El fallo del TJUE cuestiona las soluciones del Gobierno para reducir la temporalidad el sector público
La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el abuso de la temporalidad en el empleo público concluye que las medidas vigentes en España no permiten sancionar “debidamente” el uso abusivo de contratos temporales sucesivos en las administraciones públicas, lo que obliga a revisar el marco actual y anticipa un nuevo escenario jurídico y político.
Sin embargo, las partes no se ponen de acuerdo en las medidas que se deben adoptar para evitar la alta temporalidad en la Administración. El Área Pública de CCOO considera que el fallo confirma que España continúa sin disponer de mecanismos adecuados para prevenir y sancionar el abuso en la temporalidad.
El sindicato subraya que la sentencia “vuelve a dejar una conclusión difícil de discutir: las medidas actualmente existentes en España no han sido consideradas suficientes para prevenir ni sancionar adecuadamente el abuso de la temporalidad en el sector público”.
Para CCOO, la raíz del problema es estructural y exige una reforma legislativa profunda que adapte el sistema español a la legislación de la Unión Europea. Reclama instrumentos “efectivos, disuasorios y proporcionados” y advierte de que los actuales procesos de estabilización, aunque legítimos, “no constituyen por sí mismos una sanción adecuada frente al abuso”, porque son procedimientos abiertos en los que “puede concurrir cualquier aspirante, haya sufrido o no abuso en la temporalidad”.
El sindicato también señala la insuficiencia de la indemnización tasada de 20 días por año, que “no incorpora un verdadero elemento sancionador vinculado específicamente al abuso producido” y recuerda que tanto el TJUE como el Comité Europeo de Derechos Sociales consideran que el régimen indemnizatorio español “no es suficientemente disuasorio ni reparador”.
No obstante, la organización de trabajadoras y trabajadores matiza que el tribunal europeo “no impone de forma automática la fijeza como solución general”, sino que la conversión en fijo aparece como una posibilidad cuando no existan otras medidas adecuadas en el ordenamiento interno.
Por el contrario, el abogado Javier Arauz de Robles —impulsor del caso ante el TJUE— sostiene que la sentencia obliga a España a estabilizar automáticamente a los empleados públicos víctimas de abuso.
Asegura que el fallo implica que “solo cabe la estabilización automática de los empleados públicos con contrato temporal” y propone la figura del fijo a extinguir como solución intermedia, una categoría laboral que “goza de los mismos derechos que los funcionarios de carrera” y que permitiría mantener la plaza hasta la jubilación del trabajador afectado.
Arauz insiste en que la conversión en indefinido no fijo “supone mantener una relación laboral de naturaleza temporal” y, por tanto, no cumple con las exigencias europeas. Advierte, además, de que existen entre 40.000 y 50.000 procesos judiciales paralizados a la espera de este pronunciamiento y anticipa que el Tribunal Supremo dictará sentencia en un mes y medio.
El abogado también alerta de posibles sanciones económicas a España si no actúa: “La otra opción es indemnizar a los trabajadores temporales con indemnizaciones no topadas, a lo que se sumarían sanciones europeas por no legislar en la materia”.
El Gobierno: “La sentencia no obliga a hacer fijos a los temporales”
El Ejecutivo, por su parte, resta trascendencia al fallo y lo califica de “meramente aclaratorio”. Fuentes del Ministerio de Función Pública sostienen que el derecho europeo “no obliga a España a hacer fijos los contratos temporales del sector público” y recuerdan que la Constitución exige que el acceso a la función pública se realice conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad, lo que “prohíbe la fijeza automática”.
El Gobierno defiende que ya ha avanzado en la reducción de la temporalidad, que ha pasado del 39% en 2023 al 32,7% actual, y que se han estabilizado más de 419.000 plazas en los últimos años. Asegura que “nunca antes se había hecho una reforma tan profunda contra la temporalidad en el sector público” y que España ha superado los compromisos adquiridos con la Comisión Europea en materia de estabilización de empleo.
El Ejecutivo insiste en que el TJUE únicamente señala que “España tiene que hacer más para evitar abusar de la figura del trabajador temporal, pero no obliga a hacerlo de una manera u otra”.
La sentencia europea no resuelve directamente qué sanción debe aplicarse en España, sino que devuelve la responsabilidad a los tribunales nacionales.
Tanto CCOO como Arauz coinciden en que será el Tribunal Supremo quien determine el alcance real del fallo y qué figura jurídica (fijeza, fijo a extinguir, indemnización reforzada u otra alternativa) se ajusta al Derecho de la Unión.
Mientras tanto, miles de trabajadores temporales siguen en una situación de incertidumbre. El fallo del TJUE reabre un debate que afecta a casi un millón de empleados públicos temporales, el 75% de ellos mujeres, y pone de nuevo sobre la mesa la necesidad de una reforma estructural que garantice estabilidad, seguridad jurídica y un sistema de sanciones realmente disuasorio.
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