USO rechaza el reglamento europeo sobre deportaciones de migrantes y subcontratación de centros de retención
El sindicato USO ha mostrado su rechazo al nuevo reglamento europeo de retornos acordado el pasado 1 de junio por el Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo, al considerar que endurece la política migratoria y “criminaliza la migración”, con riesgos significativos para los derechos humanos.
El nuevo marco normativo, que busca acelerar y armonizar las expulsiones de personas migrantes en situación irregular, introduce medidas como la cooperación obligatoria con órdenes de retorno, el reconocimiento mutuo de decisiones entre Estados miembros y la posibilidad de establecer centros de retorno en terceros países.
El reglamento entrará en vigor tras su publicación en el Diario Oficial de la UE y será plenamente aplicable en un plazo de doce meses.
Desde la Unión Sindical Obrera (USO) advierten de que este giro en la política migratoria europea supone un retroceso en la protección de derechos fundamentales.
“Con estas medidas, los derechos de las personas migrantes pasan a un segundo lugar en Europa. No podemos permanecer indiferentes ante una política migratoria que criminaliza y aumenta el riesgo de vulneración a los derechos humanos de las personas migrantes”, ha señalado la secretaria de Comunicación e Igualdad de esta organización de trabajadores y trabajadoras, Marisa Madrid,
El sindicato enmarca este reglamento dentro del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, al que acusa de reforzar un enfoque restrictivo que endurece las condiciones de entrada y permanencia en la Unión Europea. En particular, alerta sobre tres aspectos que considera especialmente preocupantes: la ampliación de las detenciones administrativas, el aumento de sanciones a quienes no cooperen con los retornos y la creación de centros en terceros países.
En relación con estos centros, el sindicato se suma a las dudas expresadas por expertos, organizaciones de derechos humanos y algunos gobiernos europeos sobre su compatibilidad con el derecho internacional. El Ejecutivo español ya ha manifestado su rechazo a estas medidas por considerar que vulneran estándares internacionales, especialmente en lo relativo al control de estos espacios, el acceso a asistencia jurídica, la protección internacional y el respeto al principio de no devolución.
“Los centros de retorno para migrantes en el contexto actual y con la narrativa que se está construyendo en torno a la migración corren el riesgo de convertirse en espacios de internamiento alejados del control democrático y de las garantías de protección a los derechos fundamentales”, ha advertido Madrid.
La central sindical insiste en que la población migrante desempeña un papel esencial en Europa, tanto en el ámbito laboral como en términos demográficos, de cuidados y cohesión social. Por ello, rechaza una visión “utilitarista y criminalizadora” de la migración y reclama políticas basadas en los derechos humanos y la dignidad de las personas.
En este contexto, el sindicato ha reiterado su apoyo al proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes en España, actualmente en marcha, y ha subrayado que la irregularidad administrativa favorece la explotación laboral y la economía sumergida.
Asimismo, ha pedido que España no adopte plenamente el modelo migratorio que se está configurando a nivel europeo y que sitúe en el centro de sus políticas públicas la defensa de los derechos humanos. USO ha anunciado que seguirá de cerca los procesos legislativos tanto en el ámbito nacional como europeo, defendiendo una gestión migratoria que combine vías legales y seguras, políticas de integración y protección frente a la explotación.
“El retorno no puede ser la única respuesta a los desafíos migratorios”, concluyen desde la organización, que recuerda la obligación de respetar los acuerdos internacionales, el interés superior de la infancia y la dignidad de todas las personas.
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