La CEOE suspende sus contactos con el Gobierno hasta la votación del registro de grupos de interés
El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha anunciado que la patronal suspende toda relación con el Gobierno en protesta por el real decreto ley que regula el registro público de grupos de interés, cuya convalidación está prevista para el 16 de septiembre, y que según la interpretación del empresariado obliga a los agentes sociales a inscribirse en el futuro registro de “lobbies”.
Aunque Antonio Garamendi, desde Ceuta, ha confirmado la información del diaro ABC sobre el malestar por la supuesta obligación de la organizaciones sindicales y empresariales de inscribirse en el listado. No vamos a hablar con el Gobierno porque acaban de sacar la ley de “lobbies” y nos han incluido en la ley”, afirmó el dirigente empresarial en nombre de las 4.500 organizaciones integradas en la CEOE.
“Ni nos pondremos al teléfono”, advirtió al referirse a la interrupción de los contactos con el Ejecutivo.
El presidente de la patronal defendió que la CEOE tiene un reconocimiento institucional como agente social en la Constitución y subrayó que la organización representa los intereses de las empresas “con sentido de Estado”.
En los mismos términos, se había manifestado también el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, que ha confesado en rueda de prensa no sentirse concernido por la normativa. “No conozco ningún país del mundo que sitúe a las organizaciones sindicales como grupos de interés, porque los intereses generales no son un lobby”, ha remarcado, recordando que la Constitución encomienda expresamente a los sindicatos la defensa del interés general, frente a los “lobbies” que defienden “intereses particulares”.
A la espera de un análisis jurídico definitivo, el secretario general de UGT no ha descartado desobedecer la norma si concluyen que vulnera su papel constitucional: “En nuestro caso lo vamos a estudiar y en función de las conclusiones veremos si aceptamos o no aceptamos, si nos declaramos o no nos declaramos en rebeldía”, ha sentenciado.
La polémica, no obstante, parece artificial a primera vista, dado que en la propia información difundida se explica que la norma no considera lobista a las entidades que cumplen funciones constitucionales así expresamente reconocida, como sería el caso de los agentes sociales.
En realidad, la patronal lleva ya un tiempo negándose a pactar ningún proyecto impulsado por el Gobierno, como la reducción de la jornada laboral, el registro horario o la subida del salario mínimo, alineándose así con los partidos políticos de la oposición, así como sin mostrar ningún interés en pactar con los sindicatos un nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC).
Lo cierto es que la de la CEOE se inclina, de momento, por abrir un nuevo frente en las relaciones con el Ejecutivo en vísperas del debate parlamentario sobre una norma que pretende reforzar la transparencia en las actividades de influencia sobre la elaboración de políticas públicas.
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