Desarmar las palabras, defender la convivencia
Todavía hay familias esperando respuestas, personas heridas que necesitan recuperarse y una sociedad conmocionada por la tragedia ferroviaria de Toledo. Mientras continúa la investigación de lo ocurrido y se exige conocer la verdad y depurar responsabilidades, la extrema derecha ha encontrado en el dolor una nueva oportunidad para intensificar su confrontación política. Asistimos a un aumento intencionado de discursos que convierten el dolor en odio: insultos, acusaciones de asesinato, descalificaciones personales y llamamientos al alzamiento han irrumpido en las calles y las redes sociales, en plena precampaña de las elecciones generales del 29 de noviembre.
Las declaraciones de dirigentes de Vox, Se Acabó La Fiesta y organizaciones extraparlamentarias como Falange, Democracia Nacional o Núcleo Nacional muestran cómo la tragedia –una vez más– ha sido incorporada a una estrategia de movilización política que presenta al adversario como un enemigo al que combatir. Una dinámica especialmente preocupante cuando el sufrimiento de las víctimas queda desplazado por la competición para imponer el mensaje más agresivo.
La exigencia de responsabilidades políticas es legítima y necesaria. Las víctimas y sus familias tienen derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación. La ciudadanía tiene derecho a conocer las causas del accidente y las posibles deficiencias del sistema ferroviario. Pero ninguna de estas exigencias justifica convertir en culpabilidades demostradas lo que todavía debe esclarecer una investigación judicial, ni alimentar un clima de hostilidad que amenaza la convivencia.
Las palabras también tienen consecuencias. Cuando se presenta sistemáticamente a quienes piensan diferente como criminales, traidores o enemigos de España, se deterioran las condiciones que hacen posible la deliberación democrática. Y cuando a esa descalificación se añaden mensajes xenófobos, expresiones deshumanizadoras o apelaciones a la violencia, la preocupación por parte de todos debe ser mayor.
Durante su visita a España, el pasado junio, León XIV lanzó una advertencia que adquiere especial actualidad. En su encuentro con las autoridades y la sociedad civil, en el Palacio Real, señaló que “la tentación de ganar popularidad avivando el fuego de las polarizaciones parece crecer, en lugar de disminuir”. El pontífice invitó a abandonar las narrativas divisivas y recuperar la cultura del encuentro; y recordó una orientación recogida en su encíclica Magnifica humanitas: “Evitemos las palabras que humillan o enfrentan”.
Dos días después, ante el Congreso de los Diputados, insistió en que la pluralidad política no debería convertirse en una descalificación permanente del adversario. Reclamó una palabra pública respetuosa, incluso en medio de las discrepancias, y recordó la especial responsabilidad de quienes ejercen funciones públicas para “desarmar el lenguaje”.
La convivencia democrática necesita justicia, instituciones responsables y una ciudadanía capaz de denunciar las desigualdades y exigir cambios. Desarmar las palabras significa rechazar la mentira, la humillación y la deshumanización como instrumentos de acción política. Significa discutir con firmeza sin negar la dignidad de quien piensa de manera diferente.
Francisco había advertido de esta deriva en Fratelli tutti, al denunciar una política que recurre a la polarización y encuentra “en la destrucción del otro el recurso más eficaz” (FT 15). También alertó de cómo el miedo y la desesperanza pueden utilizarse para enfrentar a la sociedad y debilitar sus vínculos comunitarios.
Estas advertencias interpelan particularmente a quienes, desde el compromiso cristiano, defendemos una sociedad fundada en la justicia, la fraternidad y la dignidad humana. Sabemos que existe un malestar social profundo, alimentado por la precariedad laboral, las dificultades para acceder a una vivienda, las desigualdades y la desconfianza hacia las instituciones. Son problemas reales que necesitan respuestas políticas y sociales. Convertir esa indignación en hostilidad contra otros colectivos o en rechazo indiscriminado de las instituciones no resuelve ninguna de esas injusticias.
También los medios de comunicación tenemos una responsabilidad ineludible. Informar con rigor, verificar las acusaciones, contextualizar las declaraciones y evitar la amplificación acrítica de mensajes violentos constituye una contribución indispensable a la convivencia. La libertad de expresión no nos exime de examinar las consecuencias sociales de nuestras palabras.
En esta campaña electoral, todas las fuerzas políticas están llamadas a explicar qué país quieren construir y qué respuestas ofrecen a las necesidades de la ciudadanía. Lo que está en juego es también la calidad de nuestra democracia y nuestra capacidad colectiva para afrontar los conflictos sin renunciar al reconocimiento mutuo.
Las víctimas de Urda merecen verdad, justicia, reparación y respeto. Merecen que su sufrimiento no sea utilizado para sembrar más odio. La democracia se fortalece cuando las palabras sirven a la verdad, la justicia y la dignidad humana, y se debilita cuando se convierten en armas para destruir al otro.
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Director de Noticias Obreras.
Autor del libro No os dejéis robar la dignidad. El papa Francisco y el trabajo. (Ediciones HOAC, 2019). Coeditor del libro Ahora más que nunca. El compromiso cristiano en el mundo del trabajo. Prólogo del papa Francisco (Ediciones HOAC, 2022)
