La UE abre la puerta a centros de deportación en terceros países en una reforma migratoria más restrictiva
La Unión Europea ha dado un paso decisivo hacia una política migratoria más dura con la aprobación de la posición del Parlamento Europeo sobre el nuevo Reglamento de Retornos, que permitirá a los Estados miembros deportar a personas migrantes a centros situados fuera del territorio comunitario.
La medida, impulsada por los grupos de derecha y extrema derecha de la Eurocámara, ha sido duramente criticada por la izquierda y por numerosas organizaciones humanitarias, que la consideran un retroceso histórico en materia de derechos humanos.
El texto, aprobado con 389 votos a favor, 206 en contra y 32 abstenciones, contempla la creación de “centros de retorno” en terceros países mediante acuerdos bilaterales, siguiendo el modelo inaugurado por Italia con las instalaciones abiertas en Albania por el Gobierno de Giorgia Meloni.
Aunque los menores no acompañados quedan excluidos, el reglamento sí permite el traslado de familias con hijos, lo que ha generado un profundo rechazo entre entidades sociales y defensores de la infancia.
La reforma endurece además las condiciones para las personas migrantes que no cooperen con las autoridades y amplía el periodo máximo de detención, que podrá alcanzar los treinta meses en determinados casos.
Bruselas justifica estas medidas en la necesidad de aumentar la eficacia de las expulsiones, que actualmente solo se ejecutan en torno al 28% de los casos. Para el comisario europeo de Interior, Magnus Brunner, del Partido Popular Austriaco, el voto del Parlamento acerca a la UE a disponer de “las herramientas necesarias para un sistema migratorio creíble basado en retornos efectivos”.
El apoyo al reglamento elaborado en marzo del año pasado ha sido posible gracias a una alianza entre el Partido Popular Europeo, los Conservadores y Reformistas Europeos, Patriotas por Europa y Europa de las Naciones Soberanas.
Desde estos grupos se ha celebrado el resultado como un “éxito” y un giro necesario para reforzar el control migratorio. El eurodiputado de Vox, Jorge Buxadé, llegó a calificarlo como “uno de los textos más contundentes de la historia de la Unión Europea en materia de inmigración” y un primer paso hacia la “remigración”.
En el lado opuesto, socialdemócratas, verdes y la izquierda han denunciado que el PPE se haya alineado con posiciones de extrema derecha, rompiendo consensos históricos en materia de derechos fundamentales.
Ana Catarina Mendes, vicepresidenta del Grupo Socialistas y Demócratas, lamentó que la Eurocámara haya optado por “un giro político impulsado por el deseo del PPE de alinearse con la extrema derecha”. La eurodiputada verde Mélissa Camara calificó la votación como “una traición a los valores fundamentales de la Unión Europea”.
Las organizaciones sociales también han mostrado su preocupación. Desde PICUM, Silvia Carta advirtió de que la alianza entre centroderecha y extrema derecha “allana el camino para la detención masiva, la separación de familias y las deportaciones, normalizando abusos que ya se han visto en otros países y poniendo en riesgo innumerables vidas”.
CCOO también ha rechazado el giro migratorio de la UE, al considerar una “aberración” insistir en una política basada en expulsiones y reclamar, frente al “blindaje fronterizo”, vías legales, efectivas y seguras para una migración “legal, segura y ordenada”.
El acuerdo deberá ahora negociarse en trílogos entre la Comisión, el Consejo y el Parlamento, un proceso que comenzará esta misma tarde y que estará liderado por el eurodiputado Malik Azmani, de Renovar Europa.
Los populares confían en una negociación rápida, dado que el texto aprobado se acerca mucho a la propuesta inicial de la Comisión. Si se confirma, la UE culminará un giro restrictivo que marcará la política migratoria de los próximos años y que ya ha abierto una profunda fractura política y social en el seno de la Unión.
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