Aprobada la regularización extraordinaria de personas migrantes: “Es un acto de justicia social”
La medida, aprobada hoy en el Consejo de Ministros, permitirá acceder a residencia, trabajo y derechos básicos a miles de personas ya integradas en la sociedad española. “Cuenta con el respaldo de la Iglesia católica”, ha subrayado la ministra, que defiende su “triple legitimidad” social, política y económica. El proceso se abrirá el 16 de abril y se prolongará hasta el 30 de junio
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha anunciado la aprobación definitiva del real decreto que pone en marcha un proceso de regularización extraordinaria para personas migrantes que ya residen en España. Una decisión que el Ejecutivo sitúa entre las más relevantes de la legislatura y que busca dar respuesta a una realidad social consolidada: la presencia de miles de personas que viven y trabajan en el país sin una situación administrativa regularizada.
“Para mí es uno de los grandes hitos de esta legislatura”, ha afirmado la ministra en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros celebrada hoy en La Moncloa, subrayando el alcance de una medida que permitirá a quienes cumplan los requisitos acceder a derechos laborales y sociales básicos, así como a una mayor estabilidad jurídica y vital.
En su intervención, Saiz ha puesto el foco en el carácter cotidiano y plenamente integrado de las personas a las que se dirige esta iniciativa. “Son personas que conviven entre nosotros, con hijos e hijas que van al colegio con nuestros hijos, que dan vida a nuestros pueblos, a nuestras calles”, ha señalado, para añadir que “a partir de hoy podrán disfrutar con garantías de plenos derechos y cumplir sus obligaciones”.
La regularización permitirá obtener una autorización de residencia y trabajo, acceder a un número de afiliación a la Seguridad Social y disponer de tarjeta sanitaria en el territorio de residencia. El permiso tendrá una vigencia inicial de un año y, una vez transcurrido ese periodo, permitirá la incorporación progresiva a las figuras ordinarias previstas en el reglamento de extranjería.
El calendario de aplicación será inmediato. El real decreto se publicará el 15 de abril en el Boletín Oficial del Estado y, desde el día siguiente, 16 de abril, se abrirá el plazo para la presentación de solicitudes, que se prolongará hasta el 30 de junio. Las solicitudes podrán realizarse tanto por vía telemática, disponible de forma ininterrumpida, como presencial, en este caso con cita previa obligatoria.
Para hacer frente al volumen previsto de solicitudes, el Gobierno ha diseñado un dispositivo específico. “Hemos formado un equipo de personal con más de 550 profesionales extra”, ha explicado la ministra, quien ha añadido que “habrá habilitadas unas 450 oficinas en todo el territorio” para atender este proceso. La red de atención incluirá oficinas de la Seguridad Social (al menos una por provincia), sucursales de Correos en capitales y grandes municipios, y determinadas oficinas de extranjería, principalmente en horario de tarde.
Saiz ha querido, además, lanzar un mensaje de advertencia para evitar confusión o saturación en los servicios: “No serán todas las oficinas ni serán en cualquier horario”, por lo que ha pedido “colaboración ciudadana y mediática” para garantizar que las personas interesadas se informen adecuadamente antes de acudir a los puntos de atención.
Triple legitimidad y amplio respaldo social, político y económico
La portavoz del Gobierno ha defendido la medida como una iniciativa respaldada de forma transversal. “Cuenta con una triple legitimidad: la social, la política y la económica”, ha reiterado.
Desde el punto de vista social, el Gobierno enmarca la regularización en una iniciativa legislativa popular respaldada por más de 900 asociaciones y con más de 700.000 firmas recogidas. En este ámbito, Saiz ha destacado expresamente que “cuenta con el respaldo de la Iglesia católica”, subrayando la implicación de entidades sociales y eclesiales en la defensa de esta medida.
En el plano político, la ministra ha recordado que la iniciativa fue tomada en consideración en el Congreso con 310 votos a favor, lo que evidencia un amplio consenso parlamentario. Y en el ámbito económico, ha destacado el apoyo de los agentes sociales (sindicatos y patronal) así como de sectores productivos como la agricultura, la construcción o el transporte, que ven en esta regularización una respuesta a necesidades estructurales del mercado laboral.
“Uno de los efectos más claros de la regularización es dotar de derechos laborales a trabajadores y de más tranquilidad a empleadores”, ha explicado.
Integración, seguridad jurídica y desarrollo reglamentario
La ministra ha insistido en que la regularización responde a una realidad ya existente y busca ordenar una situación que afecta a miles de personas. En este sentido, ha citado los informes del Consejo Económico y Social y del Consejo de Estado, que han avalado tanto el procedimiento como sus objetivos.
“Para conseguir la integración real y plena de estas personas es clave la regularidad administrativa”, ha señalado, apoyándose en el análisis del Consejo Económico y Social.
En el plano jurídico, Saiz ha puesto especial énfasis en la vía elegida por el Ejecutivo. El Consejo de Estado ha validado el procedimiento y ha respaldado que se articule mediante desarrollo reglamentario. “El informe avala que este procedimiento se realice por la vía reglamentaria, tal y como siempre hemos defendido”, ha afirmado la ministra, quien ha añadido que “en dicho desarrollo reglamentario se han respetado todas las garantías para concluir con éxito un procedimiento de esta índole”.
El órgano consultivo ha valorado además positivamente los objetivos generales de la regularización, entre ellos la integración social, la seguridad jurídica y la reducción de la irregularidad administrativa.
La ministra ha defendido que el Estado debe actuar cuando la realidad social supera los marcos administrativos existentes: “Cuando la realidad social va por delante de la burocracia, el Estado responsable es el que actúa para ordenarlo. No es el que mira hacia otro lado”.
Además, ha recordado que España ha llevado a cabo seis procesos de regularización desde 1986, que han beneficiado a cerca de 1,3 millones de personas, lo que sitúa esta medida en una trayectoria consolidada de políticas públicas.
Impacto en el empleo, la economía y el sistema de bienestar
El Ejecutivo ha vinculado directamente la regularización con la sostenibilidad económica y social del país. En este sentido, la ministra ha aportado datos significativos sobre el papel de la población migrante en el mercado laboral.
“El 43% del empleo que se ha creado en España desde la puesta en marcha de la reforma laboral corresponde a trabajadores extranjeros”, ha destacado.
Además, ha aludido a un informe de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia que plantea escenarios futuros en los que una reducción de la migración tendría consecuencias negativas para la economía y los servicios públicos, como la caída del PIB, el cierre de escuelas o el aumento de listas de espera.
“Su aportación nos permite crecer económicamente, generar empleo y riqueza y mantener nuestro sistema de bienestar”, ha afirmado.
La regularización, según ha defendido, contribuirá a aflorar empleo sumergido, mejorar las condiciones laborales y reforzar la responsabilidad fiscal, además de facilitar la convivencia y la cohesión social.
En este contexto, Saiz ha subrayado también la dimensión demográfica de la medida, al señalar que la población migrante contribuye al rejuvenecimiento de la sociedad española en un momento de envejecimiento creciente.
La ministra ha querido situar la regularización en el plano de los valores. “Es un acto de coherencia ética y de justicia social”, ha afirmado. Una idea que ha reforzado con una declaración de carácter político y moral: “Un país que concede derechos en lugar de recortarlos es un país mejor”.
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Director de Noticias Obreras.
Autor del libro No os dejéis robar la dignidad. El papa Francisco y el trabajo. (Ediciones HOAC, 2019). Coeditor del libro Ahora más que nunca. El compromiso cristiano en el mundo del trabajo. Prólogo del papa Francisco (Ediciones HOAC, 2022)
