UGT Madrid denuncia que la venta inminente de viviendas sociales a fondos buitres pone en riesgo a más de 150 familias
El espacio vivienda digna de UGT Madrid ha denunciado públicamente la transferencia a un nuevo fondo de inversión de unas 5.400 viviendas anteriormente gestionadas por la Empresa Municipal de la Vivienda, al considerar esta operación de intercambio de participaciones sociales un “abuso” para extinguir el derecho de adquisición preferente de compra de los actuales arrendatarios.
En una comparecencia ante los medios, Esther Chaves Alonso, secretaria de Igualdad de UGT Madrid, advirtió que el próximo 28 de abril está prevista la transferencia de activos del fondo Fidere al fondo Brookfield, lo que preocupa a muchas familias que temen ser deslaojadas, desahuciadas, reubicadas o divididas.
“Hay 156 familias afectadas que reclaman su derecho de tanteo y retracto que corren el riesgo de quedarse en la calle sin alternativa habitacional”, denunció. “Estas familias pierden sus viviendas y se quedan con una mano delante y otra detrás, sin realojo, sin ayuda, con niños y personas mayores ante la impasividad institucional”.
Arantxa Mejías, una de las personas que teme se desalojada de su vivienda tras la operación entre estos llamados también “fondos buitres” ha subrayado el impacto emocional de más de diez años de litigios y ha alertado de que se ha consolidado una “estrategia para mercadear con un derecho constitucional”, llegando a calificar como “terrorismo institucional” la pasividad de la Administración y las decisiones de la Justicia.
“Son las casas más caras de la historia, no solo porque llevamos ya 200.000 euros echados en saco roto, sino también por el desgaste personal y familiar que conllevan”, afirmó.
Según ha relatado el abogado José Mariano Benítez de Lugo, representante de las familias, el conflicto se remonta a 2013, cuando la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) vendió 18 promociones a fondos especulativos sin notificar a los arrendatarios.
Después de varias sentencias favorables en la Audiencia Provincial, el Tribunal Supremo se desdijo de su primera sentencia a favor de las familias negándoles su derecho a comprar al mismo precio pagado por este tipo de fondo buitre, como se conocen vulgarmente a estas sociedades.
El lunes pasado el Tribunal Constitucional rechazó el recurso presentado por las familias, por lo que estudian recurrir a la Justicia Europea.
Además de haber presentado un escrito de súplica a la Fiscalía del Tribunal Constitucional, el abogado ha pedido la intervención de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ante lo que considera un atropello a los derechos de las familias, así como la existencia de lucro excesivo, dado que “las viviendas se compraron por 60.000 o 70.000 euros y ahora se pretenden vender por 300.000 o 400.000 euros”.
El sindicato reclama que se garantice el derecho a permanecer en la vivienda, bajo un arrendamiento estable, en línea con el artículo 47 de la Constitución. “Las personas no se pueden quedar sin sus viviendas, no pueden jugar con las ilusiones ni con el dinero de miles de familias”, afirmó Chaves, exigiendo una intervención inmediata antes de que se formalice la compraventa a finales de mes.
Redactor jefe de Noticias Obreras
