Arranca el ciclo de movilizaciones por la vivienda
A pocas semanas de que el Congreso tumbara la prórroga de los contratos de alquiler, la Confederación de Sindicatos de Inquilinas con el apoyo de las centrales sindicales y entidades sociales, arranca este fin de semana el ciclo de movilizaciones ante la crisis habitacional “insostenible” y la “inacción institucional prolongada”, con una manifestación este sábado en Guadalajara y otra en Madrid.
El malestar social se ha intensificado tras la caída del Real Decreto 8/2026, que permitía ampliar los contratos de alquiler hasta dos años con un límite del 2% en la subida anual. El grupo parlamentario de Sumar mantiene su intención de plantear un nuevo texto, mientras quela indignación parece alcanzar también al electorado conservador, lo que explicaría el cambio de actitud de las derecha catalana de Junts, abierta ahora a apoyar una nueva prórroga, a cambio de introducir una deducción del 15% en el IRPF por gastos de vivienda.
“La crisis de vivienda ya no es solo un problema habitacional, sino una máquina de empobrecimiento, expulsión y control de las vidas de la gente común”, denuncian desde el Sindicato de Inquilinas, recordando que “se dedica de media más del 70% de los salarios al pago del alquiler”, según su último comunicado.
La organización de personas inquilinas convoca una primavera de movilizaciones —del 23 de mayo al 27 de junio— para denunciar una escalada de precios que “hace la vida imposible” y exigir medidas estructurales.
Esta movilización ha reunido el apoyo de organizaciones sindicales, de derechos humanos y vecinales, entres las que destacan CCOO, UGT y CGT, así como Intermón Oxfam o Amnistía Internacional.
Una de las portavoces del sindicato de inquilinas, Alicia del Río, subraya que la protesta nace desde los centros de trabajo, las escuelas, los centros de salud y los barrios, donde se viven las consecuencias más crudas de la crisis. “Las maestras ven cómo sus alumnos llegan exhaustos por procesos de desahucio o incertidumbre residencial; todo eso se somatiza”, explica.
Los datos oficiales confirman el deterioro del acceso a la vivienda. Un informe del Ministerio de Derechos Sociales y el CSIC señala que en 14 años los hogares propietarios han caído del 79% al 63,9%, mientras que los hogares de alquiler han aumentado del 11,9% al 19,2%.
Paralelamente, los caseros particulares con varias viviendas casi se han triplicado, concentrando cada vez más patrimonio inmobiliario.
Entre las reivindicaciones centrales destacan la bajada del 50% de los alquileres, la expropiación de viviendas en manos de fondos buitre, la recuperación de vivienda vacía para ampliar el parque público, la prohibición de usos no residenciales y la implantación de contratos indefinidos sin subidas anuales.
También exigen la derogación de la “ley mordaza”, que consideran un instrumento de represión contra activistas del movimiento.
La protesta pondrá un foco especial en el racismo inmobiliario, una de las dimensiones más invisibilizadas de la crisis. Assiatou Diallo, portavoz del grupo antirracista del sindicato, recuerda que las personas migrantes sufren tasas de discriminación muy superiores: en 2020, el 75% de los hogares extracomunitarios vivían de alquiler y un 31% sufrió algún tipo de discriminación en el acceso a la vivienda. “Cuando los barrios se gentrifican, la primera comunidad expulsada es la migrante”, denuncia.
Los bloques en lucha —como Valverde 42, Tribulete 7 o Gaztambide 37— se han convertido en referentes de resistencia frente a fondos de inversión y prácticas abusivas. “Han transformado la desesperanza en acción y empoderamiento”, celebra del Río.
Continúan los desahucios de familias vulnerables
La manifestación del 24 de mayo de Madrid aspira a señalar que otro modelo habitacional es posible. “No tenemos por qué resignarnos a medidas de choque temporales. Podemos construir un parque público amplio y digno, como en otras ciudades europeas”, concluye la portavoz.
La exclusión residencial no se detiene, como demuestra el caso de Amou, vecina de origen maliense, madre de tres hijos, a punto de ser desahuciada, tras sufrir un reguero de estafas y engaños. En 2010, mientras su pareja permanecía en Mali, comenzó a pagar mensualmente la hipoteca a una tercera persona que debía ingresar el dinero en el banco. No lo hizo. La deuda acumulada alcanzó los 5.000 euros, una cantidad imposible de asumir de inmediato. El banco la llevó a juicio y la familia perdió la propiedad, que pasó a manos de Abanca. Aun así, lograron firmar un alquiler social de 300 euros.
Pero la entidad bancaria vendió el piso al fondo buitre Mona ITG, integrado en el conglomerado luxemburgués Orion Constellation, que ahora pretende ejecutar el desahucio el próximo 26 de mayo, pese a que Amou cumple los criterios de vulnerabilidad y convive con una hija que acaba de dar a luz.
