El Congreso convalida el decreto que desbloquea la jubilación parcial del personal laboral público con la abstención de PP y Junts
El Congreso de los Diputados ha convalidado este jueves el decreto ley que desbloquea la jubilación parcial para el personal laboral de las administraciones públicas y regula, además, un complemento de residencia para los empleados públicos destinados en Baleares, después de que PP y Junts optaran por la abstención en la votación parlamentaria.
La iniciativa ha salido adelante con 167 votos a favor, 37 en contra y 144 abstenciones, lo que permite mantener en vigor una norma que ya había sido aprobada previamente por el Consejo de Ministros y publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), por lo que ya estaba en vigor.
Los grupos que sustentan al Gobierno —PSOE y Sumar—, junto con ERC, EH Bildu, PNV, Coalición Canaria y la diputada de Compromís integrada en el Grupo Mixto, Águeda Micó, respaldaron el texto. Por su parte, PP, Junts y UPN se abstuvieron, mientras que Podemos, Vox y el diputado del Grupo Mixto Javier Ortega Smith votaron en contra.
La oposición de Podemos no respondió al contenido principal de la norma, sino a la negativa del Ejecutivo a incluir en el texto una medida para convertir en personal fijo a cerca de un millón de trabajadores interinos de las administraciones públicas, una reivindicación que la formación había planteado durante la tramitación del decreto.
La norma permite que el personal laboral de la Administración que trabaje a jornada completa y no haya alcanzado la edad ordinaria de jubilación pueda acceder a una jubilación parcial anticipada, siempre que se formalice simultáneamente un contrato de relevo para cubrir la parte de jornada que deja de desempeñar el trabajador.
Entre los requisitos establecidos figuran haber cotizado al menos 33 años, acreditar una antigüedad mínima de seis años en la empresa o administración correspondiente, solicitar la jubilación hasta tres años antes de la edad ordinaria y reducir la jornada laboral entre un 25% y un 75%. Cuando la anticipación supere los dos años, la reducción de jornada durante el primer año deberá situarse entre el 20% y el 33%.
Según recoge el decreto, los trabajadores acogidos a esta modalidad percibirán la parte proporcional de su salario correspondiente al tiempo trabajado y completarán sus ingresos con la parte proporcional de la pensión de jubilación.
Así mismo, las administraciones públicas deberán disponer de mecanismos de planificación de personal para garantizar la cobertura de estas jubilaciones parciales. En este sentido, la oferta de empleo público de la Administración General del Estado para 2026 ya contempla 854 plazas de personal relevista fijo destinadas a facilitar la aplicación de la medida.
El decreto incorpora además un régimen transitorio hasta el 1 de abril de 2027 para facilitar la adaptación progresiva de las administraciones al nuevo sistema. Tambien incluye una disposición adicional para actualizar la indemnización por residencia del personal del sector público estatal destinado en Baleares.
Reclamaciones pendientes
Para CCOO, la nueva norma responde a una reivindicación sostenida en el tiempo por el sindicato y supone una solución para un colectivo que había quedado excluido del acceso efectivo a la jubilación parcial.
“Este avance demuestra, una vez más, que la defensa firme de los derechos laborales da resultados”, subraya la organización sindical, que atribuye la aprobación del decreto a la presión ejercida durante los últimos meses en los ámbitos institucional y de negociación.
Desde UGT celebran la convalidación del decreto. “La convalidación permitirá que el personal laboral de las Administraciones públicas pueda ejercer un derecho reconocido para el conjunto de los laborales de este país y se ponga fin a una situación de desigualdad”, afirman desde su federación de Servicios Públicos.
Este sindicato, además, viene reclamando acabar con tasa de reposición para implantar un nuevo modelo de planificación y selección de personal, con el fin de responder de forma más eficaz a las necesidades reales de la ciudadanía y de las administraciones públicas.
El sindicato ha recordado que este cambio constituye uno de los compromisos recogidos en el acuerdo suscrito entre UGT y el Gobierno el pasado mes de noviembre. El pacto contempla medidas dirigidas a agilizar y mejorar los procesos selectivos bajo criterios de planificación estratégica y gestión de recursos humanos.
CCOO, igualmente, denuncia que el incumpliendo del Acuerdo para una Administración del Siglo XXI al no haber recuperado todavía la jubilación parcial para el personal funcionario y estatutario.
En este sentido, la organización critica que esta materia haya sido incorporada al Proyecto de Ley de Función Pública de la Administración del Estado, una iniciativa cuya tramitación permanece bloqueada en el Congreso.
La organización reclama al Ejecutivo y los grupos políticos que tramiten la Ley de Función Pública o en su defecto aprueben una nueva norma mediante real decreto-ley que permita extender de forma inmediata la jubilación parcial al conjunto del empleo público.
CCOO recuerda que los acuerdos suscritos entre Gobierno y organizaciones sindicales generan obligaciones para las partes firmantes y considera que corresponde al Ejecutivo eliminar los obstáculos que están impidiendo el acceso a esta modalidad de jubilación por parte de funcionarios y personal estatutario.
El sindicato asegura que seguirá presionando para lograr el cumplimiento íntegro de los compromisos adquiridos y anuncia nuevas actuaciones tanto en el ámbito institucional como mediante la movilización de los empleados públicos.
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