Rechazado el decreto para regular los “lobbies”
El Congreso de los Diputados derogó este miércoles el decreto ley con el que el Gobierno pretendía regular por primera vez la actividad de los grupos de interés o “lobbies” mediante la creación de un registro estatal obligatorio y mecanismos de transparencia sobre su influencia en la elaboración de normas.
La iniciativa fue rechazada por 179 votos en contra frente a 155 a favor, con 12 abstenciones. PP, Vox, Junts y UPN votaron contra la convalidación del decreto, mientras que PSOE, Sumar, ERC y EH Bildu apoyaron la norma. PNV y Podemos optaron por la abstención.
El resultado supone la caída de una medida que el Ejecutivo consideraba clave para reforzar la transparencia institucional y para cumplir uno de los compromisos adquiridos ante la Unión Europea en el marco del Plan de Recuperación.
Durante el debate, varios grupos parlamentarios criticaron que el Gobierno recurriera a la figura del decreto ley para sacar adelante una regulación que llevaba cerca de un año bloqueada en el Congreso como proyecto legislativo ordinario.
Además, distintos partidos cuestionaron que el texto incluyera a sindicatos y organizaciones empresariales dentro de la categoría de grupos de interés, una previsión que también había generado rechazo entre las principales centrales sindicales y la patronal.
Preocupación en las organizaciones de transparencia
A pesar de las carencias del texto, la derogación del decreto fue recibida con preocupación por organizaciones dedicadas a la transparencia y la rendición de cuentas.
La Fundación Civio lamentó la caída de una regulación que considera necesaria para mejorar la calidad democrática y recordó que la regulación de los grupos de interés constituye una recomendación reiterada de organismos internacionales como el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), la OCDE y la Comisión Europea.
La organización reconoció que el decreto presentaba carencias y que la utilización del decreto ley había suscitado críticas, pero defendió que existe una alternativa para evitar nuevos retrasos: desbloquear la tramitación del proyecto de ley de transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés, paralizado en el Congreso desde hace aproximadamente un año.
Este procedimiento podría subsanar las carencias del real decreto e incorporar las propuestas de los agentes sociales. Desde Civio insisten en que el futuro registro de grupos de interés debe incluir a todos los actores que desarrollan actividades de influencia ante las administraciones públicas, incluidas empresas, patronales, sindicatos, organizaciones sociales y asociaciones ciudadanas, aunque distinguiendo el papel constitucional que desempeñan algunas de estas entidades.
Entre las medidas que considera esenciales para una futura ley figuran la creación de un órgano de supervisión independiente, un régimen sancionador efectivo y la implantación de una huella legislativa que permita conocer el impacto real de las reuniones y contactos mantenidos por los grupos de interés sobre las normas finalmente aprobadas.
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