España ha agotado ya sus recursos naturales de 2026 y entra en déficit ecológico
Un día antes de la conmemoración del Día Mundial del Medioambiente, España entró en déficit ecológico, la fecha en la que el país agota los recursos naturales que la Tierra puede regenerar en un año. Según los últimos cálculos del Día de la Sobrecapacidad, si toda la población mundial viviera como la española serían necesarios 2,35 planetas para sostener el actual ritmo de consumo.
Tanto Amigos de la Tierra como Greenpeace coinciden en que el modelo económico vigente es insostenible y profundiza las desigualdades, pero subrayan que existen alternativas viables para garantizar bienestar dentro de los límites ecológicos.
Las organizaciones ecologistas sitúan el foco en un patrón de consumo que consideran estructural: el 75% de la energía que se utiliza en España sigue siendo de origen fósil; circulan 26 millones de vehículos; el país concentra uno de cada cuatro cerdos de la UE; y aspira a recibir 100 millones de turistas en plena crisis energética y climática.
“El ‘Spanish way of life’ ha hecho catacrack”, resume Greenpeace, que advierte de que este modelo “endeuda ecológicamente” al país a costa de otros territorios y de las generaciones futuras.
Amigos de la Tierra insiste en que la sobrecapacidad revela un consumo desigual: los países y clases sociales que menos recursos utilizan son quienes más sufren los impactos de la crisis ecológica.
La organización denuncia además el enfoque extractivista de Europa, que compite por minerales críticos para la transición energética y digital sin reducir la demanda ni garantizar derechos humanos.
Reclama al Gobierno español objetivos vinculantes de reducción del consumo de recursos, indicadores que midan impactos reales —como la Huella Material o la exergía— y políticas que reduzcan la necesidad de nueva minería mediante prevención, reutilización y reciclaje. Según sus cálculos, mejorar los sistemas de reciclaje permitiría cubrir hasta el 67% de la demanda de minerales asociada a la transición energética.
Greenpeace, por su parte, vincula el agotamiento de recursos con un clima social de malestar y parálisis que, sostiene, no es casual. La organización denuncia estrategias de desinformación que buscan “inundar el debate de ruido” para bloquear la acción colectiva, mientras las élites económicas acaparan recursos, blindan privilegios y niegan la crisis climática.
Frente a ese escenario, reivindica la necesidad de avanzar hacia “ecotopías”, modelos de bienestar compatibles con los límites del planeta. “La buena vida no es consumir más, sino tener tiempo, comunidad fuerte y derechos garantizados”, señalan.
Para ello, Greenpeace propone un Contrato Social Verde que permita “llegar a fin de mes sin llegar al fin del mundo”. Entre sus medidas destacan una garantía estatal de movilidad sostenible y un abono único de transporte público; la rehabilitación energética de 10 millones de viviendas para reducir facturas y crear empleo verde; una transición agroecológica que apoye a los pequeños agricultores y reduzca la dependencia de macrogranjas; la regeneración de ecosistemas como Doñana, el Mar Menor o la Albufera; y la expansión de comunidades energéticas y autoconsumo.
También reclama un “escudo social verde” para proteger a la población de la volatilidad energética y una fiscalidad que haga que “quien contamine y se enriquezca, pague”.
Pese a la gravedad del diagnóstico, ambas organizaciones coinciden en que el Día de la Sobrecapacidad no debe asumirse como un destino inevitable, sino como una llamada urgente a cambiar de rumbo. Un cambio que, subrayan, no pasa por renunciar al bienestar, sino por redefinirlo desde la justicia social, la suficiencia y el cuidado de los bienes comunes.
La nube que deja sin agua la tierra
La expansión de la inteligencia artificial (IA) está elevando la presión sobre el agua, la energía y el suelo. Según un informe del Instituto Universitario de Naciones Unidas para el Agua, el Medio Ambiente y la Salud (UNU-INWEH), para 2030 el consumo de agua asociado a la IA podría equivaler al de 1.300 millones de personas en el África subsahariana
En paralelo, la demanda energética de estas tecnologías alcanzaría casi el triple del consumo anual conjunto de Pakistán, Bangladesh y Nigeria, mientras que sus emisiones podrían situarse en torno a 400 millones de toneladas de CO₂, una cifra comparable a la de Reino Unido.
El estudio advierte además de que el impacto real se suele infravalorar, porque no solo cuenta el entrenamiento de los modelos, sino también su uso cotidiano y la huella hídrica y territorial de los centros de datos.
Los centros de datos que sostienen la IA consumen unos 448 teravatios hora (TWh), un nivel equiparable al de Francia. Una sola instalación puede llegar a utilizar tanta agua como 360.000 hogares, y el conjunto de estas infraestructuras consume electricidad equivalente a la de países como Argentina, Chile y Colombia combinados.
Aunque optar por fuentes renovables puede reducir hasta un 70% las emisiones, multiplica por 30 el consumo de agua y por 100 el uso de suelo, trasladando el impacto a otras regiones.
Para 2030, la infraestructura necesaria para sostener la IA ocupará unos 14.500 kilómetros cuadrados, el doble del área metropolitana de Yakarta. En países como Brasil, la expansión de energías renovables para alimentar centros de datos ya ha provocado deforestación y pérdida de tierras agrícolas, mientras que en regiones con estrés térmico, como Chile, aumenta la demanda de agua para refrigeración, agravando situaciones de sequía.
El estudio introduce además un cambio relevante en la comprensión del consumo energético: entre el 80% y el 90% del gasto total se produce durante el uso cotidiano de los sistemas (inferencia), y no en su entrenamiento.
Así, una conversación estándar con un chatbot puede consumir hasta 200 veces más energía que tareas simples como filtrar correos spam, mientras que generar imágenes o vídeos eleva exponencialmente ese consumo.
A ello se suma una distribución desigual de costes y beneficios. Solo el 16% de los países dispone de infraestructura especializada en IA, y Estados Unidos y China concentran el 90% de la capacidad global. Sin embargo, los impactos —desde el consumo de agua hasta los residuos electrónicos, que podrían alcanzar los 2,5 millones de toneladas anuales en 2030— se reparten de forma más amplia, a menudo afectando a regiones con menos recursos.
Expertos y organismos internacionales coinciden en la necesidad de reforzar la gobernanza de esta tecnología. El director del UNU-INWEH, Kaveh Madani, subraya que el objetivo no es frenar la IA, sino garantizar que su desarrollo se mantenga dentro de “los límites planetarios”. Entre las recomendaciones figuran exigir mayor transparencia a las empresas y fomentar una “eficiencia por diseño” que adapte el uso de modelos a cada tarea para reducir su impacto.
En España, el foco está puesto sobre todo en Aragón y la Comunidad de Madrid, donde grandes tecnológicas como Microsoft han anunciado o impulsan nuevos proyectos. Microsoft asegura que sus nuevos centros de datos en España no consumirán agua para la refrigeración operativa y que parte de sus iniciativas en Aragón incluyen reposición hídrica en la cuenca del Ebro.
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