La Iglesia española respalda la regularización extraordinaria: “Una expresión coherente del Evangelio en la vida pública”
Cáritas, CONFER, REDES y la Conferencia Episcopal valoran el decreto aprobado por el Gobierno como un paso hacia una sociedad más justa, mientras la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) ya defendió que “no se trata de dar privilegios, sino de hacer justicia”. Las organizaciones piden además medios suficientes para garantizar su aplicación efectiva
Las principales entidades de la Iglesia en España han valorado positivamente la aprobación del real decreto de regularización extraordinaria de personas migrantes, al considerarlo “una medida de responsabilidad política, ética y social”. Así lo han expresado en un comunicado conjunto Cáritas, la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), la Red de Entidades para el Desarrollo Solidario (REDES) y el Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española (CEE).
Las organizaciones subrayan que este proceso supone un avance significativo para dar respuesta a la situación de miles de personas que viven en España en situación administrativa irregular, especialmente aquellas que “llevan sufriendo estas circunstancias durante un largo período de tiempo y no logran regularizar su situación por las vías ordinarias”.
No obstante, advierten de la complejidad técnica y logística del proceso y reclaman a la Administración que garantice su correcto desarrollo. En concreto, piden que se habiliten “posibilidades de registro presencial de expedientes a todas las personas extranjeras potencialmente beneficiarias” y que se disponga de medios suficientes para ofrecer “información de calidad”.
Una exigencia inherente a la misión de la Iglesia
Las entidades eclesiales enmarcan su apoyo en el compromiso de la Iglesia con la dignidad de las personas migrantes. “La acogida, la protección y la dignificación de las personas migrantes constituyen para la Iglesia una exigencia inherente a su misión”, señalan.
En esta línea, subrayan que no se trata solo de una opción pastoral, sino también de una exigencia en materia de derechos humanos, definiendo la regularización como “una expresión coherente del Evangelio en la vida pública”.
El comunicado destaca además que este paso “hacia una sociedad más justa e inclusiva, donde nadie quede relegado a la invisibilidad y la exclusión” supone también un reconocimiento al proceso impulsado por la sociedad civil, que logró movilizar a más de 900 organizaciones y recoger más de 600.000 firmas para la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular.
Irregularidad y exclusión: una realidad estructural
Las entidades advierten de la estrecha relación entre irregularidad administrativa y exclusión social, una realidad que conocen de primera mano a través de su trabajo de acompañamiento.
“La irregularidad administrativa coloca a las personas que residen en España en una situación de fuerte vulnerabilidad”, señalan, ya que limita el acceso a derechos básicos y expone a situaciones de discriminación.
Según datos del IX Informe FOESSA, cerca de nueve millones de personas migrantes viven en España y el 68% de quienes se encuentran en situación irregular están en exclusión social. A ello se suman los datos de Cáritas, que indican que el 47% de las personas acompañadas en 2024 no tenía regularizada su situación, lo que equivale a unas 550.000 personas.
Esta realidad, genera “un círculo de invisibilidad y desprotección que afecta a toda la convivencia social”, subrayan.
De la vulnerabilidad a la participación social plena
Las entidades de la Iglesia destacan que la regularización puede transformar de forma profunda la vida de las personas migrantes. “Supone pasar de la invisibilidad y la precariedad a la protección, la autonomía y la plena participación social”, afirman.
Contar con autorización de residencia y trabajo permite acceder al empleo formal, mejorar la estabilidad económica y planificar un proyecto de vida, además de facilitar el acceso a servicios esenciales como la sanidad, la educación o la vivienda.
Asimismo, destacan que la regularización contribuirá a reducir la explotación laboral y la discriminación, al tiempo que permitirá que “cientos de miles de personas coticen, paguen impuestos y contribuyan formalmente al sostenimiento de los servicios públicos, reforzando el Estado del bienestar”.
HOAC: “No se trata de dar privilegios, sino de hacer justicia”
La Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) valoró positivamente la regularización extraordinaria de personas migrantes, una posición que ya expresó recientemente al defender que “acabar con esta situación de irregularidad administrativa supone respetar su dignidad como personas”.
El movimiento de trabajadoras y trabajadores cristianos denunció que la irregularidad administrativa condena a muchas personas a la “explotación laboral, la desprotección jurídica y la exclusión de facto de servicios públicos esenciales”, en línea con la advertencia del papa Francisco de que “muchas veces se percibe que, de hecho, los derechos humanos no son iguales para todos” (Fratelli tutti, 22).
La organización de Acción Católica sostuvo además que la regularización era una medida de “responsabilidad política, ética y social” que permitía “romper el círculo de la irregularidad” y recordó también las palabras del papa León XIV en Dilexi te, al pedir ver en “el emigrante y en el refugiado no solo un problema que debe ser afrontado, sino un hermano y una hermana que deben ser acogidos, respetados y amados” (n. 75). Por eso, subrayó que “no se trata de dar privilegios, sino de hacer justicia”.
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Director de Noticias Obreras.
Autor del libro No os dejéis robar la dignidad. El papa Francisco y el trabajo. (Ediciones HOAC, 2019). Coeditor del libro Ahora más que nunca. El compromiso cristiano en el mundo del trabajo. Prólogo del papa Francisco (Ediciones HOAC, 2022)
