Denuncian el endurecimiento de política europea de migraciones por poner en riesgo derechos fundamentales
La entrada en vigor del Pacto Europeo de Migración y Asilo, prevista para este 12 de junio, y la reciente aprobación del Reglamento europeo de Retorno, despierta más que recelos en las organizaciones de derechos humanos y en os sindicatos, que ven en estas medidas un riesgo para los derechos fundamentales de las personas migrantes.
Casi 15 entidades sociales, entre ellas Cáritas, el Servicio Jesuita a Migrantes o Red Acoge, denuncian que la Unión Europea está consolidando un modelo que, lejos de reforzar la protección internacional, amenaza derechos fundamentales de las personas migrantes y refugiadas.
El Pacto, unido al recién aprobado reglamento europeo de retorno, inaugura “un hito para todos los países europeos” que plantea “importantes retos en relación con la garantía de derechos” y abre la puerta a un sistema más restrictivo, más punitivo y menos garantista, según el comunicado que también respaldan Amnistía Internacional, CEAR, Entreculturas, Federación Sur Acoge, Irídia-Centro para la Defensa de los Derechos Humanos, Médicos del Mundo, Médicos Sin Fronteras, Novact, Oxfam Intermón, y la Plataforma de Infancia
Las entidades advierten de que el nuevo marco normativo “amplía el uso de la detención de las personas migrantes e incorpora medidas coercitivas para intensificar las deportaciones”, debilitando garantías consolidadas como el derecho de asilo, la protección frente a devoluciones, la defensa jurídica efectiva, el acceso a la información o la atención específica a personas vulnerables.
La revisión del concepto de tercer país seguro y la elaboración de listas de países considerados seguros —pese a sus deficiencias en derechos humanos—, alertan, facilitará expulsiones sin garantías suficientes y reducirá las posibilidades reales de obtener protección.
En el caso español, las organizaciones lamentan la falta de información sobre cómo se aplicará este nuevo marco. Aunque se han abierto espacios de interlocución con la Administración, denuncian que “no se han materializado en una información precisa sobre las medidas concretas” para adaptar el Pacto al contexto nacional.
Reclaman al Gobierno transparencia, acceso a los planes y protocolos, y una aplicación “lo más garantista posible conforme a los derechos humanos”. También subrayan la necesidad de dotar de recursos suficientes al mecanismo de supervisión que asumirá el Defensor del Pueblo, cuya independencia y capacidad de investigación consideran esenciales para vigilar el respeto de los derechos fundamentales en frontera.
Uno de los elementos más controvertidos es el triaje fronterizo, que, según las entidades, “refuerza mecanismos de control en frontera, como el uso intensivo de datos biométricos y la externalización del control migratorio hacia terceros países que no garantizan los derechos humanos”.
Temen que este proceso afecte especialmente a personas vulnerables y a menores, pese a que el propio reglamento prevé excepciones por motivos humanitarios. También alertan sobre los procedimientos fronterizos de asilo, que podrán aplicarse a más supuestos y con plazos más reducidos, una dinámica que “pone en riesgo el análisis individualizado, aumenta el riesgo de detención y restricciones a la movilidad” y favorece “el uso de centros cerrados o de detención de facto, incluso para menores”.
En materia de retorno, las organizaciones denuncian que la sincronización entre la denegación de protección internacional y la decisión de expulsión “puede poner en riesgo el examen de otras formas de protección o residencia” y afectar al principio de no devolución.
Recuerdan, además, que durante los procedimientos fronterizos debe garantizarse el acceso a la salud conforme a la normativa española y europea, también en centros cerrados o semicerrados, con independencia de la situación administrativa.
Trabajadores migrantes que contribuyen al avance de la sociedad
A estas críticas se suma de las organizaciones de trabajadores, como la UGT, que en un comunicado reciente ha expresado su preocupación ante el nuevo reglamento de retornos, al igual que ya hicieran antes CCOO y USO.
Aunque reconoce la necesidad de instrumentos eficaces y coordinación entre Estados, el sindicato rechaza una política migratoria “centrada prioritariamente en la expulsión, el control y la externalización de responsabilidades”. UGT subraya, además, que estas medidas pueden afectar a familias con menores, vulnerando el principio del interés superior del niño.
El sindicato recuerda que las personas migrantes forman parte de las sociedades europeas y de sus mercados de trabajo, y que su contribución es esencial para sectores económicos clave y para afrontar retos como el envejecimiento demográfico.
Por ello, defiende una política migratoria común basada en la responsabilidad, la solidaridad y el respeto a los derechos humanos, que refuerce las vías legales y seguras, los sistemas de acogida y los mecanismos de inclusión social y laboral.
Save the Children ha advertido, por su parte, de que los menores podrían enfrentarse a un “mayor riesgo de controles biométricos coercitivos y detención”, aunque el impacto final dependerá de cómo implemente cada país el nuevo marco. La organización recuerda que la protección de la infancia debe ser un principio irrenunciable en cualquier política migratoria.
El nuevo sistema generaliza y agiliza los retornos mediante la llamada “ficción de no entrada”, que permite tratar a las personas que crucen irregularmente la frontera como si no hubieran llegado formalmente a territorio europeo. “Así, se aplica un procedimiento de retorno automático. Mientras que antes contaban con 15 días para salir voluntariamente, ahora la expulsión es directa”, explica el abogado Mauricio Valiente. El profesor Santos Vara añade que esta medida “limita los derechos” y estrecha el vínculo entre control fronterizo, asilo y retorno: la identificación debe ser inmediata y, si no hay derecho a protección, la expulsión debe ejecutarse en un plazo máximo de siete días.
En enero, Bruselas publicó una lista de países seguros —Bangladesh, Colombia, Egipto, Kosovo, India, Marruecos y Túnez— con el objetivo de acelerar las solicitudes de asilo, lo que en la práctica dificultará el acceso a protección para sus nacionales.
Además, el Pacto establece un procedimiento exprés de doce semanas para resolver las solicitudes de quienes lleguen irregularmente, que será obligatorio en tres supuestos: riesgo para la seguridad, engaño a las autoridades o procedencia de países con una tasa de reconocimiento inferior al 20%. Actualmente, los procedimientos suelen prolongarse entre uno y dos años.
La sociedad civil coincide en que este giro normativo supone una transformación profunda del sistema europeo de asilo y retorno, con implicaciones directas para miles de personas. Por ello, reclaman un mecanismo de supervisión independiente que “garantice el respeto de los derechos fundamentales en la gestión fronteriza”, con medidas efectivas de transparencia, rendición de cuentas y participación regular de la sociedad civil.
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Redacción de Noticias Obreras.
