Alertas y sanciones para frenar una temporalidad que todavía afecta a 900.000 empleados públicos
El Gobierno prepara nuevos controles para evitar que las administraciones mantengan contratos temporales durante más de tres años, aunque las medidas preventivas no resuelven por sí mismas los abusos ya acumulados
El Ejecutivo trabaja con las comunidades autónomas en una nueva regulación para prevenir y sancionar el abuso de la temporalidad en el empleo público. Entre las medidas estudiadas figura un sistema de alertas que avise a los responsables de personal cuando una relación temporal se acerque al límite de tres años, así como sanciones para quienes prolonguen irregularmente estas contrataciones.
Según los datos manejados por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, más de 900.000 personas trabajan en las administraciones sin una relación fija. El Ejecutivo estima que menos de 200.000 habrían superado los tres años y estarían, por tanto, en una posible situación de abuso.
La cifra pretende distinguir entre contratación temporal justificada y utilización continuada de personal interino para realizar tareas estructurales. Aproximadamente el 52,7% de las personas temporales lleva menos de seis meses; un 33,2%, entre seis meses y tres años; un 12,2%, entre tres y diez años, y un 1,9%, más de una década.
La responsabilidad de los gestores
La cuestión más controvertida será determinar quién responde cuando una administración mantiene durante años una plaza cubierta temporalmente. Función Pública estudia sanciones individuales, aunque admite la dificultad de responsabilizar, por ejemplo, a la gerencia de un hospital que utiliza personal temporal porque no dispone de plazas estructurales suficientes.
El problema no puede reducirse, por tanto, a la conducta del último responsable de contratación. También intervienen la falta de planificación, la lentitud de los procesos selectivos, las tasas de reposición, las plantillas insuficientes y las decisiones presupuestarias de cada administración.
El Gobierno asegura haber estabilizado unas 440.000 plazas desde 2021. Pese a ello, la temporalidad pública solo habría descendido del 39% al entorno del 32,7%, todavía muy lejos del objetivo estructural del 8%. La mayor incidencia se concentra en las administraciones autonómicas y, especialmente, en servicios esenciales como sanidad, educación y atención social.
Una deuda pendiente con quienes sufrieron el abuso
Las alertas pueden impedir nuevos incumplimientos, pero no solucionan la situación de quienes llevan años o incluso décadas encadenando contratos. Tampoco resuelven el debate sobre las indemnizaciones, la estabilidad ni las medidas realmente disuasorias exigidas por la justicia europea.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea considera insuficientes tanto la figura del indefinido no fijo como los actuales procesos de estabilización e indemnizaciones. Posteriormente, el Tribunal Supremo rechazó la fijeza automática, salvo para quienes hubieran superado previamente un proceso selectivo completo.
La futura norma deberá aclarar qué reparación recibirán las personas afectadas, qué participación tendrán los sindicatos y cómo se evitará que las administraciones estabilicen plazas mientras vuelven a generar temporalidad. Sin estas respuestas, el sistema de alertas puede ordenar el problema, pero difícilmente cerrará una precariedad enquistada durante décadas.
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Redacción de Noticias Obreras.
