CCOO exige una reforma profunda de la prevención de riesgos laborales para atender las enfermedades de origen profesional y atajar la mortalidad
El sindicato CCOO pide al Gobierno que renueve el impulso legislativo de la prevención laboral para “internalizar la evaluación de riesgos laborales” y combatir las enfermedades profesionales, al tiempo que reclama que las mutuas empresariales se conviertan en entidades sociales de titularidad pública.
Aunque la siniestralidad laboral volvió a descender en 2025 en España, el retroceso no se explica por mejoras en la prevención, sino por cambios estructurales del mercado de trabajo. De hecho, denuncia CCOO, las muertes en el trabajo y las enfermedades profesionales continúan en niveles inaceptables.
La caída de los accidentes responde más al cambio en el modelo productivo —con más empleo en sectores de baja siniestralidad y una reducción sustancial de la temporalidad— que a una mejora real de la prevención, han insistido tanto el secretario general del sindicato, Unai Sordo, como el responsable de Salud Laboral y Medioambiente, Mariano Sanz, durante la presentación de la campaña “Trabajar sí, enfermar no”.
Este año, el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, que se celebra el 28 de abril, coincide con el treinta aniversario de la aprobación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que, como ha recordado Sanz, supuso “un cambio de paradigma” al pasar de actuar sobre las consecuencias de los accidentes a prevenirlos.
Si en 1995 murieron 1.356 personas en el trabajo, en 2025 fueron 796. “Un cambio fundamental”, ha señalado Sanz, aunque insuficiente. El responsable sindical considera extinguido el impulso inicial que generó la implantación de la ley y reclama nuevos esfuerzos.
“La prevención no es una prioridad para muchas empresas”, ha afirmado, al tiempo que ha cargado contra la “beligerancia” empresarial ante las ausencias por enfermedad y la “persecución” del absentismo, así como contra las dudas que algunos sectores están sembrando sobre la profesionalidad de la Atención Primaria. “El único centro de sus preocupaciones es el absentismo y la persecución de trabajadores que ejercen mayoritariamente su derecho”, ha denunciado.
Enfermedades profesionales infradeclaradas
Sanz ha querido poner el foco también en las enfermedades profesionales, “masivamente infradeclaradas”. En 2025 se comunicaron 30.713 casos, una cifra que considera “absolutamente insuficiente”.
El 55% correspondió a mujeres, con una incidencia un 35% superior a la de los hombres, concentradas en servicios y cuidados. La duración media de las bajas por enfermedad profesional pasó de 62 días en 2021 a 121 en 2025.
El dirigente sindical alertó especialmente sobre el cáncer laboral, prácticamente ausente en los registros españoles pese a que en Europa se estima que el 54% de las muertes laborales están relacionadas con tumores. “Cada día se manipulan miles de sustancias químicas en los centros de trabajo. No es creíble que aquí no tengan impacto”, afirmó.
Ha reclamado la creación del registro de empresas y trabajadores expuestos a cancerígenos, comprometido pero “aún sin activar”. Y ha denunciado de nuevo el “conflicto de interés entre los que tienen que reconocerlas, que son los que las pagan”, en referencia a las mutuas empresariales, y “los que reclamamos que la determinación del origen de las enfermedades sea justa”.
“Igual que no estamos en contra del control público de las incapacidades temporales, lo que queremos es mayor control público de las condiciones de trabajo”, ha remarcado, al tiempo que ha reclamado “mutuas sociales y públicas, 100% sí”. “No queremos mutuas patronales y privadas; no queremos que asuman más funciones cuando está demostrado que, en algunas, como la gestión de las enfermedades profesionales, existe un grave conflicto de intereses”.
Nuevos riesgos
El responsable sindical advirtió que la digitalización, la gestión algorítmica, el cambio climático, la feminización del empleo y el envejecimiento de la población trabajadora están modificando las condiciones laborales y aumentando riesgos, especialmente los psicosociales. En 2025 se registraron 600.000 bajas por salud mental, de las cuales solo 203 se reconocieron como relacionadas con el trabajo.
