El desafío del derecho a la vivienda
Es evidente que, en nuestra sociedad, el derecho a la vivienda se niega en la práctica. Para muchas familias trabajadoras el acceso a una vivienda digna es un problema cada vez mayor.
Las crecientes dificultades para acceder a una vivienda son un poderoso mecanismo de empobrecimiento e, incluso, de exclusión. Constituyen un gran problema para una vida familiar en condiciones dignas y, para muchos jóvenes, un obstáculo insalvable para desarrollar un proyecto de vida. Es una injusticia radical que priva de un derecho fundamental.
La causa más importante de esta situación radica en haber convertido la vivienda en un negocio, sobre todo, para especuladores. En nuestra sociedad, la vivienda es, de hecho, una mercancía con la que hacer negocio y eso es incompatible con el derecho a la vivienda. Ese es el desafío: hacer que deje de ser una mercancía para que pueda ser un derecho real y efectivo. La idolatría del mercado representa el verdadero problema.
En ese desafío social, la Iglesia tiene una aportación que hacer. La Doctrina Social de la Iglesia (DSI) es muy clara: el derecho a la vivienda está entre los derechos sociales humanos fundamentales, cuyo ejercicio efectivo es un estricto deber de justicia. Es un derecho de las familias (cf. Familiaris consortio, 46), está vinculado a la dignidad de las personas y el desarrollo de la vida familiar, y constituye un elemento esencial de la ecología humana (cf. Laudato si’, 152). Tierra, techo y trabajo son derechos sagrados y necesitamos situarnos en la lógica que ello supone (cf. Fratelli tutti, FT, 127).
Sin embargo, la DSI plantea dos cuestiones fundamentales relacionadas con el derecho a la vivienda. Por una parte, que hay bienes que nunca deberían ser mercancías sometidas a los dictados del mercado, porque son necesidades básicas de las personas, y que, por ello, corresponde a las autoridades públicas protegerlos y garantizar su acceso universal (cf. Centesimus annus, 34-35).
Por otra parte, se destaca el destino universal de los bienes –el derecho de toda persona a disponer de los recursos necesarios para una vida digna– como criterio fundamental de la organización de la vida social. Esto implica hacerlo efectivo y determina la función social de la propiedad y una manera de entenderla: esta nunca debe entorpecer el destino universal de los bienes (cf. Gaudium et spes, 69; FT 118-120).
Como Iglesia, necesitamos avanzar en incorporar la defensa de los derechos sociales, entre ellos el derecho a la vivienda, en nuestra tarea pastoral concreta. El compromiso con la transformación de la realidad en favor de una vida digna para todas las personas es un componente esencial de la misión evangelizadora de la Iglesia. Esa defensa del derecho a la vivienda debería tener especial relevancia en la pastoral con el mundo del trabajo, con migrantes, con las familias… Pero, para lograrlo, debemos concretar en nuestras prácticas pastorales los principios de la DSI, para que no se queden en enunciados generales sin impacto que no interpelan a nadie (cf. Evangelii gaudium, 182).
Por tanto, es imprescindible incorporar decididamente en nuestras prácticas pastorales aspectos como: la denuncia clara y concreta de la violación del derecho a la vivienda y de quienes lo violan; la exigencia a las autoridades públicas de medidas mucho más efectivas para garantizar el derecho a la vivienda; el apoyo a las medidas y organizaciones sociales y sindicales que luchan por este derecho; la promoción de un profundo cambio de mentalidad social, comenzando por las propias comunidades cristianas, sobre lo que implica no mercantilizar los bienes básicos, respetar el destino universal de los bienes y la manera de entender la propiedad; y el acompañamiento a las personas y familias que más sufren las consecuencias de la negación de este derecho. •
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Comisión Permanente de la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC).
