El Sínodo plantea reformar el Derecho Canónico para reforzar la participación en el gobierno de la Iglesia

El Sínodo plantea reformar el Derecho Canónico para reforzar la participación en el gobierno de la Iglesia
FOTO | ©synod.va/Lagarica
La Comisión canónica propone ampliar las responsabilidades de laicos y mujeres, incorporar el sensus fidei de todo el Pueblo de Dios y hacer obligatorios los consejos pastorales. El acceso de las mujeres al diaconado permanece abierto

La implementación del Sínodo sobre la sinodalidad ha llegado al Derecho Canónico. La Comisión canónica constituida al servicio del proceso sinodal ha presentado un conjunto de propuestas que, si finalmente son aprobadas, ampliarían las responsabilidades que pueden asumir las mujeres y el conjunto de los fieles laicos en el gobierno, los tribunales y los procesos de decisión de la Iglesia.

El informe, presentado esta semana, parte de la “misma dignidad” de mujeres y hombres como miembros del Pueblo de Dios y recoge la petición del Documento final del Sínodo de aplicar plenamente todas las posibilidades que ya contempla el Derecho Canónico respecto al papel de las mujeres. Recuerda que ya ocupan puestos de responsabilidad en instituciones eclesiales, curias diocesanas y la Curia romana, ejercen autoridad y lideran comunidades.

En ese mismo punto aparece una cuestión todavía sin resolver: “el acceso de las mujeres al ministerio diaconal permanece abierto”. La Comisión no propone en este informe una modificación normativa para admitirlas al diaconado ni resuelve ese debate. Sus propuestas concretas se concentran en responsabilidades, oficios y ministerios que pueden ejercerse sin recibir el sacramento del Orden.

Entre ellas figura la posibilidad de que los obispos nombren delegados episcopales entre los fieles considerados idóneos, incluidos laicos y laicas, para ejercer responsabilidades con potestad delegada. También plantea que hombres y mujeres puedan ser delegados para asistir a matrimonios, después de escuchar al consejo presbiteral y sin necesitar autorización previa de la Santa Sede.

Los cambios alcanzarían igualmente a los tribunales eclesiásticos. La Comisión propone que los obispos puedan nombrar directamente jueces diocesanos tanto clérigos como laicos y que determinados casos puedan confiarse a un juez único, “clérigo o laico, hombre o mujer”.

De la consulta a una mayor participación en las decisiones

La propuesta va más allá de ampliar las responsabilidades que pueden ejercer laicos y laicas. Intenta traducir jurídicamente una cuestión central del proceso sinodal: qué consecuencias debe tener la igual dignidad bautismal en la participación del Pueblo de Dios.

La Comisión propone incorporar al Código el deber de los pastores de escuchar la opinión de los fieles sobre los asuntos relativos al bien de la Iglesia mediante métodos de discernimiento comunitario. También plantea que la autoridad eclesial tenga el deber de reconocer y promover la misión común e involucrar a los fieles en esos procesos.

La propuesta alcanza al canon 749, actualmente referido a la infalibilidad del Papa y del Colegio Episcopal. La Comisión plantea incorporar el sensus fidei del conjunto del Pueblo de Dios: “el cuerpo entero de los fieles, habiendo recibido la unción del Espíritu, no puede equivocarse en la fe”.

Ese planteamiento llega a los organismos de participación. Los consejos pastorales diocesanos y parroquiales, cuya constitución depende actualmente de las circunstancias, pasarían a ser obligatorios en todas las diócesis y parroquias.

También se propone que los sínodos diocesanos se celebren cada diez años y que el laicado constituya la mayoría de sus miembros.

La Comisión aborda asimismo la distancia entre consultar y decidir. Propone eliminar la expresión “solamente consultivo” referida al consejo presbiteral y exigir su consentimiento para determinadas decisiones, entre ellas crear o suprimir parroquias y seminarios o enajenar bienes. Las declaraciones de un sínodo diocesano deberían ser, además, resultado del discernimiento de todos sus miembros.

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Transparencia y rendición de cuentas

Otro de los cambios de mayor alcance para la vida cotidiana de las Iglesias locales afecta a la transparencia y la rendición de cuentas.

La Comisión propone que cada obispo establezca normas de rendición de cuentas y evaluación “de forma sinodal y con ayuda de expertos laicos”. También plantea que el informe ad limina que periódicamente presenta cada diócesis a Roma sea resumido y presentado previamente a los fieles.

En el ámbito económico, las diócesis y parroquias quedarían obligadas a publicar informes financieros anuales sometidos a auditoría externa.

El conjunto de propuestas parte de una idea expresada desde la introducción del informe: la igual dignidad de los fieles debe tener consecuencias jurídicas y el laicado, hombres y mujeres, tienen capacidad para asumir “oficios, roles y ministerios, incluidos los de gobierno eclesial”. Un documento de trabajo que debe convertirse en normas
Las propuestas no modifican todavía el Código de Derecho Canónico. La Comisión presenta el informe como una síntesis del trabajo realizado hasta ahora y señala que, una vez concluyan los demás grupos de estudio sinodales, deberá elaborarse un texto legislativo que integre las distintas propuestas de manera armónica.

El objetivo del documento es identificar modificaciones canónicas que puedan aplicarse “en un horizonte temporal breve”. Para otras cuestiones prevé un trabajo a medio plazo con los dicasterios competentes y, a largo plazo, considera necesaria una revisión completa de los códigos para incorporar las consecuencias teológicas y eclesiológicas surgidas del proceso sinodal.

El secretario general del Sínodo, Mario Grech, ha explicado que la reflexión sobre la naturaleza sinodal de la Iglesia necesita alcanzar también las normas que organizan sus estructuras y las relaciones entre sus miembros.

La publicación del Informe abre una fase para determinar cuáles de estas propuestas terminarán convirtiéndose en normas. De hacerlo, la sinodalidad empezaría a traducirse no solo en una forma de escuchar y discernir, sino también en derechos, responsabilidades, procedimientos de participación y obligaciones de rendición de cuentas en la vida ordinaria de la Iglesia.

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