Víctimas de la siniestralidad laboral denuncian el “calvario sanitario, jurídico y psicológico” desencadenado en cada siniestro
La Asociación de Víctimas de Accidentes y Enfermedades Laborales de Andalucía (AVAELA) ha llamado en el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo a hacer cada vez más presente la dramática situación de las personas que pierden la vida y la salud en sus puestos de trabajo.
En una rueda de prensa celebrada en los locales de Hermandades del Trabajo de Córdoba, representantes de la asociación de afectados por la siniestralidad y enfermedad laboral han denunciado la indiferencia social ante esta realidad que consideran “sangrante” y “silenciada” y han llamado a combatir las causas estructurales que provocan que tres personas pierdan la vida en su intento de llevar el pan a casa, cada día laborable.
En todo el mundo, mueren cada año 2,6 millones de personas por causas relacionadas con el trabajo. Lejos de remitir, la mortalidad laboral ha aumentado solo en la última década un 12%, con el terrible costo en vidas humanas que implica.
El presidente de AVAELA y militante de la HOAC, Miguel Cruz, ha señalado “el triple calvario” (sanitario, jurídico y psicológico) que supone cada vida que se pierde o queda herida y cada familia rota.
El portavoz de las víctimas destacó la dimensión social de una tragedia que, todavía hoy, en demasiadas ocasiones, se experimenta individual y aisladamente, en silencio, como si se tratase de una “fatalidad inevitable” o la culpa recayera en la propia víctima, cuando “la inmensa mayoría [de los siniestros] se pueden prevenir adoptando las medidas de seguridad adecuadas”.
Las estadísticas reflejan que tres cuartas partes de las muertes en el trabajo registradas en nuestro país obedecen a tres fenómenos bien conocidos como infartos y derrames cerebrales (34%); atrapamientos, aplastamientos y golpes y caídas (24%); y accidentes durante los traslados de ida al trabajo y vuelta al hogar (10%).
En 2025 perdieron la vida en España unas 735 personas trabajadoras por causas relacionadas con sus ocupaciones, lo que equivale a cuatro accidentes de aviones medianos sin supervivientes.
Las personas heridas de gravedad en accidentes laborales el año pasado, 650, multiplican por trece el número de diputados del Congreso.
Más de 620.000 personas resultaron enfermas o lesionadas con baja médica, lo que daría para llenar 29 estadios de fútbol como el Nuevo Arcángel en el que juega el Córdoba.
En Andalucía, las muertes en el trabajo llegaron a 121, una media de 2,32 por semana. La provincia de Córdoba registró más de 9.400 accidentes laborales (26 cada día), 70 graves y 13 fallecidos, uno más que el año anterior. Con estas cifras, Córdoba se sitúa como la provincia andaluza con mayor índice de incidencia en accidentes con baja y la tercera en siniestros mortales.
Derecho a un trabajo seguro y saludable
“Son muertes olvidadas. Son invisibles”, denuncia AVAELA, que subraya que la mala calidad del empleo y la precariedad estructural están en la base de la siniestralidad. La asociación insiste en que estas cifras demuestran que la prevención “no funciona” y que las políticas públicas siguen siendo “insuficientes” para proteger la vida y la salud de quienes trabajan.
“La prevención no es un gasto, es una inversión”, ha clamado Cruz, quien defiende la seguridad como un “derecho” reconocido así por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su artículo 3 habla del “derecho a la vida, la libertad y la seguridad”, y en su número 23 menciona el “derecho al trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias”.
Más que mala fortuna o descuido, las causas de la siniestralidad hay que buscarlas en “las malas condiciones de trabajo: precariedad, temporalidad, subcontratación, externalización, etc., y los ritmos intensos e inhumanos”, ha señalado el integrante de AVAELA.
A su juicio, todo esto es resultado del modo concreto en que “está estructurado nuestro sistema productivo”, que prioriza “el beneficio económico por encima de la persona” y degrada al trabajador a “una herramienta más”, manteniéndolo “al margen de las decisiones clave de la empresa u obligándole, en muchas ocasiones, a convertirse en empresa para poder trabajar (falsos autónomos)…”
El drama continuo de la siniestralidad laboral no se resolverá en su opinión, sin el concurso de “toda la sociedad”, “cada cual, desde su posición debemos trabajar porque no haya ningún trabajo que suponga un peligro para la salud de quien lo ocupa”, especialmente las instituciones y personas con mayores responsabilidades”.
Durante la rueda de prensa, ha tomado la palabra el familiar de una persona fallecida en accidente de trabajo, Alfonso Redondo, quien ha compartido su propio testimonio y su vinculación con la asociación de víctimas.
A propuesta de AVAELA, en la noche del 28 de abril, varios edificios y monumentos de Córdoba, Jaén, Málaga y Sevilla, así como de Ciudad Real, se iluminarán en color rojo, como homenaje a las víctimas de la siniestralidad laboral y de la falta de salud en el trabajo.
La entidad, integrada mayoritariamente por personas afectadas por accidentes o enfermedades laborales, persigue un doble objetivo. Ser voz, sensibilizando a la sociedad andaluza y actuando como interlocutora ante las administraciones públicas; y prestar asistencia jurídica y psicológica, además de un acompañamiento cercano “de quienes mejor conocen y sienten lo que están viviendo las personas afectadas”.
La entidad se afana por poner en el centro de la agenda pública una realidad que, pese a su gravedad, continúa siendo tratada como un fenómeno inevitable. La asociación insiste en que cada muerte laboral es evitable y que la sociedad no puede normalizar que el trabajo siga costando la vida.
Mejora la intensidad y extensión de la prevención
Entre las peticiones, que ha presentado hoy en la rueda de prensa, figuran la intervención estructural y sostenida en el ámbito laboral, empezando por revertir el deterioro de los sistemas de prevención, hoy lastrados por planes externalizados para cumpir con la burocracia y por una Inspección de Trabajo insuficiente —con un ratio de un inspector por cada 10.000 personas trabajadoras—.
También aboga por reforzar la fiscalía especializada con más medios y competencias, crear juzgados específicos en seguridad y salud laboral para evitar procesos que se alargan más de cinco años, y garantizar una formación preventiva de calidad junto a planes ajustados a los riesgos reales de cada actividad, algo que el 36% de las empresas aún no cumple.
A ello, añade la aprobación de la nueva Ley de Prevención acordada entre Gobierno y sindicatos, la publicación de un listado de empresas sancionadas que impida su acceso a la contratación pública, y un compromiso firme con un mercado laboral estable que destierre la temporalidad y la precariedad.
La organización subraya, además, la necesidad de una mayor sensibilización social ante un problema “grave y extendido”, así como de asegurar atención, información y apoyo jurídico y psicológico a las víctimas y sus familias tras cualquier siniestro.
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Redactor jefe de Noticias Obreras
