La crisis de la vivienda entra en una nueva fase de movilización con dimensión laboral
Tras el rechazo de los decretos, CCOO y UGT preparan una respuesta conjunta con los movimientos por la vivienda mientras decenas de ciudades vuelven este fin de semana a las calles
Los votos de PP, Vox y Junts tumbaron los decretos de vivienda, pero no cerró el conflicto. La respuesta empieza a desplazarse ahora hacia las calles y el mundo del trabajo.
Apenas unas horas después de que las votaciones impidieran su convalidación, CCOO y UGT anunciaron que prepararán movilizaciones junto con organizaciones vecinales, colectivos de inquilinas e inquilinos y otros sindicatos, mientras el movimiento por la vivienda reclama llevar la protesta también al mundo del trabajo.
El salto es significativo. La crisis habitacional, que durante los últimos días ha llenado plazas, sostenido acampadas y presionado al Gobierno y al arco parlamentario hasta la aprobación de dos reales decretos, empieza a confluir de manera más explícita con las reivindicaciones laborales.
El Sindicato de Inquilinas, tras conocerse el resultado de la votación, llamó a sindicatos, comités de empresa, asociaciones vecinales, centros educativos, estudiantes y al conjunto de la ciudadanía a construir una huelga general “por el derecho a la vivienda y contra la carestía de la vida”.
CCOO y UGT no han llegado todavía hasta ahí, pero sí han dado un paso significativo. Las dos organizaciones sindicales mayoritarias han anunciado una estrategia de “unidad de acción sindical y de confluencia con los movimientos sociales, vecinales, de inquilinas e inquilinos y con otros sindicatos” y reunirán a sus órganos de dirección para concretar los siguientes pasos.
Además, llaman directamente a los trabajadores y las trabajadoras a participar en las protestas de este fin de semana y anuncian que las actuaciones que decidan durante las próximas semanas incorporarán al mundo del trabajo.
El comunicado conjunto llega después de que el Congreso rechazara los dos decretos aprobados por el Gobierno. El primero reforzaba medidas frente a determinados desahucios y otras actuaciones relacionadas con la emergencia habitacional, mientras el segundo pretendía ampliar la estabilidad de los contratos de alquiler.
“Tiene que tener una dimensión laboral”
El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha avanzado hacia dónde puede evolucionar ahora esa respuesta.
La organización que lidera mantendrá conversaciones con UGT, otros sindicatos, movimientos sociales, asociaciones vecinales y organizaciones de inquilinas e inquilinos para concretar próximas jornadas de movilización y lucha.
“Movilizaciones, en mi opinión, tiene que haber, jornadas de lucha tiene que haber, jornadas de movilización, y creo que tiene que tener una dimensión laboral que fijaremos en los próximos días”, ha señalado.
La formulación mantiene abiertas distintas posibilidades. CCOO y UGT no han acordado por el momento una huelga general, mientras continúan las conversaciones sobre las características que podría adoptar una respuesta desde el mundo del trabajo.
El planteamiento de los sindicatos va, además, más allá de una alianza coyuntural con el movimiento por la vivienda.
“La crisis de la vivienda es también una crisis de salarios”, sostienen CCOO y UGT. Advierten de que las mejoras conseguidas mediante la negociación colectiva o el incremento del salario mínimo pierden capacidad para mejorar las condiciones de vida cuando alquileres e hipotecas absorben una parte creciente de los ingresos.
“Tener un empleo debe garantizar poder pagar un techo”, resumen.
Las dos organizaciones describen la vivienda como uno de los principales factores de empobrecimiento y desigualdad y sostienen que su encarecimiento absorbe cada vez más renta de quienes viven de su trabajo, dificulta la emancipación juvenil y convierte un derecho constitucional en objeto de especulación.
Su diagnóstico conecta el problema residencial con una cuestión más amplia de distribución de la riqueza: mientras crecen los beneficios empresariales, afirman, salarios y poder adquisitivo soportan el impacto del aumento del coste de la vida y de unos precios residenciales que dejan a numerosas familias con dificultades para cubrir necesidades básicas.
De Sol a la organización
La voluntad de ampliar la protesta más allá de las acampadas también aparece entre quienes llevan días sosteniendo la movilización.
María Azargui, militante de la Juventud Obrera Cristiana (JOC) y participante en la acampada de la Puerta del Sol, contaba en este mismo medio de comunicación ese salto: “Esto va mucho más allá de la acampada”.
Tras el rechazo de los decretos, Azargui plantea que la frustración encuentre cauces colectivos en los barrios, las organizaciones sociales y los sindicatos. “Tenemos que generar estructuras de barrio, afiliarnos a entidades, al sindicato”, explica.