Sanz ha sido especialmente duro al exigir al Ministerio de Trabajo que renueve el impulso de la política preventiva. En concreto, ha reclamado que se active el procedimiento para aprobar el anteproyecto de la nueva Ley de Prevención, tras 14 meses de negociación. Recordó que existe un compromiso para incorporar por real decreto los riesgos psicosociales y los derivados de fenómenos climatológicos, sin necesidad de trámite parlamentario.
También ha pedido “internalizar la prevención en las empresas”, en lugar de delegarla en servicios externos, y reforzar el papel de la Atención Primaria en el diagnóstico de sospecha de enfermedad profesional. “Hace falta que el médico pregunte: ‘¿Dónde trabajas?’ y que las condiciones laborales formen parte de la anamnesis”, afirmó.
Para Sanz, el lema de la campaña de este año, “Trabajar sí, enfermar no”, resume una exigencia básica: “En el siglo XXI no puede asumirse que enfermar por trabajar sea un precio inevitable. Hay que hacer mejor las cosas y asumir responsabilidades”.
Unai Sordo: “La prevención no está funcionando”
Por su parte, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha hecho especial énfasis en que la evolución reciente de la siniestralidad laboral en España no puede entenderse sin hablar de “la creación de empleo en sectores con índices de accidentes más bajos” y de “la mejora en la estabilidad de la contratación”, fruto de la reforma laboral pactada con los agentes sociales.
Sordo ha subrayado que el mercado laboral español ha experimentado en los últimos años un desplazamiento hacia actividades con menor exposición al riesgo, lo que explica parte del descenso de la siniestralidad.
Por el contrario, la construcción encadena dos años de aumento de la mortalidad laboral, impulsada por el crecimiento de la actividad. Sordo insistió en la relación entre contratos más estables, mayor experiencia en el puesto y menor probabilidad de accidente. “La estabilidad facilita que las plantillas estén mejor preparadas y que los riesgos se gestionen con más solvencia”, ha afirmado.
No obstante, ha remarcado que no puede interpretarse, en una lectura superficial de los datos, que “la prevención esté funcionando como debería”. Persisten déficits graves en la calidad de las evaluaciones de riesgos, en la vigilancia de la salud y en el reconocimiento de las enfermedades profesionales, aspectos que —recordó— CCOO viene denunciando de forma reiterada.
Además, ha advertido que el envejecimiento de la población ocupada se está convirtiendo en un factor crítico para la salud laboral. El análisis detallado de los datos revela un incremento significativo de las patologías no traumáticas, especialmente infartos e ictus, cuyo vínculo con la edad es “evidente”. En determinados sectores, esta realidad constituye “un problemón en términos de salud y seguridad”.
Ante este escenario, Sordo reclamó la aplicación de coeficientes de reducción de la edad de jubilación en aquellos puestos con elevada incidencia de accidentes o patologías laborales. La propuesta incluye que las empresas asuman sobrecotizaciones que permitan financiar la jubilación anticipada de quienes desarrollan trabajos especialmente penosos o peligrosos.
Derechos para las personas migrantes
Sordo se ha referido también a la situación de las personas trabajadoras migrantes, en un momento en que se debate la regularización extraordinaria. Subrayó que los trabajadores extranjeros presentan tasas de incidencia muy superiores a las de los españoles, por su concentración en sectores de mayor riesgo —como la construcción— y por su mayor vulnerabilidad a la hora de exigir medidas de prevención.
“Quien teme perder el empleo no puede exigir un arnés”, afirmó. Los trabajadores de Ecuador, Colombia, Marruecos o Senegal duplican la tasa de incidencia de los españoles.
Para el dirigente sindical, el proceso de regularización puede tener un efecto positivo al fortalecer su capacidad para reclamar condiciones seguras, aunque su impacto será limitado si no se mejora la prevención en los sectores con mayor siniestralidad.
Sordo ha reconocido como “una obsesión sindical” el problema del subregistro de las enfermedades profesionales en España. Considera “un escándalo” que patologías claramente vinculadas al trabajo —incluidos los cánceres de origen laboral— sigan sin reconocerse, lo que impide tanto la protección de las personas afectadas como la adopción de medidas preventivas eficaces.
“El país no puede seguir mirando hacia otro lado. Sin reconocimiento no hay prevención, y sin prevención no hay derecho a la salud en el trabajo”, concluyó.
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