnibus I en la Unión Europea eleva los umbrales de las directivas de sostenibilidad (CSRD) y de debida diligencia (CSDDD), lo que podría excluir de la obligación de reportar a más del 80 % de las empresas inicialmente afectadas, justo cuando apenas comenzaba a consolidarse la aplicación conjunta de las Normas Europeas de Información de Sostenibilidad (NEIS) y la Ley 11/2018.
Según Carlos Bravo, la medida impactaría directamente en herramientas clave como el Índice Global de Derechos de la Confederación Sindical Internacional (CSI), cuya utilidad ya se ve mermada por deficiencias en la información sobre negociación colectiva, salud laboral o libertad sindical.
Todo ello se produce en un contexto de creciente deterioro de derechos fundamentales —con vulneraciones a la libertad de expresión y reunión en el 50 % de los países—, lo que, lejos de mejorar la transparencia, podría dificultar aún más la identificación de impactos laborales negativos a escala global.
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