Si nadie lo remedia, podría correr la misma suerte que otra madre, con tres hijos, todos menores, desalojada el pasado 20 de mayo el piso donde vivía desde hace nueve años en la calle Buenos Aires 60, en el Eixample de Barcelona.
Era el segundo intento, tras el frustrado ocho días antes. Olalla, así se llama, permaneció dentro del piso acompañada por un trabajador del servicio de intervención de la Generalitat para situaciones de pérdida de vivienda (SIPHO), hasta que finalmente, con un ataque de ansiedad abandonó la vivienda situada en en edificio propiedad del fondo holandés New Amsterdam Developers.
De las 21 familias que residían en la finca, sólo quedan dos además de una pareja de 97 años con contrato de renta antigua. El resto de pisos ya se alquilan por habitaciones por encima de los 950 euros mensuales.
El Sindicat de Llogateres denunció que el caso de Olalla ejemplifica una tendencia creciente en la ciudad y responsabiliza al PSC de no frenar la especulación inmobiliaria. También critican que NAD haya solicitado el desahucio pese a que un juzgado condonó recientemente la deuda que originó el proceso.
Las organizaciones de trabajadores apoyan la movilización
Desde Comisiones Obreras denuncian que la población “trabaja para vivir, no para pagar precios desorbitados por un alquiler”, y recuerda que la vivienda es un derecho constitucional, no un activo para la especulación inmobiliaria y alerta de que la crisis habitacional se ha convertido en uno de los grandes problemas del país: agrava la desigualdad, deteriora las condiciones de vida y actúa como un freno económico.
El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha advertido en una multitudinaria asamblea en Las Palmas de Gran Canaria de que la vivienda “es un problema social, pero es también ya un problema económico”, al denunciar que el encarecimiento de los precios básicos y de los alquileres está asfixiando la capacidad de compra de las familias trabajadoras.
Ha urgido a las administraciones a aplicar regulaciones estrictas que limiten los usos turísticos residenciales y topen los precios en zonas tensionadas, advirtiendo de que la expulsión de la población de las grandes ciudades derivará en una falta crónica de mano de obra. Como respuesta estructural, ha defendido la movilización de dos millones de viviendas asequibles en la próxima década, con una política universal que frene la especulación y evite que la vivienda pública vuelva a ser absorbida por el mercado privado.
UGT sitúa el derecho a la vivienda en el centro del conflicto social y llama a la ciudadanía a salir a la calle bajo el lema “Sin vivienda digna, no habrá paz social”. El sindicato denuncia que la agenda legislativa del bloque de derechas pretende desmantelar el escudo público y favorecer a los especuladores, utilizando —según afirma— debates residuales como la proposición de ley orgánica contra la ocupación ilegal para desviar la atención de la emergencia habitacional.
Para este sindicato, esta iniciativa, impulsada por el PP y facilitada por la abstención de PNV y Junts, refuerza el poder del lobby inmobiliario en un momento en el que miles de familias están al límite de su resistencia.
La organización sindical también critica el “fracaso” de los modelos de vivienda promovidos por gobiernos conservadores, citando como ejemplo el Plan Vive de la Comunidad de Madrid, que pasó de prometer 45.000 viviendas a entregar apenas 7.000, con requisitos económicos que, según UGT, excluyen a quienes más necesitan acceso a vivienda pública.
Frente a este escenario, el sindicato anuncia que volverá a las calles para exigir el cumplimiento del artículo 47 de la Constitución y un aumento urgente del parque público destinado a la clase trabajadora, advirtiendo de que sin políticas valientes no habrá estabilidad social.
Desde un foro formativo y de análisis llevado a cabo por UGT en Cuenca, Pepe Álvarez definido la vivienda como uno de los grandes factores que hoy deterioran las condiciones de vida de la clase trabajadora, al denunciar que se ha convertido en un bien público sometido a una “especulación absolutamente insoportable” que expulsa a miles de personas de sus barrios.
Recordó que ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Málaga viven una situación límite que “se extiende como una gota de aceite” al resto del territorio, y reclamó aplicar sin dilaciones la legislación estatal para frenar los usos abusivos y especulativos del mercado inmobiliario.
Álvarez cargó además contra la derecha y la extrema derecha por eludir cualquier referencia al papel de los fondos buitre en la acumulación de vivienda y en la subida de precios.
Frente a propuestas “demagógicas”, como retirar el patrimonio sindical para construir unas pocas viviendas, Álvarez defendió que la única vía eficaz pasa por construir más parque público, regular a los grandes tenedores y garantizar que la vivienda forme parte real del “salario diferido” que deben asegurar los servicios públicos.
Apoya y cuida Noticias ObrerasTu aportación hace posible un periodismo comprometido con la dignidad del trabajo, la justicia social y la esperanza. Puedes colaborar también a través de Bizum al 13744. Cualquier aportación, por pequeña que sea, suma y nos ayuda a seguir construyendo, día a día, esta mirada compartida al servicio del bien común
Redactor jefe de Noticias Obreras
