El Gobierno aprueba la ley de prevención para frenar la siniestralidad laboral
“Esta ley va de esto, de evitar que nadie muera en su puesto de trabajo”, afirma Yolanda Díaz, que vincula el avance en salud laboral con uno de los debates “más importantes” del país: el acceso a la vivienda
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha presentado este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la aprobación de la reforma integral de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, coincidiendo con el Día Internacional de la Seguridad y la Salud en el Trabajo.
La norma llega tras más de dos años de negociación en el marco del diálogo social –aunque sin el apoyo de la patronal– y se acompaña de la entrada en vigor del Convenio 191 de la Organización Internacional del Trabajo, que reconoce la seguridad y la salud en el trabajo como un derecho humano.
El texto aprobado es un anteproyecto de ley que modifica la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el Estatuto de los Trabajadores y el Reglamento de los Servicios de Prevención, con el objetivo de adaptarlos a los cambios en la organización del trabajo, la digitalización y los nuevos riesgos laborales.
“Declara la seguridad y la salud en el trabajo como un derecho humano. Por tanto, estamos obligados a respetarlo”, subrayó Díaz, enmarcando la reforma en un cambio de paradigma que sitúa el cuidado de la vida en el centro de la organización del trabajo.
La ministra defendió que la ley de 1995, que introdujo en España la cultura preventiva, “se ha quedado caduca” ante las transformaciones del mundo laboral. “Esta ley va de esto, de evitar que nadie muera en su puesto de trabajo”, afirmó, tras recordar que en 2025 fallecieron 735 personas trabajadoras por causas relacionadas con su empleo. “Es brutal”, añadió.
Prevenir para cuidar la vida en el trabajo
La nueva norma refuerza el enfoque preventivo frente a un modelo que, según el Ejecutivo, ha priorizado históricamente la reparación del daño. “Es mucho mejor actuar ex ante y no culpabilizar a la gente trabajadora que se enferma”, sostuvo Díaz, en referencia también al debate sobre el absentismo laboral.
El texto amplía de forma significativa el concepto de salud laboral, que pasa a incluir no solo daños físicos, sino también mentales, cognitivos, conductuales, sociales o emocionales. Por primera vez, se reconocen de forma expresa los riesgos psicosociales, climáticos y sus interacciones como elementos centrales en la evaluación preventiva.
La reforma incorpora además la adaptación de la prevención a un entorno laboral marcado por la digitalización, la hiperconexión y el sedentarismo, e introduce la variable edad en la evaluación de riesgos.
Uno de los cambios más relevantes es la incorporación de la perspectiva de género. “La ley del 95 era una ley hecha para hombres”, afirmó la vicepresidenta. “Ser hombre o mujer en el puesto de trabajo te hace desigual”, añadió.
La norma también contempla la adaptación del trabajo a las características personales, incluyendo situaciones como el embarazo, la lactancia o el retorno tras ausencias prolongadas por motivos de salud.
Más obligaciones para las empresas y desarrollo pendiente
La reforma introduce nuevas obligaciones para las empresas, como la realización de evaluaciones de riesgos mediante visitas presenciales a los centros de trabajo, la adopción de protocolos ante fenómenos climáticos adversos y la garantía de una vigilancia específica de la salud física y mental de las personas trabajadoras.
Además, regula de forma expresa la violencia y el acoso en el trabajo (incluido el ciberacoso y el uso de algoritmos) y refuerza los derechos de las personas trabajadoras, que podrán acceder a su historial clínico-laboral.
Otra de las novedades destacadas es la extensión de la protección a las personas trabajadoras autónomas, especialmente aquellas que operan en coordinación con otras empresas. Según los datos del Ministerio, la siniestralidad en este colectivo ha aumentado un 71,4% en los últimos años.
En paralelo, la norma refuerza el sistema de prevención, limita la asunción directa de estas funciones por parte del empresario y da mayor peso a los servicios de prevención propios y profesionalizados.
En cuanto al desarrollo reglamentario, el Ministerio prevé la aprobación en el plazo de un año de una norma específica sobre riesgos psicosociales, que abordará, entre otras cuestiones, la promoción de entornos de trabajo saludables y la prevención de la conducta suicida.
Durante la comparecencia, Díaz confirmó el compromiso de desarrollar reglamentos sobre salud mental y cambio climático, aunque sin concretar calendario en su intervención: “Nos comprometemos a aprobar un reglamento (…) sobre los riesgos psicosociales (…) y frente al cambio climático”. No obstante, defendió el procedimiento: “Primero se aprueba una norma y luego se hacen los reglamentos”.
La vicepresidenta aseguró que el Ejecutivo cumplirá “a pies juntillas antes de que acabe la legislatura”, y rechazó las críticas sobre retrasos: “A esa afirmación (…) le digo que miente”, en referencia a declaraciones atribuidas a “una persona de un sindicato”.
El Gobierno presenta la reforma como uno de los pilares de su agenda laboral, aunque su alcance real dependerá de su desarrollo reglamentario y de su aplicación efectiva en los centros de trabajo.
La vicepresidenta llama a “no rendirse” ante la posible caída del decreto de alquileresEn la misma comparecencia, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, se refirió a la inminente votación en el Congreso —esta tarde— sobre la convalidación del real decreto de congelación de alquileres, que será tumbado tras el anuncio de voto en contra de PP, Vox y Junts y la abstención del PNV. Díaz situó el debate como “uno de los más importantes en nuestro país”, al afectar, a su juicio, al principal problema actual de la ciudadanía: el acceso a la vivienda. “Hoy no es el paro la principal preocupación, es la vivienda”, afirmó. La medida limita al 2% la revalorización de los alquileres en contratos en vigor. “Lo que le hemos pedido a los caseros (…) es que las rentas queden como están”, explicó, reconociendo que los precios actuales “ya eran absolutamente insoportables en nuestro país”. La vicepresidenta defendió su impacto inmediato: “No es entelequia ni macroeconomía, es realidad”, tras asegurar que “miles y miles de ciudadanos” han podido renovar sus contratos manteniendo precios. En un tono político, advirtió de las consecuencias de un eventual rechazo: “Esto es lo que genera desafección ciudadana (…) y lo que alimenta a las extremas derechas”. Ante la posibilidad de que la norma sea tumbada, lanzó un mensaje de continuidad: “No nos vamos a rendir”, y apeló a la movilización social: “Los derechos (…) se ganan (…) movilizándose”. El Gobierno, aseguró, estudiará “todas las medidas posibles para continuar defendiendo a la gente”. |
Apoya y cuida Noticias ObrerasTu aportación hace posible un periodismo comprometido con la dignidad del trabajo, la justicia social y la esperanza. Puedes colaborar también a través de Bizum al 13744. Cualquier aportación, por pequeña que sea, suma y nos ayuda a seguir construyendo, día a día, esta mirada compartida al servicio del bien común
Director de Noticias Obreras.
Autor del libro No os dejéis robar la dignidad. El papa Francisco y el trabajo. (Ediciones HOAC, 2019). Coeditor del libro Ahora más que nunca. El compromiso cristiano en el mundo del trabajo. Prólogo del papa Francisco (Ediciones HOAC, 2022)
