La vivienda: un “derecho sagrado” convertido en mercancía
Mientras las leyes protegen las inversiones especulativas, las personas son expulsadas de sus casas. Esto es lo que está pasando, más allá de los discursos, incluso bien intencionados, que sirven para encubrir la desigualdad lacerante que corroe la sociedad.
Una anciana en sus últimos años de vida ha sido arrojada fuera de su hogar, a manos de la nueva propiedad que se hizo con lo que considera un mero “activo”, con con arreglo a la legislación vigente y ante la inacción de los poderes públicos.
No es la primera vez, ni lamentablemente será la última, aunque las circunstancias particulares de este desalojo han puesto de manifiesto con toda claridad la crueldad del mercado y la atrofia moral de gran parte de la sociedad.
La rentabilidad económica ha secuestrado un bien básico mientras los representantes políticos, como si fueran agentes comerciales al servicio del mejor pagador, espolean las operaciones inmobiliarias y ceden gustosamente la ciudad al negocio que hay quien lo llamado simplemente “rentismo”.
El único derecho protegido parece ser el de ganar cada vez más dinero, incluso a costa de dejar en la mismísima calle a la gente. Poner límites, regular el mercado, apelar a la función social de la propiedad privada e invocar derechos suena extremista para el actual “sentido común”, nada humano.
Derecho sagrado
Sin embargo, la doctrina social de la Iglesia en plena coherencia con su magisterio tradicional considera que la vivienda no puede ser una mercancía más sometida a las reglas del mercado, al conbirla como un bien básico y un derecho humano fundamental, condición necesaria para el desarrollo integral de la persona, de la familia y de la vida comunitaria.
“Existen numerosas necesidades humanas que no tienen salida en el mercado”, proclamaba la encíclica Centesimus annus, de Juan Pablo II, en el ya lejano año de 1991.
“Es un estricto deber de justicia y de verdad impedir que queden sin satisfacer las necesidades humanas fundamentales y que perezcan los hombres oprimidos por ellas (…). Por encima de la lógica de los intercambios a base de los parámetros y de sus formas justas, existe algo que es debido al hombre porque es hombre, en virtud de su eminente dignidad”.
Desde Pacem in terris, de Juan XXIII, la Iglesia incluye la vivienda entre los derechos humanos.
Es más, en la exhortación apostólica Familiaris consortio de Juan Pablo II considera como uno de los derechos de las familias “el derecho a una vivienda adecuada, para una vida familiar digna”.
La autoridad política, los representantes públicos, no pueden limitarse a observar los movimientos de las fuerzas del mercado, sino que deben velar por asegurar su cumplimento, incluso imponiendo, si se da el caso, límites a los agentes y sus intereses.
La propiedad subordinada al destino universal de los bienes
León XIV, en Magnifica humanitas no puede ser más transparente: “la tradición cristiana nunca reconoció como absoluto e intocable el derecho a la propiedad privada”, sino que debe relacionarse con el destino universal de los bienes, al derecho de toda persona, por el solo hecho de ser persona, a disponer de los bienes necesarios para una vida en condiciones dignas.
“Los bienes de este mundo están originariamente destinados a todos”, recordaba Juan Pablo II, en Sollicitudo rei socialis, de modo que, , “el derecho a la propiedad privada es válido y necesario, pero no anula el valor de tal principio. En efecto, sobre ella grava una hipoteca social”.
Es deber de gobernantes y administraciones promover políticas públicas activas que permitan su acceso efectivo, especialmente a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad, pero también regular los mercados cuando el interés general y los derechos fundamentales resulten amenazados.
La actividad económica deber ser compatible con el respeto a los derechos humanos y orientarse al bien común, enseña la Iglesia, que no propone fórmulas técnicas concretas, pero marca con suficiente claridad los principios que deben inspirar la acción pública, al menos para quien lo quiera entender y esté dispuesta a prestar oído.
Bien es cierto que cuidando también de respetar la iniciativa particular, para no ahogar la creatividad humana, ni favorecer las desigualdades, siempre que contribuyan al avance social y a la promoción integral de las personas desfavorecidas.
Así, León XIV, en su encíclica, plantea que “la libertad económica no es absoluta y debe medirse siempre en función del bien común y de la dignidad de cada persona”.
Va a hacer un año que el Papa, en su discurso a los participantes en el Encuentro Mundial de los Movimientos Populares, en el centro social Spin Time, les dijo: “La Iglesia apoya sus luchas justas por la tierra, la vivienda y el trabajo”, para luego exclamar”: “La tierra, la casa y el trabajo son derechos sagrados; vale la pena luchar por ellos”.
Como fenómenos complejo que es, no hay soluciones ni fáciles ni instantáneas, desde luego, a la crisis de la vivienda. Por eso, el magisterio social cristiano anima a analizar la realidad con rigor desde la mirada de las personas descartadas y empobrecidas, promover espacios de diálogo y encuentro para aunar esfuerzos orientados a promover el bien común y extraer las conclusiones políticas, sociales y económicas oportunas.
Asistir impasible ante el drama social no es una opción.
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