La inflación vuelve a ganar a los salarios: cómo evitar que el 3,6% se traduzca en pérdida de poder adquisitivo
La inflación ha vuelto a llamar a la puerta de los hogares. El IPC alcanzó en julio el 3,6%, cuatro décimas más que en junio y su nivel más elevado en dos años.
Todavía estamos lejos de las tasas que marcaron la crisis inflacionista de 2021 y 2022, pero el cambio de tendencia contiene una advertencia que las personas y familias trabajadoras conocen bien: cuando los precios aceleran más deprisa que los salarios, cada nómina permite comprar o ahorrar un poco menos.
Eso es precisamente lo que empieza a suceder. Mientras los precios aumentaron un 3,6% en el último año, los salarios pactados en convenio crecían hasta julio una media del 3%. Son seis décimas de diferencia que pueden parecer pequeñas en una estadística mensual, pero que adquieren otra dimensión cuando se trasladan al presupuesto familiar y se acumulan durante varios meses. Más todavía porque, según el análisis de CCOO, los salarios siguen sin haber recuperado todo el poder adquisitivo perdido desde el choque inflacionista de 2021 y 2022.
La cuestión, por tanto, no es únicamente que haya vuelto a subir el Índice de Precios de Consumo (IPC). Es qué precios están aumentando, cuánto tiempo puede prolongarse esa situación y quién termina soportando sus consecuencias.
La energía vuelve a contaminar los precios
El repunte de julio tiene un protagonista reconocible. El transporte registra un incremento interanual del 6,2% y los costes energéticos de la vivienda, del 5,7%. La presión de los carburantes y la electricidad vuelve así a penetrar en una economía doméstica que difícilmente puede prescindir de ellos.
Detrás del encarecimiento de los combustibles aparece, además, una crisis internacional. El bloqueo del estrecho de Ormuz derivado del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán está presionando sobre el precio de los carburantes fósiles. A ello se suma la retirada gradual de las rebajas fiscales excepcionales utilizadas durante la anterior crisis energética.
La energía atraviesa buena parte de la actividad económica: transportar alimentos, acudir al puesto de trabajo, producir bienes o mantener una vivienda. Cuando esos costes aumentan de forma sostenida, la presión puede acabar extendiéndose a otros precios.
Y ahí aparece la principal preocupación para las familias trabajadoras. Una subida del coste de la vida no afecta por igual a todas las rentas. Cuanto menor es el salario, mayor es la proporción que se destina a necesidades difícilmente aplazables: vivienda, suministros, alimentación o transporte. Hay poco margen para reorganizar el presupuesto familiar cuando lo que se encarece es precisamente aquello de lo que no se puede prescindir.
Evitar que los salarios vuelvan a llegar tarde
La experiencia reciente debería servir, al menos, para no repetir el mismo recorrido. Durante el gran episodio inflacionista iniciado en 2021 los precios avanzaron mucho más rápidamente que los salarios. Recuperar posteriormente ese terreno ha requerido varios años y, según el sindicato, todavía no se ha completado.
De ahí que la primera respuesta propuesta sea preventiva: revisar el salario mínimo interprofesional antes de que la inflación reduzca su valor real.
“Con una inflación del 3,6%, es imprescindible revisar de inmediato el salario mínimo interprofesional (SMI) para corregir la desviación al alza de los precios respecto a lo calculado en su aprobación”, sostiene Carmen Vidal, secretaria confederal de Participación Institucional y Movimientos Sociales de CCOO.
De poco sirve elevar nominalmente los salarios más bajos si una subida de estas características del coste de la vida se come después una parte de esa mejora. Esperar a la siguiente actualización significaría asumir durante meses una pérdida de capacidad adquisitiva para quienes disponen precisamente de menor margen económico.
Los convenios, segunda barrera frente a la inflación
La segunda respuesta está en la negociación colectiva. Con los salarios pactados creciendo una media del 3%, el 3,6% del IPC cambia las coordenadas de las mesas todavía abiertas.
La propuesta sindical es situar las subidas entre el 4% y el 7% en los convenios pendientes, buscando la banda superior del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) que, además, está pendiente de renovación. Si no se alcanzan acuerdos suficientes, las organizaciones mayoritarias de trabajadoras y trabajadores contemplan recurrir al fondo de solidaridad recién aprobado para reforzar la negociación y respaldar movilizaciones.
La discusión afecta también al reparto de la riqueza generada. CCOO contrapone la pérdida de capacidad adquisitiva acumulada por los salarios con unos beneficios empresariales que, según los datos del Observatorio de Márgenes Empresariales correspondientes al primer trimestre de 2026 que cita el sindicato, se encuentran en niveles históricamente elevados.
Si existe margen económico, la pregunta deja de ser si es posible proteger los salarios y pasa a ser cómo se distribuyen los costes de una nueva tensión inflacionista.
Proteger especialmente a quienes menos cobran
Hay una tercera medida menos visible, pero particularmente importante para los salarios bajos. Está pendiente la transposición parcial de la Directiva europea sobre salarios mínimos y, con ella, unas nuevas reglas sobre absorción y compensación salarial.
La cuestión es esencial porque una subida del SMI no siempre se convierte íntegramente en una mejora equivalente de la nómina. El juego de determinados complementos puede absorber parte de ese incremento. Acelerar la nueva regulación permitiría reforzar la protección efectiva de quienes perciben las remuneraciones más bajas, que son además quienes sufren con mayor intensidad una subida del precio de los bienes esenciales.
No todo puede resolverse subiendo salarios
Hay, finalmente, una cuestión que no debería quedar fuera del debate. Si el origen inmediato de la aceleración inflacionista está en buena medida en la energía y los carburantes, no parece razonable depositar toda la respuesta en la negociación salarial.
También hay que actuar sobre los precios. Entre las propuestas planteadas figura convocar al Gobierno para estudiar medidas de control ante el encarecimiento de los combustibles fósiles. El propio comportamiento del IPC muestra la capacidad de la intervención pública para amortiguar el golpe: según los cálculos sindicales, sin las medidas fiscales de salvaguarda todavía vigentes en julio, la inflación habría alcanzado el 4,1%, medio punto más.
La respuesta que se dibuja es, por tanto, tiene recorrido: revisar el SMI, impulsar aumentos suficientes en los convenios, garantizar que las mejoras lleguen efectivamente a los salarios más bajos y contener los precios que están alimentando la inflación.
El 3,6% de julio no permite afirmar que España esté ante una nueva crisis inflacionista. Sí permite advertir que el equilibrio vuelve a deteriorarse. Y la experiencia reciente aconseja no esperar a que la pérdida de poder adquisitivo aparezca plenamente en las estadísticas para reaccionar.
Porque para una familia trabajadora la inflación no es un porcentaje. Es la distancia entre la nómina y el final de mes. Y cuando esa distancia empieza a crecer, recuperarla después no solo resulta mucho más difícil, sino también profundamente injusto.
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Director de Noticias Obreras.
Autor del libro No os dejéis robar la dignidad. El papa Francisco y el trabajo. (Ediciones HOAC, 2019). Coeditor del libro Ahora más que nunca. El compromiso cristiano en el mundo del trabajo. Prólogo del papa Francisco (Ediciones HOAC, 2022)
