Bruselas impulsa su “ómnibus fiscal”con promesas de ahorro millonarias y críticas por favorecer a las grandes empresas
La Comisión Europea ha presentado “ómnibus fiscal” con promesas de ahorros millonarias, aunque desde organizaciones como Oxfam Intermón alertan de que debilitará la justicia fiscal al suponer una ronda de los beneficios extraordinarias en pocas manos.
El empeño por dotar a la Unión Europea de mayor agilidad y dinamismo que caracteriza este segundo mandato de la conservadora Ursula von der Leyen ha llegado también a la normativa tributaria.
La Comisión Europea ha presentado este miércoles su nuevo paquete “ómnibus” sobre fiscalidad, una batería de reformas que según sus defensores supondría un ahorro anual cercano a los 8.000 millones de euros, en línea con la estrategia de impulsar la competitividad.
Entre las principales novedades figura la elevación de 2.000 a 3.000 euros del umbral de ventas online a partir del cual los usuarios de plataformas digitales deben reportar información fiscal.
Según la Comisión, esta medida eximirá a más de 10 millones de vendedores particulares —principalmente de artículos de segunda mano— y generará un ahorro de unos 678 millones de euros para las plataformas digitales.
El paquete incluye también la introducción de una exención de retenciones en origen para pagos transfronterizos de dividendos, intereses y cánones entre empresas vinculadas dentro de la UE, con el objetivo de eliminar trabas a la inversión. Bruselas calcula que esta medida podría generar por sí sola unos beneficios de 5.300 millones de euros anuales.
Asimismo, la reforma plantea cambios en la Directiva contra la Elusión Fiscal (ATAD), con normas más homogéneas sobre la limitación de intereses, y una refundición de la Directiva de Cooperación Administrativa (DAC) para unificar la normativa existente, reducir duplicidades y rebajar en un 35% las obligaciones de notificación consideradas de bajo valor añadido.
El comisario de Economía, Vladis Dombrovskis, defendió el paquete asegurando que “Europa necesita normas más sencillas para obtener mejores resultados” y subrayó que la iniciativa mejorará la seguridad jurídica y reducirá los costes de cumplimiento de las empresas.
El Ejecutivo comunitario enmarca estas medidas dentro de su “Brújula de la Competitividad”, inspirada en el informe Draghi, que sitúa la reducción de la burocracia como un eje esencial del crecimiento económico europeo. Además, el paquete introduce un estándar mínimo común para el tratamiento fiscal de inversiones en activos tangibles vinculados a la I+D, lo que, según los cálculos de Bruselas, podría aumentar el PIB comunitario en un 0,2% anual.
También anticipa mejoras técnicas, como una nueva herramienta para verificar los números de identificación fiscal (NIF), con el objetivo de facilitar el intercambio de información y mejorar la eficiencia de las administraciones tributarias.
Oxfam critica una “desregulación encubierta”
Sin embargo, la propuesta ha suscitado críticas desde organizaciones sociales. Oxfam Intermón ha advertido de que la simplificación normativa puede traducirse, en la práctica, en una rebaja de las obligaciones fiscales de las grandes corporaciones.
“La simplificación es el último eufemismo de la Comisión Europea para la desregulación”, afirmó Julien Desiderio, experto en política fiscal de la organización. A su juicio, la iniciativa llega en un contexto de beneficios empresariales récord y aumento de la desigualdad, y “supone una nueva ronda de beneficios fiscales para las grandes corporaciones, mientras los presupuestos públicos están al límite”.
Oxfam sostiene que algunas de las medidas planteadas podrían debilitar salvaguardas clave contra la elusión fiscal y ampliar las exenciones sobre los rendimientos del capital.
Esto, según la ONG, reduciría los ingresos públicos necesarios para financiar servicios esenciales como la sanidad, la educación o la acción climática.
La organización también alerta de que la reforma no aborda suficientemente las lagunas legales que permiten a las grandes fortunas y multinacionales minimizar su carga fiscal, como el uso de sociedades de cartera o estructuras opacas.
En este sentido, pide reforzar la Directiva de Sociedades Matrices y Filiales y ampliar el alcance de la cooperación administrativa para mejorar la identificación de patrimonios no declarados.
La propuesta deberá ahora ser examinada por los Estados miembros, mayoritariamente gobernados por partidos de derecha, en el Consejo de la UE, que tendrán que alcanzar un acuerdo unánime, y contará también con el análisis y dictamen del Parlamento Europeo, dominado igualmente por un bloque conservador necesitado del apoyo de socialdemócratas y liberales, para imponerse a la minoría, aunque creciente, de ultraderecha.
El proceso legislativo determinará el alcance final de esta nueva reforma que Bruselas presenta bajo la justificación de aliviar los trámites, en detrimento de las garantías de derechos, que en teoría lastran la competitividad de las grandes empresas europeas.
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