La vivienda pública en España en riesgo de extinción
España está a punto de perder uno de los principales instrumentos públicos para garantizar el derecho a la vivienda, según la investigación de la organización periodística de vigilancia pública Civio, que estima que a finales de 2030 habrán pasado al mercado libre 736.314 viviendas protegidas, casi la mitad de las construidas desde 1991.
Apenas 147.653 cuentan con protección permanente. El resto nació con plazos de entre 7 y 30 años, según la normativa de cada comunidad autónoma. El estudio reconstruye por primera vez el parque protegido en vigor, comunidad a comunidad, y su evolución prevista.
Entre 2026 y 2030, más de 326.000 viviendas perderán su protección, con especial impacto en Andalucía (93.000), Comunidad Valenciana (68.000) y Madrid (36.000). A cierre de 2025, algo menos de 1,13 millones seguían dentro de su periodo de protección.
El modelo español, basado en la subvención a la construcción y centrado en la venta, no tiene equivalente en Europa. El 91,3% de las viviendas protegidas se levantaron con ayudas estatales y, desde 2014, casi ocho de cada diez son de promoción privada.
“España tiene un modelo de subsidiación a la construcción que en Europa no ha existido nunca”, explica José María Escolástico, vicepresidente de la Asociación Española de Gestores Públicos de Vivienda y Suelo (AVS).
Para el economista Alejandro Inurrieta, el problema es estructural: “Una vivienda protegida en compra no rota y, en muchas comunidades, se permite hacer negocio con ella al cabo de unos años”.
La investigación recuerda el caso de Blackstone, que entre 2013 y 2014 adquirió 2.688 viviendas protegidas —muchas procedentes de la Sareb y de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid— con plazos de protección muy reducidos. Tras su compra, los alquileres se dispararon y cientos de viviendas quedaron liberalizadas en pocos años.
Las diferencias autonómicas son profundas. Mientras País Vasco, Navarra y Baleares han blindado su parque con protección permanente, otras comunidades han reducido los plazos o mantienen la descalificación anticipada.
Madrid llegó a fijar protecciones de solo siete años; Andalucía las rebajó en 2020; Extremadura aplicó retroactivamente la reducción de 30 a 20 años. En el extremo opuesto, País Vasco garantiza que ninguna vivienda protegida se perderá en los próximos cinco años.
El nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026‑2030 exige por primera vez protección permanente para financiar nuevas promociones, pero su alcance es limitado: no afecta al parque existente y cuenta con un presupuesto de 7.000 millones en cinco años. “Es un presupuesto irrisorio”, denuncia Alicia del Río, del Sindicato de Inquilinas de Madrid.
La investigación también evidencia una grave falta de transparencia institucional. Varias comunidades no han entregado datos completos o coherentes, y el Ministerio de Vivienda mantiene cifras contradictorias.
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