“Padrón por Derecho” denuncia en Sevilla el racismo institucional que vulnera los derechos de las personas migrantes
La Coordinadora Estatal Padrón por Derecho denuncia el bloqueo sistemático al empadronamiento de personas migrantes constituye racismo institucional y anuncia la celebración de su I Encuentro estatal este fin de semana en Mazagón (Huelva), con el objetivo de reforzar la incidencia política y visibilizar la exclusión que sufren miles de trabajadores y trabajadoras migrantes.
Según ha alertado la coordinadora que agrupa a una treintena de entidades de diferentes puntos de la geografía española, en una rueda de prensa celebrada en Sevilla, miles de personas migrantes continúan enfrentándose a trabas administrativas para acceder al empadronamiento en numerosos municipios del Estado, una práctica que la red considera una forma de “racismo institucional y un incumplimiento directo de la legislación vigente”.
Desde la plaza de San Francisco, frente al Ayuntamiento de Sevilla, representantes de colectivos como la Asociación Multicultural de Mazagón (Huelva), Buen Samaritano de Tenerife, Coordinadora de Barrios de Madrid, Coordinadora Obrim Fronteres de Cataluña, Foro Galego de Migraciones, Fundación Tots Units (Villareal,(Castellón, País Valenciano) y Ongi Etorri Errefuxiatuak de Euskadi criticaron la negativa o dilación injustificada en la inscripción padronal.
En su opinión, este comportamiento de las administraciones municipales vulnera el artículo 15 de la Ley 4/1996, que establece que toda persona que viva en territorio español está obligada a inscribirse en el padrón del municipio en el que reside habitualmente, sin que exista “excepción” alguna vinculada a la situación administrativa, contractual o habitacional.
Durante el acto, representantes de la coordinadora explicaron que esta arbitrariedad municipal impide el acceso a derechos fundamentales como la tarjeta sanitaria, la escolarización de menores o los trámites de regularización.
Recordaron que “el padrón no es una concesión del ayuntamiento, es un derecho y una obligación legal que debe reflejar la realidad de quienes viven en el municipio” y subrayaron que “sin padrón no existes: nadie debería ser invisible para el municipio donde vive”.
La portavoz de la Asociación Multicultural de Mazagón, Pepa Suárez, insistió en que el empadronamiento es la llave de acceso a derechos básicos y denunció que, en la práctica, sigue siendo inaccesible para muchas personas migrantes. “Sin padrón no existes: nadie debería ser invisible para el municipio donde vive”. El padrón asegura derechos fundamentales”, aseguró.
Obligados a pagar por el certificado de vulnerabilidad
En la misma línea, Abdoulaye Sanogo, presidente de la Asociación de Malienses de Mazagón, describió la situación en los asentamientos de Huelva, donde viven cientos de trabajadores y trabajadoras temporeras en condiciones extremadamente precarias: “Nadie se acerca al ayuntamiento a empadronarse. Directamente se ven obligados a pagar por un certificado porque el empadronamiento se ha convertido en un negocio”.
La rueda de prensa sirvió también para presentar el I Encuentro Estatal de la Coordinadora Padrón por Derecho, que tendrá lugar en Mazagón (Huelva) los días 30 y 31 de mayo.
El objetivo del encuentro es fortalecer la articulación estatal, diseñar estrategias comunes de incidencia política, acción reivindicativa, visibilidad y defensa jurídica, y exigir que las instituciones garanticen el empadronamiento sin exclusiones en todo el territorio español.
La elección de Mazagón responde a la necesidad de visibilizar las condiciones de vida de miles de personas migrantes temporeras del sector de los frutos rojos, que sobreviven en asentamientos de chabolas y en situación de exclusión administrativa.
El encuentro concluirá el domingo 31 con una concentración en la plaza Odón Betanzos de Mazagón, a las 11:30 horas, para denunciar la responsabilidad de las administraciones locales en la cadena de exclusión que genera la falta de empadronamiento, una traba burocrática que condena a la invisibilidad a quienes ya viven en condiciones de vulnerabilidad extrema.
La red, que comenzó su andadura hace dos años, se presentó públicamente el pasado mes de febrero en Madrid con la publicación del informe “Vulneración del derecho al empadronamiento de personas migrantes en España”, donde se analiza la importancia del padrón y el impacto de la exclusión administrativa, así como las realidades específicas de territorios como Madrid, Valencia y Huelva.
Su trabajo se centra en garantizar el acceso universal al empadronamiento como condición indispensable para el ejercicio de derechos y la participación plena en la vida social y comunitaria.
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