El BOE publica el real decreto que articula la regularización extraordinaria de personas migrantes aprobada por el Gobierno
El Boletín Oficial del Estado ha publicado este miércoles el real decreto que desarrolla la regularización extraordinaria de personas migrantes en situación administrativa irregular, aprobada este martes en el Consejo de Ministros
La norma, el Real Decreto 316/2026, de 14 de abril, introduce cambios en el Reglamento de Extranjería para facilitar el acceso a autorizaciones de residencia por circunstancias excepcionales.
El texto modifica el Real Decreto 1155/2024, que regula los derechos y libertades de las personas extranjeras en España, incorporando nuevas vías de regularización vinculadas al arraigo y a situaciones de vulnerabilidad social.
Según se recoge en el propio decreto, el objetivo es “permitir la plena integración de aquellas personas extranjeras que permanecen en España de forma prolongada y que, por causas ajenas a su voluntad, no pueden acceder a una autorización de residencia”.
Nuevas vías de regularización por arraigo
La reforma introduce dos mecanismos principales. Por un lado, se habilita una autorización de residencia para personas solicitantes de protección internacional que hubieran iniciado su expediente antes del 1 de enero de 2026.
Por otro, se crea una nueva figura de arraigo extraordinario, destinada a personas que ya se encontraban en España antes de esa fecha y que acrediten vínculos laborales, familiares o situaciones de vulnerabilidad.
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En ambos casos, las personas solicitantes podrán obtener una autorización de residencia temporal con permiso de trabajo. Además, el decreto establece que, desde el inicio de la tramitación, quedarán habilitadas provisionalmente para residir y trabajar en todo el territorio nacional.
Las solicitudes podrán presentarse hasta el 30 de junio de 2026, a través de un procedimiento específico que se habilitará en oficinas de extranjería, Seguridad Social y también en la red de Correos.
Integración, derechos y mercado de trabajo
El Gobierno fundamenta esta medida en la necesidad de adaptar la política migratoria a la realidad social y económica del país. El decreto destaca que la incorporación de estas personas al sistema administrativo y laboral contribuirá a “reducir la economía informal” y a reforzar tanto la Seguridad Social como la recaudación tributaria.
Asimismo, la norma subraya que la regularización permitirá garantizar el ejercicio efectivo de derechos y prevenir situaciones de explotación laboral, al tiempo que responde a los retos demográficos y a las necesidades del mercado de trabajo.
Junto a estas medidas, el texto incorpora una perspectiva transversal de infancia y género, reforzando la protección de menores y atendiendo a situaciones de especial vulnerabilidad.
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