Los sindicatos reclaman nuevas ayudas y medidas sobre vivienda ante el impacto de la crisis en Irán

Los sindicatos reclaman nuevas ayudas y medidas sobre vivienda ante el impacto de la crisis en Irán
FOTO | Mateo Lanzuela, vía Europa Press
CCOO y UGT han reclamado al Gobierno la prórroga de las medidas anticrisis aprobadas en marzo y nuevas actuaciones para proteger el poder adquisitivo, el acceso a la vivienda y el empleo ante el impacto económico derivado de la crisis en Irán y la inestabilidad internacional

La petición se produjo tras la reunión mantenida este lunes entre el Ejecutivo y los agentes sociales, en la que participaron las tres vicepresidencias del Gobierno, varios ministerios económicos y sociales, así como las direcciones de CEOE, CEPYME, CCOO y UGT. El encuentro sirvió para evaluar los efectos del Real Decreto-ley 7/2026, aprobado para contener las consecuencias económicas de la guerra en Oriente Medio, cuya vigencia finaliza el próximo 30 de junio.

Las organizaciones sindicales consideran que la economía española “ha mostrado una importante capacidad de resistencia frente a la crisis”, destacando el papel de las energías renovables, la electrificación y las medidas de contención de precios impulsadas por el Gobierno para evitar un mayor encarecimiento de la energía y los combustibles.

No obstante, alertan de que persisten riesgos importantes vinculados al abastecimiento de combustibles estratégicos como el gas y el queroseno, con posibles consecuencias sobre sectores clave como el transporte aéreo y el turismo.

Los sindicatos ponen además el foco en el deterioro de las condiciones de vida de muchas personas trabajadoras. Aunque el empleo mantiene una evolución positiva, CCOO y UGT advierten de que “una parte importante de las personas trabajadoras” continúa perdiendo poder adquisitivo por el aumento de la inflación, especialmente en productos básicos y en el acceso a la vivienda.

El IPC alcanzó el 3,2% en abril, un punto por encima de las previsiones realizadas a comienzos de año, mientras el coste de la vivienda sigue tensionando las economías familiares y agravando las dificultades de acceso, particularmente en zonas turísticas y ciudades con fuerte presión inmobiliaria.

Ayuda de 300 euros y revisión del SMI

Ante este escenario, ambas organizaciones sindicales plantean mantener más allá del 30 de junio el paquete de medidas que consideran eficaz para proteger las rentas salariales y a los sectores más afectados por el incremento de los precios energéticos.

Entre sus propuestas destaca una ayuda extraordinaria de 300 euros para personas con ingresos inferiores al salario medio, que podría aplicarse mediante transferencia directa o deducción fiscal en el IRPF.

CCOO y UGT reclaman también la apertura inmediata del debate sobre la revisión semestral del salario mínimo interprofesional (SMI). Recuerdan que el incremento aprobado para 2026 fue del 3,1%, mientras que la inflación ya se sitúa en el 3,2%, lo que estaría erosionando nuevamente el poder adquisitivo de quienes perciben los salarios más bajos.

Las organizaciones sindicales apelan al artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores, que prevé una revisión semestral del SMI cuando las previsiones de inflación no se cumplan. Además, exigen la aprobación urgente del real decreto pendiente sobre compensación y absorción salarial para impedir que determinadas prácticas empresariales neutralicen las subidas del salario mínimo.

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La vivienda entra de lleno en la agenda laboral

La crisis de acceso a la vivienda ocupa un lugar central en las reivindicaciones sindicales. CCOO y UGT consideran necesario aprobar un paquete extraordinario de medidas para limitar el impacto de la especulación inmobiliaria y garantizar el acceso a la vivienda de las personas trabajadoras.

Los sindicatos alertan de que las dificultades habitacionales ya están teniendo consecuencias directas sobre el empleo, especialmente en territorios turísticos donde comienzan a existir problemas para cubrir puestos de trabajo de cara a la temporada alta.

La situación, señalan, también afecta a la cobertura de plazas en la función pública y amenaza con agravar los desequilibrios territoriales y sociales.

Entre las medidas planteadas, defienden limitar los precios del alquiler y congelar las actualizaciones de renta, recuperando iniciativas incluidas en el Real Decreto-ley 8/2026 sobre medidas en el alquiler, cuya convalidación fue rechazada posteriormente en el Congreso.

Los sindicatos consideran que, aunque las últimas noticias apuntan a una posible desescalada del conflicto bélico en Oriente Medio, el contexto internacional seguirá marcado por la incertidumbre y por el riesgo de nuevos impactos económicos y sociales sobre las familias trabajadoras.

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