Freno a los precios y soberanía energética para aliviar el impacto de la guerra en Ormuz
CCOO y UGT reclamaron este jueves al Gobierno medidas de intervención pública para contener la escalada de los precios energéticos derivada de la crisis en torno al estrecho de Ormuz y avanzar hacia una mayor soberanía energética, al considerar que el encarecimiento de la energía y los carburantes está agravando la inflación y deteriorando el poder adquisitivo de los hogares.
Durante la reunión mantenida con el Ejecutivo para analizar el impacto económico y social del conflicto en Irán, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, defendió que “es el momento de intervenir para contener la subida de los precios” y planteó “la recuperación de la excepción ibérica para reducir el coste de la energía y proteger a las familias más vulnerables”.
Sordo propuso además una prestación de al menos 300 euros para personas y familias con rentas inferiores a la media, que podría alcanzar a unos diez millones de personas, con el objetivo de “hacer frente a situaciones donde a la gente le está costando muchísimo llegar a fin de mes”.
El líder sindical reclamó también recuperar el poder adquisitivo de los salarios mediante la negociación colectiva e instó a las organizaciones empresariales a negociar un nuevo acuerdo salarial que permita incrementos de entre el 4% y el 7%.
Igualmente, pidió acceso a los datos del observatorio de márgenes empresariales para conocer la evolución de los beneficios en cada ámbito de negociación.
Respecto al precio de los carburantes, Sordo consideró que “una rebaja fiscal temporal sobre la gasolina y el gasóleo puede tener sentido como medida coyuntural, siempre que se garantice que la reducción impositiva no se traduzca en un aumento de los márgenes empresariales y no repercuta en el bolsillo de las familias”.
Del mismo modo, reclamó a la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia una mayor vigilancia de los precios a lo largo de toda la cadena de valor, desde el refino hasta la venta final en las estaciones de servicio.
Beneficios y rentabilidades extraordinarias
Según CCOO, las tensiones geopolíticas y los conflictos armados están provocando disrupciones duraderas en los mercados energéticos mundiales. El sindicato sostiene que el actual cuello de botella en la capacidad de refino está favoreciendo “beneficios y rentabilidades extraordinarias” para las petroleras, trasladando mayores costes a empresas y consumidores y alimentando la inflación.
Por su parte, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, advirtió de que el conflicto en torno al estrecho de Ormuz “se está dilatando más de lo previsto”, una situación que, a su juicio, puede generar nuevas tensiones en la economía y en los mercados energéticos internacionales.
Álvarez señaló que el repunte del IPC al 4,3% en agosto, la tasa más elevada en más de tres años, está erosionando la capacidad adquisitiva de los salarios, por lo que consideró “urgente impulsar una negociación colectiva fuerte, abriendo de inmediato la del VI Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC)”.
El dirigente de UGT reclamó asimismo una revisión del Salario Mínimo Interprofesional, al entender que el incremento del 3,1% aplicado este año ha quedado superado por la inflación.
También pidió que se “vigilen los beneficios de las compañías del sector”, al señalar que “todo apunta a que el encarecimiento de los carburantes obedece más al margen de refino que a la evolución del crudo”.
En consecuencia, defendió el control de los precios mediante mecanismos regulatorios o fiscales, incluido un gravamen sobre los beneficios extraordinarios de eléctricas y petroleras, y respaldó también la recuperación de la “excepción ibérica”, que, según recordó, permitió contener los precios de la energía durante la crisis derivada de la guerra de Ucrania.
Ambos sindicatos coincidieron en la necesidad de combinar medidas urgentes para proteger a hogares y trabajadores con una estrategia de largo plazo orientada a reducir la dependencia de los combustibles fósiles.
En este sentido, apostaron por impulsar el transporte público, la movilidad eléctrica, el teletrabajo y la eficiencia energética como herramientas para fortalecer la soberanía energética y reducir la exposición de la economía española a futuras crisis internacionales.
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