UGT critica la escasa ambición de la ley europea de vivienda y reclama combatir la especulación
La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT) considera positiva la propuesta de Ley Europea de Vivienda Asequible presentada por la Comisión Europea, al considerar que ofrece un marco para que las administraciones públicas puedan actuar en las zonas con mayores problemas de acceso a la vivienda, aunque subraya el alcance muy limitado de las propuestas planteadas.
La organización de trabajadores y trabajadoras celebra que la Comisión ofrezca un marco para que las administraciones públicas puedan actuar en las zonas con mayores problemas de acceso a la vivienda y respaldad, en particular, las propuestas sobre los alquileres turísticos y de corta duración cuando exista evidencia de que están reduciendo la oferta residencial.
La Comisión Europea defiende gravar los inmuebles vacíos y limitar los alquileres turísticos temporales y las segundas residencias en zonas tensionadas dentro de su propuesta de Ley de Vivienda Asequible, presentada por la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión, Teresa Ribera, y el comisario de Energía y Vivienda, Dan Jorgensen.
Además de impulsar un marco jurídico que facilite a las administraciones regular los alquileres en aquellos lugares con precios desorbitados, Bruselas plantea medidas para incrementar la oferta de vivienda residencial de larga duración.
Entre las iniciativas sugeridas figuran incentivos fiscales para promover el uso residencial de los pisos vacíos, la transformación de oficinas en viviendas y el fomento del alquiler de habitaciones para jóvenes y estudiantes y facilidades para la concesión de permisos de construcción.
El sindicato recuerda que lleva años reclamando una regulación efectiva de los pisos turísticos y de los alquileres de temporada allí donde contribuyen al encarecimiento de la vivienda y a la expulsión de población residente.
Según una encuesta elaborada por UGT, el 42% de las personas afiliadas consultadas, señala la presencia de viviendas turísticas o de temporada en su entorno como un factor que encarece el acceso a la vivienda.
No obstante, echa en falta políticas de mayor alcance y reclama más inversión pública en vivienda social y asequible, medidas contra la especulación inmobiliaria, actuaciones que rebajen el coste de los alquileres y políticas salariales que permitan a los trabajadores afrontar el aumento del coste de la vida.
Por ello, reclama que estos objetivos se reflejen en el próximo marco financiero plurianual de la Unión Europea mediante una mayor dotación de recursos para vivienda.
La organización sindical también subraya la dimensión laboral del problema habitacional y advierte de que garantizar una vivienda asequible es una condición necesaria para que las personas trabajadoras puedan residir cerca de sus empleos.
En este sentido, defiende que la movilidad laboral no debe convertirse en una obligación derivada de los elevados precios de la vivienda. Además, recuerda que ha denunciado situaciones de precariedad laboral en el sector de las viviendas de uso turístico y reclama condiciones de trabajo dignas y sin competencia desleal respecto a actividades como la hotelera.
La propuesta legislativa presentada por la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión, Teresa Ribera, y el comisario de Energía y Vivienda, Dan Jorgensen, establece un marco europeo para que los Estados miembros puedan restringir los alquileres turísticos temporales y la compra o utilización de viviendas que no se destinen a residencia habitual cuando exista una presión acreditada sobre el mercado residencial.
La norma se limita a esos dos ámbitos de actuación y deja fuera cuestiones como la fiscalidad de la vivienda, los alquileres de larga duración, la construcción, la planificación urbanística o los registros de plataformas digitales.
Las restricciones solo podrán aplicarse en las denominadas zonas bajo tensión de vivienda. Para ello, las autoridades deberán demostrar que el precio medio de una vivienda equivale al menos a ocho años de renta disponible per cápita, que la situación se ha deteriorado durante la última década y que no se prevé una mejora en los tres años siguientes.
Además, deberán acreditar que la actividad regulada ha perjudicado el acceso a la vivienda durante un mínimo de tres años, justificar que no existen medidas menos restrictivas y diferenciar entre el alquiler ocasional y la actividad profesionalizada.
Las medidas tendrán una duración máxima de cinco años y estarán sometidas a revisiones periódicas. Junto a la propuesta legislativa, Bruselas ha presentado una recomendación no vinculante para impulsar planes de aceleración de la vivienda, con iniciativas destinadas a agilizar licencias, mejorar el uso del suelo y fomentar la rehabilitación de edificios.
La ley forma parte del Plan Europeo de Vivienda Asequible, presentado en diciembre de 2025, y complementa el Reglamento de Alquileres de Corta Duración, en vigor desde mayo. El texto deberá ser ahora negociado por el Parlamento Europeo y los Estados miembros, un trámite que se prevé complejo debido a las diferencias existentes entre los grupos políticos.
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