Almería Acoge denuncia la falta de disposición de las administraciones para atender las solicitudes de la regularización extraordinaria
Almería Acoge ha decidido retomar la atención a personas migrantes solo mediante cita previa telefónica, tras verse desbordada por las solicitudes de documentación para la regularización extraordinaria. Más de un millar de personas acudieron en un solo día a solicitar el documento necesario en el procedimiento estatal, provocando largas colas en las calles aledañas a la oficina de la organización.
La policía intervino para ordenar la situación y dispersar a parte de los presentes, aunque alrededor de doscientas personas permanecieron en la zona sin querer marcharse. Al día siguiente de haber entregado un total de 180 certificados de vulnerabilidad, acudieron centenares de personas migrantes cuya presencia causó molestias al vecindario.
Almería Acoge, una de las organizaciones autorizadas para emitir certificados de vulnerabilidad, ha denunciado falta la falta de interés y disposición de los responsables municipales
Su presidente, Juan Miralles, señaló que muchas de las personas que acuden a la entidad “no están encontrando una respuesta adecuada” en los servicios sociales ni en los ayuntamientos
“Si aquí han llegado mil personas, es porque no hay suficientes organismos emitiendo estos certificados y los ayuntamientos no están actuando como deberían”, afirmó. Incluso dijo tener constancia de que algunos consistorios habrían rechazado expedir el documento y estarían derivando a los solicitantes a las entidades colaboradoras del proceso.
Las entidades sociales recuerdan que el documento de vulnerabilidad no es un informe social, sino una declaración válida únicamente para el proceso de regularización y que no requiere verificación compleja ya que la propia falta de documentación acredita las situaciones contempladas por el Ministerio, como la dificultad de acceso al empleo.
Las administraciones tienen la responsabilidad legal de emitir el certificado de vulnerabilidad para quienes no pueden presentar un contrato, un precontrato o acreditar la reunificación familiar con menores o personas dependientes.
Trabajadores sociales, siempre según la información difundida, habrían mostrado su disposición a trabajar por la tarde con compensación económica para agilizar los trámites.
Las entidades sociales han abierto conversaciones con la Subdelegación de Gobierno y el Ayuntamiento al que han pedido encontrar un local más espaciosa que genere menos molestias, para poder ofrecer una atención “digna” a los peticionarios. Las conversaciones siguen abiertas a la espera de concretar algunos acuerdos, según ha indicado a Europa Press.
Desde Almería Acoge hacen un llamamiento a otras organizaciones sociales para repartirse la carga de trabajo, aunque la responsabilidad última, recuerdan desde la entidad, sigue siendo de las Administraciones públicas, que deben garantizar el acceso al procedimiento y no delegarlo, de hecho, en organizaciones que trabajan al límite.
Zaragoza tampoco lo pone fácil
Una situación parecida se ha generado en Zaragoza, donde entidades sociales y comunitarias han denunciado la “obstaculización consciente” de algunas administraciones, lo que estaría provocando “un escenario de colapso” mediante la centralización de trámites y la limitación de recursos.
El comunicado del tejido asociativo va más allá y califica la situación como “racismo institucional”. Denuncia que se están bloqueando canales de acceso a documentación, infrautilizando recursos públicos y generando un trato desigual hacia las personas migrantes.
Una integrante de la Plataforma Regularización Ya Zaragoza, Bertha Sánchez, cree que se trata de una medida deliberada con el fin de ofrecer una imagen de “proceso masivo” vinculada a discursos de la ultraderecha, cuando en realidad se trata de personas que ya viven y trabajan en la ciudad.
La delegada sindical de CGT en el Ayuntamiento de la capital aragonesa, Carmen Clavo, critica la decisión de centralizar los trámites en un único edificio, la Casa de las Culturas, dado que “solo hay cuatro trabajadoras sociales, cuando en la red de centros de servicios sociales hay más de 100”.
“Una ciudad del tamaño de Zaragoza tiene una red de centros de servicios sociales amplia y personal cualificado y dispuesto a hacer los informes de vulnerabilidad, pero no se lo están permitiendo”, ha explicado, al tiempo que señala que profesionales de los servicios sociales han reclamado que se les permita ejercer su profesión como manda el código deontológico del trabajo social”.
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