La vivienda se ha convertido en uno de los principales motores de exclusión social
Las estrategias contra la exclusión han perdido su eficacia en España, según el XVI Informe El Estado de la Pobreza en España, elaborado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado español (EAPN‑ES) y apunta a la situación de la vivienda como uno de los factores determinantes que están ensanchando las desigualdades.
Para EAPN‑ES, al igual que la crisis financiera que desencadenó la Gran Recesión produjo una brecha patrimonial que va profundizándose con el tiempo, la vivienda está jugando ahora un papel que explica en gran medida en el ensanchamiento de la desigualdad, un fenómeno que hoy se consolida como uno de “los principales motores de exclusión social en el país”.
El informe confirma que el acceso a la vivienda en España ha experimentado un giro estructural desde el estallido de la crisis inmobiliaria de 2008, un proceso que, lejos de ampliar las opciones habitacionales, ha profundizado la desigualdad.
Tal como advierte el documento, “este proceso de concentración de la propiedad de la vivienda y desplazamiento de parte de la población hacia el alquiler, lejos de implicar una mejora en las opciones habitacionales, ha venido acompañado de inestabilidad, encarecimiento y precariedad”.
Entre 2008 y 2025, la proporción de personas que viven en hogares en propiedad descendió del 80,2 % al 73,7 %, mientras que el alquiler creció del 14,3 % al 20,8 %, consolidando un cambio estructural en el modelo residencial.
En paralelo, la concentración patrimonial se ha intensificado: el 10 % más rico acumula hoy el 41,8 % del valor inmobiliario, más del triple que la mitad de los hogares con menor patrimonio, que apenas alcanza el 12,4 %.
Los autores de la investigación subrayan que esta tendencia no es coyuntural, sino sostenida: “el estudio evolutivo de esta realidad refleja la tendencia a la concentración de los últimos años”, recordando que en 2011 ese 10 % más rico poseía el 34,3 % del valor de todas las viviendas, un peso que aumentó más de siete puntos en una década, mientras que el 50 % con menos propiedades pasó del 20,6 % al 13,3 % en 2021 y al 12,4 % en 2025.
La acumulación de factores de vulnerabilidad resta impacto a las estrategias públicas que tratan de reducir la desigualdad. La pobreza severa afecta al 22,3% de los hogares monoparentales, al 15,1% de quienes viven de alquiler a precio de mercado y al 21,7% de la población extracomunitaria. Cuando estos factores se combinan, la realidad se vuelve extrema: el 53,4% de las personas extracomunitarias que viven en hogares monoparentales se encuentra en pobreza severa.
La vivienda aparece como uno de los principales motores de desigualdad. El 43,6% de quienes viven de alquiler a precio de mercado está en riesgo de pobreza o exclusión, frente al 19,5% de quienes residen en vivienda en propiedad.
La pobreza severa casi se triplica entre quienes alquilan, situándose en el 15,1%, frente al 5,4% de los hogares propietarios. EAPN‑ES denuncia que la escasez de vivienda social —apenas el 3,3% del parque, muy por debajo del 9% europeo— deja a los hogares con menos recursos atrapados en un mercado privado cada vez más inaccesible.
Más de 12 millones de personas en riesgo de pobreza
Según los datos de la última Encuesta de Condiciones de Vida, unos 12,6 millones de personas, el 25,7 % de la población, continúan en riesgo de pobreza o exclusión social, una cifra prácticamente invariable desde hace más de una década.
El informe muestra que la tasa de pobreza se sitúa en el 19,5%, el valor más bajo de la serie histórica, aunque todavía afecta a 9,6 millones de personas. La pobreza severa alcanza al 8% de la población, lo que supone 3,9 millones de personas que viven con menos de 680 euros al mes.
En cuanto las penurias relacionadas con la energía, los datos revelan la gravedad de esta situación: el 15,9% de la población no puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada en invierno, y el 41,5% de las personas en pobreza no puede afrontar mejoras de aislamiento o calefacción.
La pobreza golpea con especial intensidad a la infancia, la población migrante y las personas con discapacidad. Uno de cada tres menores, el 33,8%, está en riesgo de pobreza o exclusión; la pobreza infantil alcanza el 28,4% y la severa el 12,5%.
Los hogares monoparentales presentan niveles especialmente graves: uno de cada dos está en riesgo de pobreza o exclusión y más de cuatro de cada diez viven en pobreza.
Entre la población extracomunitaria, el 53,5% está en riesgo de pobreza o exclusión, una situación que la entidad atribuye a barreras estructurales como la discriminación, la precariedad laboral o las dificultades de acceso a la vivienda.
La lucha contra la pobreza se ha estancado
El estudio afirma que las políticas públicas “funcionan para contener la pobreza”, pero advierte de que las herramientas vigentes “han alcanzado un límite” y ya no logran nuevos avances.
La organización valora positivamente el avance del proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes, al considerarlo una medida de ampliación de derechos, y pide que se aplique con garantías para evitar nuevas exclusiones.
En el caso de las personas con discapacidad, el 32,2% está en riesgos de exclusión y el 13,5% en carencia material y social severa, lo que evidencia la necesidad de apoyos suficientes para garantizar autonomía e igualdad.
La red insiste en que la Estrategia Europea contra la Pobreza debe traducirse en financiación suficiente, compromisos concretos y políticas más ambiciosas capaces de romper el suelo estructural que mantiene a millones de personas atrapadas en la exclusión.
El Estado de bienestar continúa siendo un freno a la desigualdad, pero su capacidad de reducción de la pobreza es limitada. En 2025, las transferencias sociales evitaron que 11 millones de personas cayeran en la pobreza, aunque la comparación europea muestra que España es menos eficaz que otros países.
Antes de transferencias, España parte de niveles de pobreza similares a Francia o Irlanda; después de ellas, Irlanda reduce la pobreza al 13%, Francia al 16,3% y España solo al 19,5 %. La situación es especialmente preocupante en la infancia, donde España sigue siendo el país de la Unión Europea con mayor tasa de pobreza infantil.
EAPN‑ES advierte del riesgo de no consolidar medidas del escudo social, como la protección frente a desahucios, las garantías contra la pobreza energética, los descuentos del bono social eléctrico o la contención del precio del alquiler.
Especial énfasis pone la red en defender la garantía de rentas para todo el ciclo vital, mejorando el funcionamiento del ingreso mínimo vital (IMV), su coordinación con las rentas autonómicas y ampliando la protección universal a la infancia.
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