El Gobierno aprueba la primera regulación estatal de los grupos de interés y refuerza las obligaciones de transparencia
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó este jueves el real decreto que establece por primera vez una regulación estatal de los grupos de interés o lobbies, con nuevas obligaciones de registro, transparencia y rendición de cuentas para las organizaciones que buscan influir en la elaboración de políticas públicas.
La norma, que entra en vigor de forma inmediata y deberá ser convalidada por el Congreso de los Diputados, amplía el número de entidades obligadas a inscribirse en el registro de grupos de interés y refuerza los mecanismos de supervisión y control sobre su actividad.
Entre las principales novedades figura la inclusión de organizaciones empresariales y sindicatos cuando ejerzan labores de influencia directa ante las administraciones públicas. También deberán aportar más información sobre sus fuentes de financiación, los recursos destinados a actividades de lobby y la presencia de antiguos cargos públicos en sus estructuras.
Del mismo modo, el registro deberá actualizarse cada quince días y en formatos abiertos, mientras que la denominada huella normativa incorporará información más detallada sobre las aportaciones realizadas durante la elaboración de leyes y reglamentos, especificando qué propuestas han sido incorporadas y cuáles descartadas.
El texto atribuye además al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) la gestión y supervisión del registro, así como la potestad sancionadora, con multas que podrán alcanzar los 40.000 euros en los supuestos más graves.
Civio celebra avances pero reclama una regulación más sólida
La fundación dedicada al periodismo de vigilancia Civio, especializada en transparencia y rendición de cuentas celebra la aprobación de la norma al considerar que incorpora parte de las propuestas que había trasladado al Gobierno y a los grupos parlamentarios durante la tramitación de la regulación.
Según la organización, el decreto mejora de forma significativa el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo en enero de 2025 y permite desbloquear una reforma que permanecía prácticamente paralizada en el Congreso desde hacía meses.
En un comunicado difundido tras la publicación de la norma, Civio destacó la ampliación de los colectivos obligados a registrarse, la actualización quincenal de la información, el aumento de los datos accesibles al público, el refuerzo de la huella legislativa y la atribución de las funciones de supervisión al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en lugar de a la Oficina de Conflictos de Intereses.
No obstante, la entidad señaló que la regulación no es definitiva y defendió que una futura ley aprobada por el Parlamento ofrecería un marco más estable y completo para garantizar la transparencia de la actividad de influencia sobre las decisiones públicas.
Además, echa en falta la posibilidad de sancionar al personal público, la información permanente, no solo temporal, de la información relevante y la discrecionalidad con que la Administración debe responder.
Técnicos de Hacienda ven un avance contra las puertas giratorias
El sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) valora el real decreto ley por considerar que supone un avance en materia de independencia institucional, transparencia y capacidad sancionadora.
La organización destaca especialmente el traslado de la supervisión del Registro Estatal de Grupos de Interés al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), una medida que, a su juicio, refuerza la imparcialidad del sistema de control al situarlo fuera de la estructura directa del Ejecutivo.
Gestha también considera una mejora relevante el endurecimiento del régimen sancionador. Los Técnicos de Hacienda subrayan que la nueva regulación incorpora multas económicas de hasta 40.000 euros para las infracciones más graves, una posibilidad que no figuraba con el mismo alcance en anteriores propuestas normativas.
Entre los aspectos más valorados por la organización figura asimismo el refuerzo de los controles sobre las denominadas “puertas giratorias”. La norma obliga a identificar públicamente a quienes hayan desempeñado responsabilidades como altos cargos, directivos o empleados públicos y posteriormente desarrollen actividades de representación de intereses o influencia ante las administraciones.
La asociación destaca además el endurecimiento del régimen disciplinario aplicable tanto a altos cargos como a personal funcionario. En ese sentido, considera relevante que se tipifiquen como infracciones las reuniones con grupos de interés no inscritos en el registro oficial, así como el incumplimiento de las obligaciones de publicidad de las agendas institucionales.
Por otro lado, Gestha celebra la incorporación del principio de “publicidad por defecto” para la información aportada por los grupos de interés y la ampliación de la denominada huella legislativa, que permitirá conocer con mayor detalle qué propuestas realizan los lobbies durante la elaboración de las normas y cuál ha sido su influencia en los textos finales.
Según la organización, la posibilidad de identificar las aportaciones aceptadas y rechazadas durante la tramitación normativa constituye un avance significativo para mejorar la trazabilidad de la toma de decisiones públicas y reforzar la rendición de cuentas de las administraciones.
Años de debate
La aprobación del decreto pone fin a años de intentos fallidos para dotar a España de una normativa estatal específica sobre los grupos de interés, una demanda recurrente de organizaciones especializadas en transparencia institucional y buen gobierno.
La norma sitúa por primera vez bajo un mismo marco regulatorio las relaciones entre representantes de intereses privados y responsables públicos de la Administración General del Estado, en un contexto de creciente exigencia de transparencia sobre la elaboración de las políticas públicas.
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