El desahucio de Maricarmen no es el único
El desahucio de Maricarmen, de 87 años ha desencadenado una oleada de protestas y reacciones políticas, pero no es un caso aislado. Los desalojos de Silvia en Barcelona y de David en Vallecas, junto al caso de Olga en L’Hospitalet, reflejan una crisis de la vivienda que no hace más que agravarse, mientras ganan peso en el mercado los llamados fondos de inversión y las grandes inmobiliarias.
María del Carmen Abascal, Maricarmen, de 87 años y con una discapacidad reconocida del 50%, fue desahuciada este martes de la vivienda del distrito de Retiro en la que residía desde 1956 con un contrato de renta antigua, tras culminar el cuarto y definitivo intento de desalojo interpuesto por Urbagestión Desarrollo e Inversión.
La empresa de inversiones había conseguido anular, con el aval del Tribunal Supremo, el contrato de renta antigua para imponer un alquiler de 2.600 euros mensuales, cantidad inasumible para la anciana que cobra una pensión de unos 1.350 euros al mes.
Según las informaciones publicadas, el Ministerio de Vivienda trató de explorar la posibilidad de adquirir el inmueble o hacerse cargo de una parte del alquiler. El sindicato de inquilinos afirmó que ni la administración local ni regional mostró intención alguna en ofrecer una alternativa habitacional estable. El Ayuntamiento de Madrid ofrecer una plaza residencial de emergencia.
Desde el Sindicato de Inquilinas interpretan este desalojo, ampliamente seguido en los medios de comunicación, como ejemplo de “violencia rentista” y han criticado tanto la actuación del Gobierno central y de la Comunidad de Madrid.
“El Gobierno podría haber parado este desahucio, pregunten a Pedro Sánchez y a Isabel Rodríguez, ¿por qué no llevan el decreto de vivienda que tienen sobre la mesa al Consejo de Ministros? Usan a Maricarmen como arma arrojadiza”, afirmó la una de las portavoces del movimiento inquilino, Alicia del Río..
Los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se ejecutan de media alrededor de seis desahucios al día en las partidas judiciales de la ciudad de Madrid, mientras que en el conjunto de España la cifra ronda los 60 diarios, la mayoría sin apenas repercusión pública.
L’Hospitalet de Llobregat
No fue lo que ocurrió con el desalojo de Olga Matute, una vecina de Santa Eulàlia en L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), de 54 años, quien fue expulsada de la que había sido su vivienda durante 20 años.
Tras acordar una dación en pago con Banco Sabadell, permaneció en ella mediante un contrato de alquiler social. Años después, la vivienda pasó a manos de Promontoria Coliseum Real Estate, sociedad vinculada al fondo Cerberus, que no renovó el contrato.
El desahucio se produjo el 15 de abril de 2026. Casi cinco meses después se quitó la vida, una tragedia que la asociación vecinal Som Santa Eulàlia y el sindicato de Inquilinos relacionan con “un proceso de desposesión y maltrato” prolongado durante más de una década y califican de “asesinato indirecto”.
Barrio de Gràcia
Silvia fue expulsada de la vivienda que habitaba en calle Sardenya, en el barrio de Gràcia, donde residía desde 2013. Entró a vivir en el piso junto a su entonces pareja, titular del contrato de alquiler, pero tras la ruptura continuó viviendo sola en el inmueble.
Según el Sindicat de Llogateres, Silvia solicitó en varias ocasiones a la propiedad, Bossant 2001, que la incorporara al contrato de alquiler para regularizar su situación. Sin embargo, la empresa se negó a hacerlo, siempre según esta organización, y emprendió la vía judicial para proceder al desahucio-.
Aunque los juzgados suspendieron el lanzamiento en dos ocasiones por su situación de vulnerabilidad, finalmente rechazaron una nueva prórroga el pasado septiembre. Con una discapacidad reconocida del 36% por motivos de salud mental, Silvia fue desalojada en un operativo en el que participaron los Mossos d’Esquadra y personal especializado del SIPHO, después de que se activara el protocolo de prevención del suicidio.
Ensanche de Vallecas
David y su hijo de 21 años fueron expulsados de la vivienda del Ensanche de Vallecas en la que residian desde 2017, una de las promociones de alquiler social vinculadas a la antigua Obra Social de La Caixa. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Vallecas ha responsabilizado a La Caixa, a varios fondos inmobiliarios y a las administraciones públicas.
“Lo que queremos transmitir desde la PAH Vallekas es que hay responsables y hay que señalarlos: en primer lugar La Caixa por especular con vivienda social; en segundo lugar los fondos Mosaic Propco SL, Farley ITG y Básico, que tenían hoy presencia en la feria inmobiliaria The District, y exigimos que se sienten a negociar con la PAH Vallekas y las vecinas; y por último el Estado, que tiene el 18% de las acciones de Caixabank, y el Ayuntamiento, que cedió suelo público para edificar algunas de estas promociones”, señalaron portavoces de la organización.
El bloque donde residía David fue adquirido por Mosaic Propco S.L., sociedad que también ha comprado promociones procedentes de InmoCaixa en otras ciudades. Según denuncian los vecinos, la estrategia de estas empresas pasa por recuperar las viviendas al vencimiento de los contratos para reincorporarlas al mercado inmobiliario.
La situación afecta a cerca de 500 familias repartidas entre tres promociones ubicadas en Vallecas, Vicálvaro y Pinto. Los residentes sostienen que accedieron inicialmente a estas viviendas cumpliendo los requisitos establecidos para el alquiler social, pero denuncian que desde 2019 han sufrido incrementos progresivos de las rentas y dificultades para renovar los contratos.
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