CCOO cuestiona la frontera entre diálogo social y actividad de influencia en la ley de “lobbies”
Unai Sordo reclama al Gobierno que rectifique el tratamiento dado a las organizaciones sindicales en el registro de grupos de interés y anuncia que CCOO estudia posibles medidas legales junto con UGT. La norma excluye las actuaciones propias de sus funciones constitucionales, pero el sindicato considera que su redacción genera una equiparación inadmisible
El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha pedido al Gobierno que rectifique el tratamiento dado a las organizaciones sindicales en el real decreto ley que regula el registro público de grupos de interés. El dirigente sindical considera un “absoluto despropósito” que determinadas actuaciones de los sindicatos puedan quedar incluidas en una normativa destinada a ordenar la actividad de los denominados lobbies.
“Nosotros no somos un lobby, somos un sujeto constitucional, y terminológicamente confundir esas cosas me parece un despropósito”, ha afirmado Sordo durante la presentación de un informe de CCOO sobre la mercantilización de la educación.
La intervención del líder sindical amplía el rechazo expresado anteriormente por UGT y CEOE. Sin embargo, la controversia no responde a una inclusión automática de sindicatos y organizaciones empresariales entre los grupos de interés, sino a la frontera establecida por la norma entre sus funciones constitucionales y las actividades que pueden considerarse dirigidas a influir en las decisiones públicas.
La regulación excluye de la consideración de grupos de interés a las organizaciones sindicales y empresariales cuando actúan en el ejercicio de las funciones que les reconoce la Constitución. Solo quedarían sometidas al registro cuando desarrollen labores de influencia que no se correspondan con esas funciones.
El conflicto se concentra, por tanto, en la interpretación y aplicación de esa distinción.
Una frontera discutida
El artículo 7 de la Constitución reconoce a sindicatos y asociaciones empresariales como organizaciones que contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. En el caso de los sindicatos, su intervención institucional también se apoya en la ley de libertad sindical, la negociación colectiva y la representatividad obtenida en las elecciones celebradas en los centros de trabajo.
Sordo sostiene que la participación sindical en la elaboración de políticas públicas no puede separarse fácilmente de esas funciones constitucionales. “Intentar influir en la elaboración de normas o políticas públicas forma parte de la esencia del propio marco del diálogo social”, ha argumentado.
Desde esta perspectiva, el problema no sería únicamente la denominación utilizada, sino la posibilidad de que una interpretación restrictiva termine considerando actividad de presión lo que los sindicatos entienden como una manifestación ordinaria de su función representativa.
El secretario general de CCOO ha recordado que la legitimidad de las organizaciones sindicales procede de los resultados de las elecciones sindicales en las empresas y centros de trabajo. “Tenemos la representatividad que tenemos porque la gente nos vota”, ha señalado, antes de comparar esa legitimidad con la de los partidos políticos, que también quedan fuera de la categoría de grupos de interés.
La transparencia sobre las reuniones, agendas y aportaciones realizadas durante la elaboración de las políticas públicas no está en el centro del rechazo sindical. La discrepancia aparece al determinar cuándo una propuesta de un sindicato pertenece al diálogo social y cuándo se convierte, según la norma, en una actuación de influencia sometida al registro.
Una posible respuesta conjunta
CCOO analiza ahora el alcance jurídico del real decreto ley y las posibles medidas que podría adoptar si el Gobierno mantiene su actual redacción. Sordo también ha avanzado que tratará de acordar una posición común con UGT.
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, había calificado previamente de “inaceptable” que los sindicatos pudieran ser tratados como lobbies. A la espera del dictamen de sus servicios jurídicos, llegó a plantear la posibilidad de que la organización se declarase “en rebeldía” si concluía que la norma vulnera su función constitucional.
Sordo ha mostrado igualmente su comprensión hacia el rechazo de CEOE, aunque no ha confirmado que CCOO vaya a sumarse a la suspensión temporal de relaciones con el Ejecutivo anunciada por Antonio Garamendi. La patronal ha decidido congelar sus contactos con el Gobierno hasta el 16 de septiembre, fecha prevista para el debate de convalidación de la norma en el Congreso.
“Si se quiere poner en valor el diálogo y la concertación social, no se puede considerar lobbies a los sujetos constitucionales que somos las organizaciones sindicales”, ha defendido el dirigente de CCOO.
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Director de Noticias Obreras.
Autor del libro No os dejéis robar la dignidad. El papa Francisco y el trabajo. (Ediciones HOAC, 2019). Coeditor del libro Ahora más que nunca. El compromiso cristiano en el mundo del trabajo. Prólogo del papa Francisco (Ediciones HOAC, 2022)
