La HOAC se suma a las organizaciones sindicales que reclaman medidas políticas contra la crisis de la vivienda
La Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) se ha sumado a las voces que reclaman una respuesta pública más decidida ante la crisis de la vivienda. Desde los sindicatos CCOO y UGT reclaman medias destinadas a frenar la especulación, ampliar la protección frente a los desahucios y garantizar alternativas habitacionales para las personas y familias en situación de vulnerabilidad.
La indignación de una gran parte de la sociedad ante la reciente oleada de desahucios, en su mayoría de personas y familias que no pueden afrontar las subidas de alquiler, como ocurrió con la vecina de 87 años expulsada de su hogar en Madrid, ha hecho aumentar la presión para que los responsables políticos y autoridades públicas pongan en marcha políticas que garanticen el cumplimiento efectivo del derecho fundamental a la vivienda.
La presidenta de la HOAC ha recordado que “las autoridades públicas tienen el deber de garantizar el derecho a la vivienda con medidas efectivas”.
“Pedimos que dejen de cruzar reproches mientras hay personas que pierden su hogar. Es urgente impedir que las familias vulnerables sean desahuciadas sin una alternativa digna, ampliar la vivienda pública y afrontar las prácticas especulativas”, ha añadido.
La coordinadora del movimiento de trabajadores y trabajadoras cristianos reconoce que “el desahucio de Maricarmen, a sus 87 años, nos duele profundamente, al igual que otras situaciones como las de Silvia, de David y de tantas personas cuyos nombres no llegan a los titulares”.
“Detrás de cada desalojo hay una vida, vínculos con una familia y un barrio, y un futuro que se vuelve incierto. No podemos acostumbrarnos a ese sufrimiento”, ha insistido Becerra.
“Desde la HOAC venimos advirtiendo de que, para muchas familias trabajadoras, el derecho a una vivienda digna se niega en la práctica. La dificultad para pagar un alquiler, el miedo a perder la casa o la imposibilidad de comenzar un proyecto de vida no son problemas que cada persona deba resolver sola”.
En este sentido, la presidente de este movimiento de trabajadoras y trabajadores cristianos ha señalado el origen de las expulsiones de personas y familias trabajadoras de sus residencias y sus barrios. “Son consecuencias de haber convertido una necesidad básica en una mercancía con la que hacer negocio”.
“Cuando la rentabilidad prevalece sobre las personas, crecen el empobrecimiento y la exclusión y, con ello, la injusticia”, completó.
Responsabilidad de las fuerzas políticas
Por ello, entiende que “las fuerzas políticas deben asumir su responsabilidad al debatir y votar las medidas de protección”.
Desde la visión cristiana, apunta Becerra, la Doctrina Social de la Iglesia nos recuerda que los bienes de la tierra están destinados a todas las personas y que la propiedad tiene una función social. “Tierra, techo y trabajo son derechos sagrados”.
De ahí que haga un llamamiento a todo el Pueblo de dios a involucrarse en la búsqueda de respuestas a la altura de la dignidad humana. “Las palabras del papa Francisco, asumidas por León XIV nos comprometen. Como Iglesia, estamos llamados a escuchar y acompañar a quienes sufren, a denunciar las situaciones que vulneran su derecho a la vivienda y a apoyar a las organizaciones vecinales, sociales y sindicales que lo defienden”.
“Una casa es el lugar desde el que se cuida, se trabaja, se envejece y se construye una vida en común. Defender el derecho a la vivienda es defender todo eso. Y hacerlo junto a quienes hoy pueden perder su hogar forma parte de nuestra misión”, concluye.
Sacar a “gorrazos” a los fondos buitres
El secretario general de CCOO, Unai Sordo, reclamó al Consejo de Ministros que vuelva a remitir al Congreso de los Diputados el denominado decreto antidesahucios para garantizar que ninguna persona sea expulsada de su vivienda sin una alternativa habitacional.
“Hay que sacar a gorrazos a los fondos buitre y a los fondos de inversión del mercado de la vivienda”, manifestó el secretario general de CCOO, Unai Sordo, mientras que desde UGT urgen a las administraciones a adoptar “medidas valientes” para hacer frente a la emergencia habitacional.
“Esta actividad tiene que sacarse de las actividades económicas de nuestro país. No se puede permitir con la ley y con la fiscalidad”, subrayó.
Al tiempo, instó a la sociedad a movilizarse para exigir el respaldo a una medida que ha calificado de “sentido común”.
Durante su comparecencia ante los medios previa al Comité Regional de CCOO de Castilla-La Mancha, celebrado en Villarrobledo (Albacete), Sordo insistió en que “las viviendas están para vivir, no para que grandes empresas hagan negocios”, ha señalado.
En este sentido, defendió la limitación de los usos turísticos de inmuebles destinados a residencia habitual y aseguró que “igual que en un hotel no se pueden meter ovejas, en viviendas que están para vivir no se pueden meter turistas”.
Sordo sostuvo que la solución al problema de la vivienda requiere de una acción amplia que pasa por aumentar la construcción de vivienda asequible, limitar los precios del alquiler y restringir los usos no residenciales.
Además, exigió a las administraciones públicas mayor firmeza frente a los fondos de inversión que adquieren viviendas de forma masiva, incluso con inquilinos en su interior. “Es un negocio que no se puede permitir, así de claro”, destacó.
Medidas valientes
Por su parte, UGT ha urgido a las administraciones a adoptar “medidas valientes” para hacer frente a la emergencia habitacional y ha advertido de que, desde la caída de la moratoria antidesahucios el pasado mes de enero, no existe ninguna medida estatal que proteja a las familias vulnerables frente a los desalojos.
El sindicato ha recordado que entre este año y el próximo está previsto el vencimiento de más de un millón y medio de contratos de alquiler y ha criticado que permanezca sin aprobar un nuevo decreto que permita recuperar el denominado escudo social mediante nuevas moratorias de desahucios y prórrogas obligatorias de los contratos de arrendamiento.
Así las cosas, UGT ha señalado que el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años y con movilidad reducida, no constituye un caso aislado, sino “un retrato más del sufrimiento que viven miles de hogares en España” como consecuencia de la crisis de acceso a la vivienda.
Asimismo, el sindicato ha respaldado las movilizaciones convocadas por organizaciones sociales y por la plataforma #NiUnDesahucioMás, que ha llamado a mantener la presión en las calles para exigir la garantía efectiva del derecho a una vivienda digna y la protección de las personas inquilinas en situación de vulnerabilidad.
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