Su planteamiento conecta con el horizonte abierto por la campaña de vivienda de la propia JOC y con la búsqueda, que ahora adquiere una nueva dimensión, de espacios compartidos entre quienes se movilizan por el derecho a la vivienda y las organizaciones del mundo del trabajo.
Las calles toman el relevo
La primera medida de la capacidad de esa confluencia llegará este mismo fin de semana, con decenas de movilizaciones repartidas por todo el país.
En Madrid, la protesta vuelve este sábado a las calles apenas un día después del rechazo de la derecha a los dos decretos ley que respondían a situaciones de injusticia. También hay convocatorias en València, Zaragoza, Alicante, Málaga, Palma, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Cádiz, Girona, Santander, Santiago de Compostela, Valladolid, Granada o Vigo, entre muchas otras ciudades.
En L’Hospitalet de Llobregat y Barcelona, la movilización tendrá además como referencia a Olga, la vecina que se quitó la vida tras un desahucio. La marcha, inicialmente planteada como un homenaje, se ha reformulado como una protesta más amplia frente a situaciones similares.
Las convocatorias continuarán el domingo en ciudades como Gijón, Oviedo, Murcia, Córdoba, Badajoz, Salamanca o Almería y llegarán hasta el lunes en Pontevedra.
Militantes de la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) tendrán asimismo presencia activa en distintas manifestaciones convocadas durante el fin de semana.
Una agenda eclesial que ya une vivienda y trabajo
A esa presencia se suma la movilización que Iglesia por el Trabajo Decente (ITD) viene preparando alrededor de la Jornada Mundial por el Trabajo Decente del próximo 7 de octubre.
La iniciativa eclesial ha situado este año la crisis habitacional en el centro de su reflexión y, de manera especial, sus consecuencias para la juventud. Su manifiesto parte de una constatación muy próxima a la que ahora realizan los sindicatos: “Tener empleo ya no garantiza acceder a una vivienda digna”.
ITD sostiene que alquileres elevados y precios de compra inasumibles están obligando a muchas personas trabajadoras a compartir vivienda, endeudarse o retrasar su emancipación. Su conclusión es directa: cuando no existe vivienda accesible, “el trabajo pierde su capacidad de sostener una vida digna”.
La iniciativa reclama ampliar el parque público, regular los precios del alquiler y frenar la especulación, al tiempo que exige empleos estables y salarios acordes con el coste real de la vida. De este modo, incorpora la vivienda a la propia definición de trabajo decente y vincula ambos derechos a la posibilidad de desarrollar un proyecto vital autónomo.
Alrededor del 7 de octubre se han programado decenas de actos en diócesis de todo el país: gestos públicos, círculos de silencio, vigilias, mesas redondas, eucaristías y otras iniciativas. Entre las convocatorias figuran Madrid, Barcelona, Valencia, Córdoba, Almería, Huelva, Salamanca, Valladolid, Ciudad Real, Guadalajara, Soria, Vigo o Canarias, entre otros lugares.
La agenda muestra que, junto a la respuesta sindical y vecinal, existe también una presencia eclesial organizada que viene relacionando desde antes de esta última crisis política la vivienda con la dignidad del trabajo, la emancipación juvenil y la exclusión social.
CCOO y UGT han pedido expresamente a las personas trabajadoras que participe en las movilizaciones de este fin de semana. Su comunicado sostiene que la respuesta ciudadana de los últimos días demuestra que la sociedad “no está dispuesta a resignarse” ante la crisis habitacional y atribuye a esa presión la decisión del Gobierno de llevar al Congreso los dos decretos rechazados este viernes.
El escenario que queda después de la votación es, por tanto, diferente al que existía antes de ella. Los decretos han decaído, pero el conflicto que precipitó su aprobación permanece abierto.
El movimiento por la vivienda intenta ahora convertir el revés parlamentario en una ampliación de la presión social. Los dos principales sindicatos responden anunciando confluencia con ese movimiento y la incorporación del mundo del trabajo a las próximas acciones. Y distintas organizaciones eclesiales llegan a este momento con procesos propios que ya estaban vinculando vivienda, salarios y condiciones de vida.
Todavía está por determinar qué forma adquirirá esa respuesta y hasta dónde llegará su dimensión laboral. Pero el conflicto por la vivienda empieza a desplazarse de las plazas y el Parlamento hacia otro terreno decisivo: la relación entre vivienda, trabajo, salarios y posibilidad real de una vida digna.
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Director de Noticias Obreras.
Autor del libro No os dejéis robar la dignidad. El papa Francisco y el trabajo. (Ediciones HOAC, 2019). Coeditor del libro Ahora más que nunca. El compromiso cristiano en el mundo del trabajo. Prólogo del papa Francisco (Ediciones HOAC, 2022)
