El repunte del IPC hasta el 3,4% en marzo lleva a los sindicatos a reclamar control de precios y subidas salariales
Como era de esperar, la guerra iniciada por EEUU e Israel en Oriente Medio ha disparado la inflación que este marto alcanzó el 3,4% interanual, su nivel más alto desde junio de 2024, según los datos definitivos publicados por el INE. La variación mensual ha sido del 1,2%, y el IPC interanual se sitúa 1,1 puntos por encima del registrado en febrero.
El grupo de transporte registró un fuerte repunte, hasta el 5,3%, por el aumento de combustibles y lubricantes. También la vivienda elevó su tasa al 3,7%, debido a que la electricidad cayó menos que en marzo de 2025 y a la subida de los combustibles líquidos.
Sólo en el último mes el precio de combustibles y lubricantes se ha encarecido un 14,6%. Los combustibles líquidos han registrado un aumento de precios del 30% mensual y el gasóleo del 20,1% mensual.
La inflación subyacente, que excluye energía y alimentos no elaborados, aumentó hasta el 2,9%, dos décimas más que en febrero y su nivel más alto desde junio de 2024. Aun así, se mantiene cinco décimas por debajo del índice general.
En comparación con febrero, los precios subieron un 1,2%, el mayor incremento mensual desde junio de 2022. Destacan el transporte (+4,5%), el vestido y calzado (+6,5%) y la hostelería (+0,8%).
Desde el sindicato CCOO alertan de que el conflicto bélico ya está teniendo efecto en los productos básicos de las familias, como lo demuestra la evolución de la inflación subyacente que excluye energía y alimentos no elaborados.
El secretario confederal de Acción Sindical y Transiciones Estratégicas de CCOO, Javier Pacheco, ha insistido en la necesidad “de establecer medidas de control de precios que garanticen que los costes no se repercuten en la ciudadanía, manteniendo los márgenes de beneficios de las empresas”.
“Los niveles de inflación se están comiendo el incremento de los salarios pactados en 2026”, ha destacado el sindicalista, quien ha subrayado que de los 7,4 millones de personas que sus convenios tienen efectos económicos en 2026, “solo uno de cada cuatro recuperarían poder de compra”.
En su opinión, España tiene suficientes fuentes energéticas renovables para paliar los efectos de la crisis de Irán, pero requiere intervenir específicamente en el control de los precios de los combustibles.
“Las medidas fiscales no son suficientes para bajar los precios. Hay que limitarlos por la acción del Gobierno”, ha comentado al tiempo que ha reclamado medidas de apoyo directo a las familias para sufragar los incrementos de precios.
En este sentido, su sindicato llama al arco parlamentario a que convalide el decreto de la vivienda aprobado por el Gobierno y a las patronales a negociar el Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva para corregir el poder adquisitivo a través de subidas salariales y reducción de jornada laboral.
También UGT ha remarcado “la necesidad imperiosa de proteger el poder de compra de las personas trabajadoras frente al abrupto repunte de los precios”, más aún ante la previsión en caso de un conflicto prolongado, de una inflación a final de año en torno al el 6%. De ahí que además de pactar incrementos salariales, esta organización reclama “cláusulas de garantía salarial”.
Esta organización pide al Gobierno que refuerce “el carácter selectivo de las ayudas y evitar un impacto regresivo de las mismas”, como sucede con algunas de carácter generalista. Incluso defiende “ayudas directas a las personas con bajos ingresos y patrimonio, de manera similar a la ayuda de 200 euros que se implementó durante la anterior crisis inflacionaria derivada del inicio de la invasión rusa de Ucrania”.
Entiende UGT que “no actuar con rapidez y ambición supone, en la práctica, trasladar el coste de la inflación a quienes menos capacidad tienen para soportarlo”.
El sindicato, igualmente, reivindica la recuperación de la moratoria antidesahucios, que protegía a los hogares más vulnerables y cuya vigencia decayó en febrero, además de la ratificación del Real Decreto-ley 8/2026, que permite la prórroga extraordinaria de dos años de los contratos de alquiler que finalizan entre el 22 de marzo de este año y el 31 de diciembre de 2027, además de establecer un límite del 2% a la actualización anual de las rentas en los contratos de vivienda habitual.
El secretario general de USO, Joaquín Pérez, se ha lamentado de que las crisis derivadas del contexto internacional siempre acaben “perjudicando a los mismos”, empezando, como no, por los civiles atrapados por las ofensivas militares. “Europa tiene que ser mucho más firme en la defensa de sus valores, en no hacer concesiones a las amenazas. Debemos estar del lado de la paz y del futuro del empleo y la prosperidad para la ciudadanía”, ha pedido.
Desde esta organización reclaman un “un mayor control” de los mercados y empresas. “Siempre vamos a lo fácil, a la rebaja de impuestos, que no es en sí mala; de hecho, desde USO defendemos una rebaja de tipos de IVA para productos básicos. Pero falta ese control previo y posterior de los precios, para que la bajada no se convierta en más beneficios y márgenes empresariales”, ha especificado.
En esta situación, sigue Pérez, “nos reafirma en la necesidad de construir un sistema productivo más resiliente a los vaivenes internacionales, que nos permita una mayor autonomía. Eso no se consigue con turismo y restauración, sino con una apuesta por la innovación y por una industria de alto valor”.
Redactor jefe de Noticias Obreras
