Día Mundial del Refugiado: La frontera y el rostro humano
Cada 20 de junio, el Día Mundial del Refugiado nos invita a mirar una realidad que interpela directamente a la conciencia de nuestras sociedades: la de millones de personas que se han visto obligadas a abandonar sus hogares para escapar de la guerra, la persecución o la violencia.
Este año, la conmemoración adquiere una dimensión especialmente significativa en Europa, coincidiendo con la entrada en vigor del nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo y con la aprobación del Reglamento de Retorno, dos instrumentos que reflejan la voluntad de la Unión Europea de reforzar el control de sus fronteras y ordenar los flujos migratorios.
Me uno a los temores expresados por la nota emitida por algunas entidades sociales entre las que se encuentra Cáritas Española en la que señalan que la entrada en vigor de estas normativas amenaza los derechos de la población migrante y refugiada:
“Estas normativas, junto con la revisión del concepto de tercer país seguro –mecanismo legal que permite a un país rechazar las solicitudes de asilo y deportar a los solicitantes a un tercer país (de tránsito)– y la aprobación de una lista de países de origen considerados seguros -la cual incluye estados con graves deficiencias en derechos humanos-, debilitan gravemente derechos y garantías consolidados.
Entre ellos, destacan el derecho de asilo, la protección frente a devoluciones, el acceso a defensa jurídica efectiva, el derecho a la información y la atención específica a personas en situación de mayor vulnerabilidad, y la protección al derecho a la salud integral de las personas”
Nadie cuestiona que los estados tienen derecho y responsabilidad de controlar sus fronteras. La seguridad, la lucha contra las mafias que trafican con seres humanos y la gestión ordenada de la migración forman parte de las obligaciones legítimas de cualquier poder público. Pero en ningún momento se puede olvidar que al otro lado de esa frontera hay hombres, mujeres y niños que buscan protección internacional. Ahí aparece una tensión que ninguna legislación puede resolver por sí sola: la que existe entre la lógica de la seguridad y la exigencia moral de la acogida.
El verdadero desafío consiste en evitar que una anule a la otra. Una política migratoria responsable necesita fronteras seguras; una sociedad democrática necesita también preservar su capacidad de reconocer la humanidad de quien llama a su puerta pidiendo protección. Cuando la seguridad se impone sin matices se corre el riesgo de no ver el rostro humano de quien pide protección, de no reconocer sus derechos y convertirlo en una amenaza.
Quizá ahí radique la gran contradicción que en este momento se vive en Europa. Por una parte reivindica su tradición humanista y su compromiso con los derechos humanos al mismo tiempo que refuerza los mecanismos de control y devolución. Defiende el derecho de asilo, pero aumenta las barreras para acceder a él. Celebra el Día Mundial del Refugiado mientras el debate público gira cada vez más en torno a la seguridad, la presión migratoria o la protección de las fronteras.
Por eso el Día Mundial del Refugiado debería ser una ocasión para recordar que la frontera no puede ser solo una barrera. También debe ser un lugar de discernimiento, donde la legítima protección de los Estados conviva con la obligación jurídica y moral de ofrecer amparo a quienes huyen de la persecución y la guerra. La seguridad protege a las sociedades; la acogida digna protege nuestra humanidad.
En un momento en que Europa redefine su política migratoria, me parecen muy oportunas las palabras de León XIV, pronunciadas en el muelle de Arguineguín en su reciente vista a las Islas Canarias:
“No basta gestionar llegadas, distribuir cifras, reforzar fronteras o lamentar las muertes cuando ya han ocurrido. Cada barca que llega no trae sólo migrantes; trae consigo una pregunta: ¿qué mundo hemos construido, si tantos hermanos tienen que arriesgar la muerte para buscar vida?
La dignidad humana exige vías legales y seguras, rescate y asistencia, cooperación real contra los traficantes, protección efectiva a las víctimas, procesos serios de acogida e integración, y políticas que permitan a cada persona vivir con dignidad en su propia tierra. Si bien existe un derecho a buscar refugio cuando la vida es amenazada, también existe el derecho a no tener que migrar: el derecho a permanecer en la propia casa sin hambre, sin guerra, sin persecución, sin violencia, sin que la tierra se vuelva inhabitable, sin que la corrupción robe el pan de los pobres, sin que las armas destruyan el futuro de los niños. No podemos acostumbrarnos a contar muertos. La dignidad humana no tiene pasaporte ni pierde valor al cruzar una frontera”.
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Director del Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española
