OpenAI, Apollo y Bolloré, señaladas por la confederación sindical mundial por socavar la democracia

OpenAI, Apollo y Bolloré, señaladas por la confederación sindical mundial por socavar la democracia
El informe de 2026 incorpora a estas tres empresas a una denuncia que conecta poder económico, debilitamiento de los derechos laborales e influencia política

La Confederación Sindical Internacional (CSI) ha publicado una nueva edición de Empresas que socavan la democracia, con tres incorporaciones: OpenAI, Apollo Global Management y el Grupo Bolloré. Amazon, Palantir y Tesla vuelven a figurar en la selección.

El documento da continuidad a una campaña que entiende la democracia como una práctica que debe alcanzar también a los lugares de trabajo. Su metodología combina investigaciones públicas, información periodística, bases de datos sobre infracciones empresariales y consultas con organizaciones sindicales. La selección identifica casos representativos; no constituye una clasificación estadística del conjunto de las empresas.

Las ediciones anteriores ya habían advertido de la relación entre las vulneraciones de derechos laborales, el poder de presión de las grandes corporaciones y su creciente vinculación con la extrema derecha. La nueva entrega amplía esa denuncia y examina cómo la concentración de poder económico condiciona las decisiones políticas y debilita la participación democrática.

Finanzas, medios de comunicación e inteligencia artificial

El caso de Apollo permite observar cómo se cruzan los intereses de las personas trabajadoras con las decisiones de quienes administran sus ahorros. Las organizaciones estadounidenses de docentes y profesorado universitario AFT y AAUP afirman que sus afiliados tienen al menos 29.000 millones de dólares en activos de jubilación invertidos en Apollo mediante sus fondos de pensiones.

Ambas organizaciones han solicitado al consejo de administración que investigue el presunto uso de personal y recursos de la empresa por su director ejecutivo, Marc Rowan, para impulsar una campaña política sobre la educación superior. Según su denuncia, esa actuación podría vulnerar las propias normas de conducta de la gestora.

La federación sindical estadounidense AFL-CIO también ha reclamado a Apollo que revise las prácticas laborales de empresas de su cartera. En una carta de marzo de 2026 recoge denuncias de vigilancia, intimidación y represalias antisindicales. En el caso de Maker’s Pride, señala que una resolución de un juez administrativo ordenó repetir unas elecciones sindicales y readmitir a personas despedidas. Las infracciones precedieron a la adquisición por Apollo, pero la decisión de mantener a la dirección y recurrir se produjo bajo su propiedad, según la federación.

En el Grupo Bolloré, la preocupación se concentra en el pluralismo informativo. El regulador audiovisual francés, Arcom, requirió formalmente a CNews que respetara sus obligaciones tras analizar 168 horas de programación correspondientes a marzo de 2025.

Su examen identificó un desequilibrio manifiesto y persistente: predominaba una interpretación de la actualidad centrada en la supuesta amenaza de la migración y el islam, acompañada de desconfianza hacia la justicia y críticas sistemáticas al partido La Francia Insumisa. Las voces discrepantes disponían de menos tiempo o veían descartados sus argumentos sin un verdadero contraste. El requerimiento oficial documenta así un problema que afecta directamente a la formación de la opinión pública.

Respecto a OpenAI, el sindicalismo internacional cuestiona su influencia regulatoria y cita aportaciones personales de sus dirigentes a organizaciones políticas vinculadas a Trump y a campañas sobre regulación tecnológica. La empresa, por su parte, declara en su programa de participación democrática que estos procesos deben complementar la regulación de los gobiernos.

La disputa sobre quién establece las reglas tiene consecuencias laborales concretas. Una carta sindical conjunta dirigida al Senado estadounidense en junio de 2025 rechazó una propuesta que impediría a los estados aplicar regulaciones sobre inteligencia artificial. Sus firmantes advertían de los riesgos de la vigilancia laboral, los despidos algorítmicos y la discriminación automatizada, además de sus efectos sobre profesionales de la sanidad, la educación y las industrias creativas.

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La voz de las plantillas frente al poder corporativo

La participación de las personas trabajadoras aparece también en las fuentes sobre Amazon. Una carta abierta respaldada por más de un millar de empleados reclama capacidad de intervención en las decisiones sobre implantación de inteligencia artificial, posibles despidos, congelaciones de contratación e impactos ambientales.

Los firmantes cuestionan una transformación tecnológica que aumenta las exigencias de productividad mientras reduce su capacidad de decidir. También piden límites a los usos de estas herramientas para la vigilancia, la violencia y las deportaciones masivas.

En Tesla, IG Metall impugnó las elecciones del comité de empresa de Grünheide, en Alemania, por presuntas amenazas e injerencias de la dirección. Según IndustriALL, los representantes sindicales denunciaron que se había vinculado el apoyo al sindicato con riesgos para el futuro de la fábrica y los empleos.

Jan Otto, responsable regional de IG Metall, afirmó: “Como sindicalista, nunca había vivido un ataque a la codeterminación democrática como el que se produjo en Tesla”. La impugnación solicita que estas denuncias se resuelvan judicialmente.

Palantir introduce otra dimensión: el retorno social de los contratos públicos. Una investigación de CICTAR, elaborada con organizaciones sindicales de servicios públicos, sostiene que la compañía concentra beneficios en Estados Unidos mientras mantiene márgenes tributables reducidos en sus filiales europeas. Según sus cálculos, en 2025 registró un tipo efectivo global del 1,4 %. El estudio propone que las administraciones puedan excluir de la contratación a empresas que trasladan beneficios fuera de las bases fiscales que sostienen los servicios públicos.

Estos conflictos están vinculados al debate sobre la privatización de la soberanía por las élites tecnológicas y con la defensa de la participación democrática en el trabajo.

El secretario general de la CSI, Luc Triangle, reclama una respuesta que acompañe la movilización sindical: “Los gobiernos y las instituciones deben hacer lo mismo, antes de que sea demasiado tarde”.

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