Unai Sordo: “La justicia tardía en el orden social puede dejar de ser justa”
CCOO presenta la campaña “Sin Justicia no hay derechos” y alerta de que el colapso de los juzgados sociales está debilitando la protección efectiva de las personas trabajadoras
La lentitud de la justicia laboral se ha convertido en un problema estructural que amenaza la garantía real de los derechos de las personas trabajadoras. Así lo denuncia Comisiones Obreras (CCOO) en el informe presentado en el marco de la campaña “Sin Justicia no hay derechos”, con la que el sindicato reclama una respuesta institucional ante la situación de colapso que atraviesa la jurisdicción social.
El secretario general de CCOO, Unai Sordo, acompañado por el secretario de Acción Sindical y Transiciones Estratégicas, Javier Pacheco, y la directora del Gabinete Jurídico Confederal, Eva Urbano, ha presentado un estudio sobre el impacto que las demoras judiciales están teniendo en la efectividad de los derechos laborales y sociales.
Para Sordo, “no estamos ante un problema menor de organización judicial ni ante una simple incomodidad administrativa”, sino ante “un problema estructural de Estado de Derecho en el ámbito laboral”.
La jurisdicción social es el espacio donde se resuelven conflictos que afectan directamente a la vida cotidiana de millones de personas trabajadoras: salarios pendientes, despidos, prestaciones de Seguridad Social, conciliación, vulneración de derechos fundamentales, conflictos colectivos o decisiones empresariales que modifican condiciones laborales esenciales.
Por ello, CCOO advierte de que la acumulación de retrasos tiene consecuencias mucho más profundas que un simple aplazamiento administrativo.
“Cuando el juicio en esta jurisdicción se señala a muchos meses o incluso años vista, el derecho no solo se retrasa. En muchos casos el derecho se debilita, pierde eficacia y deja de cumplir su función protectora”, ha explicado Sordo.
Derechos que llegan tarde
La organización de trabajadoras y trabajadores insiste en que el impacto de esta situación no afecta por igual a todas las partes. En el ámbito laboral existe una desigualdad de partida entre quien reclama un derecho y quien tiene más capacidad económica para soportar la espera.
“La demora judicial no es neutra”, ha advertido Sordo, al señalar que cuando una reclamación salarial tarda más de un año en resolverse, es la persona trabajadora quien soporta durante ese tiempo las consecuencias del incumplimiento empresarial.
En los despidos, la respuesta judicial llega en muchas ocasiones cuando la ruptura laboral ya ha producido consecuencias económicas, profesionales y personales. En Seguridad Social, los retrasos afectan al acceso a prestaciones, pensiones, incapacidades o situaciones de necesidad.
También ocurre con las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, donde la persona trabajadora afectada puede verse obligada a asumir durante meses una medida empresarial antes de que exista una resolución judicial sobre su legalidad.
“Cuando se retrasa la respuesta frente a un despido, un salario impagado, una prestación denegada o una vulneración de derechos fundamentales, no se retrasa un trámite. Se retrasa la protección material de la vida laboral y social de las personas trabajadoras”, ha subrayado.
El secretario de Acción Sindical y Transiciones Estratégicas de CCOO, Javier Pacheco, ha incidido precisamente en esta idea al señalar que la situación actual está afectando a la función esencial de los juzgados sociales: garantizar una tutela rápida ante conflictos que tienen un impacto inmediato en la vida de las personas.
Según ha explicado, el sindicato ha elaborado este informe a partir del seguimiento de sus propios servicios jurídicos ante la falta de información pública suficiente que permita conocer con precisión y de forma actualizada el estado real de los señalamientos judiciales.
Para Pacheco, disponer de esos indicadores resulta imprescindible para poder actuar sobre las causas del problema y evitar que una situación extraordinaria termine convirtiéndose en permanente. En este sentido, ha reclamado una evaluación continuada de la carga de trabajo de los juzgados sociales y una planificación adecuada de los recursos necesarios.
El dirigente sindical ha defendido que hacen falta “medios materiales, salas judiciales, oficinas judiciales, personal y organización adecuada” para garantizar una respuesta eficaz.
Una respuesta institucional ante un problema estructural
La organización sindical considera que el deterioro de la jurisdicción social exige una actuación coordinada de todas las administraciones con competencias. En este sentido, anuncian que remitirá el estudio al Ministerio de Justicia, al Consejo General del Poder Judicial, a las comunidades autónomas con competencias en medios materiales y a los grupos parlamentarios.
Entre sus propuestas está la creación de una mesa institucional específica sobre la jurisdicción social con participación de los interlocutores sociales, así como un plan de choque en los territorios y materias donde existe una situación de colapso funcional.
También reclama indicadores públicos actualizados sobre señalamientos, sentencias, recursos y ejecuciones, además de protocolos que aseguren la prioridad efectiva de los procedimientos urgentes y preferentes.
CCOO abrirá además una línea de actuación jurídica ante casos de especial demora, incluyendo posibles recursos frente a señalamientos incompatibles con el derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas y reclamaciones de responsabilidad patrimonial cuando proceda.
El sindicato pretende trasladar también esta situación al marco europeo de evaluación del Estado de Derecho, vinculando la calidad democrática con la capacidad de garantizar derechos laborales, sindicales y de protección social.
“La justicia tardía en el orden social no es una justicia simplemente lenta, es una justicia que puede dejar de ser efectiva. Es decir, es una justicia que puede dejar de ser justa”, ha subrayado Sordo.
“La jurisdicción social fue concebida como una jurisdicción rápida, accesible y protectora, y recuperar esa función es hoy una exigencia constitucional, social y democrática”, ha remarcado.
El mapa del colapso de la justicia laboral450 días para reclamar salarios y derechos laborales Las reclamaciones salariales y de reconocimiento de derechos acumulan una demora media estatal de 15 meses. CCOO ha analizado 1.676 expedientes y detecta 41 provincias en situación de “colapso funcional”. Más de un año para resolver un despido Aunque los despidos individuales son procedimientos urgentes y preferentes, el señalamiento judicial alcanza una media de 375 días, más de un año. Hay 29 provincias en situación de colapso. 13 meses para prestaciones de Seguridad Social Las reclamaciones vinculadas a pensiones, incapacidades u otras prestaciones presentan una demora media de 389,7 días, unos 13 meses, y afectan a 36 provincias. Solo el juicio, no el final del proceso CCOO recuerda que estos plazos corresponden únicamente al señalamiento de la vista judicial. A partir de ahí todavía queda pendiente la sentencia y, en su caso, los recursos posteriores. |
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Director de Noticias Obreras.
Autor del libro No os dejéis robar la dignidad. El papa Francisco y el trabajo. (Ediciones HOAC, 2019). Coeditor del libro Ahora más que nunca. El compromiso cristiano en el mundo del trabajo. Prólogo del papa Francisco (Ediciones HOAC, 2022)
