UGT y CCOO piden retirar el decreto sobre grupos de interés por considerar que vulnera la libertad sindical
CCOO y UGT han reclamado la retirada del Real Decreto-ley 21/2026, de 25 de agosto, sobre transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés, al considerar que la norma “vulnera el papel constitucional de las organizaciones sindicales” al equipararlas con los denominados grupos de interés o lobbies.
En un extenso comunicad, las organizaciones sindicales recuedadn que son “sujetos constitucionales” cuya función representativa está reconocida expresamente en los artículos 7 y 28 de la Constitución Española, así como en la Ley Orgánica de Libertad Sindical.
Por ello, consideran que incluirlas dentro de la categoría de grupos de interés supone ignorar las funciones de representación, participación institucional y diálogo social que les atribuye el ordenamiento jurídico.
“Si se pretende poner en valor el diálogo y la concertación social, no se pueden considerar como grupos de interés a las organizaciones sindicales, ignorando su naturaleza de sujeto constitucional con unas obligaciones de representación y participación en el diálogo y la concertación social y en la estructura institucional del país”, señalaron ambos sindicatos.
No solo apelan a su papel constitucional, también a su carácter participativo, puesto que su representatividad se fundamenta en procesos electorales “abiertos, plurales y democráticos” mediante los cuales las personas trabajadorea eligen a sus representantes.
Cargan en concreto con la redacción del el artículo 2, que no cita dentro de las exclusiones de de grupo de interés a las organizaciones empresariales y sindicales, pero sí a a las administraciones públicas, los organismos internacionales, los partidos políticos y los colegios profesionales, no hace lo propio con los sindicatos.
Todavía mas incomprensible cuando eo Acuerdo Interinstitucional de 20 de mayo de 2021 sobre un registro de transparencia obligatorio en la Unión Europea excluye expresamente de su ámbito de aplicación las actividades desarrolladas por los interlocutores sociales en el marco del diálogo social previsto en el artículo 152 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).
Por todo ello, ambas organizaciones instan a los grupos parlamentarios a no convalidar el real decreto-ley durante su trámite de validación en el Congreso y reclaman que la iniciativa continúe su recorrido legislativo como proyecto de ley.
“No es de recibo que un año después de iniciarse la fase de elaboración del informe por la Comisión de Hacienda y Función Pública, el proceso legislativo no se haya culminado con su votación en el Pleno de la Cámara”, completan, para luego criticar que la utilización de la figura del real decreto-ley sustituye “de manera unilateral” el debate parlamentario ordinario.
Incluso defienden que se trataría de un uso que atenta contra el artículo 86.1 de la Constitución al no darse las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad que justifiquen su aprobación por este procedimiento.
A su juicio, la norma criticada afecta a cuestiones relacionadas con la libertad sindical, materia vinculada a derechos fundamentales y sometida a reserva de ley orgánica, por lo que consideran inadecuado su tratamiento mediante decreto-ley.
No solo censuran la actuación del Ejecutivo en esta materia, sino que los dos principales sindicatos del país, que cuentan con una afiliación superior a la de los propios partidos políticos, reclaman al Gobierno la elaboración de una ley específica sobre diálogo social y participación institucional que refuerce la seguridad jurídica, la transparencia y la legitimidad de los mecanismos de concertación social.
El rechazo sindical ya había sido expresado por el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, quien calificó de “inaceptable” que los sindicatos puedan ser tratados como “lobbies”.
Por su parte, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, pidió al Gobierno que rectifique el tratamiento dado a los sindicatos en el real decreto-ley y calificó de “absoluto despropósito” que determinadas actuaciones sindicales puedan quedar sometidas a una regulación concebida para los grupos de interés y mostró su comprensión ante la disconformidad expreada también por la CEOE ,que ha suspendido temporalmente las relaciones con el Gobieron, si bien no dio señalaes de que CCOO vaya a adoptar una medida similar.
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