Apelan a la responsabilidad de los partidos para sacar adelante el nuevo decreto de alquileres
Los sindicatos han pedido a todas las fuerzas políticas para que actúen “con responsabilidad y altura de miras” ante la tramitación del nuevo decreto para contener la subida de los alquileres
El Gobierno ha ultimado un primer borrador del nuevo Real Decreto-ley de medidas para hacer frente a la crisis de acceso a la vivienda, cuya aprobación está prevista para el próximo martes en Consejo de Ministros.
y que aprovechen el debate parlamentario para demostrar que la acción política es capaz de ofrecer respuestas eficaces a una de las principales preocupaciones de la ciudadanía: el acceso a una vivienda digna y asequible.
CCOO y UGT recuerdan que España atraviesa “una de las mayores crisis de acceso a la vivienda de las últimas décadas” y consideran que el interés general debe prevalecer sobre las diferencias partidistas. “La ciudadanía necesita soluciones, no nuevos bloqueos”, subrayan desde estas organizaciones que no han entrado a juzgar el contenido de la norma propuesta.
La Confederación de Sindicatos de Inquilinas, por su parte, ha acogido con cautela el anuncio del nuevo decreto, a la espera de conocer su articulado final y el resultado de las negociaciones cruzadas entre los grupos parlamentarios.
Aunque valoran positivamente la ampliación de la protección para los inquilinos reclaman una moratoria general de desahucios, una de sus principales reivindicaciones desde la caída de las medidas extraordinarias aprobadas durante los últimos.
El nuevo intento pretende corregir el revés parlamentario sufrido por el bloque gubernamental en su anterior propuesta para congelar los alquileres, que fue rechazada en el Congreso con los votos en contra de PP, Vox, Junts y UPN.
En aquella ocasión, la posibilidad de solicitar una extensión extraordinaria se limitaba a los contratos que vencieran en 2026 y 2027. El nuevo borrador amplía el plazo seis meses más, incorporando también los arrendamientos que concluyan entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2028.
Desde Sumar se está comentado que la nueva prórroga “reforzada” podrá ser solicitada por los inquilinos cuyos contratos expiren hasta esa fecha y permitirá mantener las condiciones vigentes del arrendamiento durante un máximo de dos años, impidiendo al propietario incrementar el precio de la renta durante el periodo prorrogado.
Los cálculos manejados por el Ejecutivo apuntan a que la extensión del plazo incrementará en cerca de un millón el número potencial de beneficiarios respecto a la propuesta anterior.
En total, entre el 21 de marzo de 2026 y el 30 de junio de 2028, podrían acogerse a la medida alrededor de 1,5 millones de hogares, lo que equivale a casi cuatro millones de personas.
“Podrán beneficiarse de la prórroga casi cuatro millones de personas y un millón y medio de hogares”, señalan fuentes de la formación que lidera la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, a los medios de comunicación.
Negociación parlamentaria
El texto se encuentra todavía en fase de borrador y ya ha comenzado a remitirse a los grupos parlamentarios para sondear apoyos de cara a su convalidación en el Congreso, previsiblemente en septiembre.
El Ejecutivo busca evitar que se repita el escenario de abril, cuando la anterior iniciativa decayó durante su tramitación parlamentaria.
En este contexto, el respaldo de Junts vuelve a ser determinante para garantizar la mayoría necesaria. El partido catalán ya mostró su rechazo al decreto precedente y ha planteado en las últimas semanas demandas relacionadas con incentivos fiscales para la compra de vivienda, beneficios para propietarios e iniciativas económicas dirigidas a trabajadores autónomos.
Regulación del alquiler temporal y turístico
Además de la prórroga extraordinaria de los contratos, el nuevo paquete incluye una regulación específica del alquiler de temporada y del alquiler por habitaciones. El objetivo, según las fuentes consultadas, es impedir el uso fraudulento de estas modalidades para eludir los límites de precios establecidos por la Ley de Vivienda en aquellas comunidades autónomas que han declarado zonas tensionadas.
El decreto también contempla medidas destinadas a desincentivar el alquiler turístico. Entre ellas figura la elevación hasta el 21% del IVA aplicable a este tipo de actividades y un endurecimiento del régimen sancionador vinculado a la publicidad de viviendas turísticas en plataformas digitales.
Desde Sumar sostienen que estas iniciativas buscan corregir los efectos que la expansión del alquiler vacacional está teniendo sobre la oferta de vivienda residencial en numerosas ciudades y zonas turísticas.
Desahucios, principal punto de fricción
Otro de los aspectos incorporados al borrador es una propuesta, todavía pendiente de negociación con los grupos parlamentarios, destinada a reforzar la protección de las familias en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, este punto continúa siendo una de las principales discrepancias dentro de la mayoría de investidura.
El PSOE se ha mostrado reticente a recuperar una moratoria similar a la rechazada anteriormente en el Congreso, mientras que Junts mantiene su oposición a este tipo de medidas, lo que complica su eventual inclusión definitiva en el texto.
Los sindicatos han instado al Gobierno a actuar con “prudencia y responsabilidad” para recabar los apoyos necesarios que permitan la convalidación del decreto. En este sentido, consideran que deben evitarse escenarios que generen inseguridad jurídica o expectativas de incertidumbre entre la población.
A juicio de UGT y CCOO, un nuevo fracaso legislativo supondría trasladar a los ciudadanos la incertidumbre sobre la defensa de sus derechos y obligarles a recurrir a los tribunales para resolver situaciones que deberían estar amparadas por una normativa específica.
Las dos organizaciones de trabajadores y trabajadoras reivindican un acuerdo amplio que permita adoptar medidas eficaces para limitar los precios de acceso a la vivienda y revertir la situación actual.
Sostienen que la convalidación del nuevo Real Decreto-ley debe apoyarse en el consenso parlamentario y en una forma de hacer política basada en el interés general. “La ciudadanía reclama acuerdos con mayorías suficientes, estabilidad y soluciones”, concluyen.
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