Piden extender la ley canaria que protege a las camareras de piso al conjunto del país
El Pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado esta semana una modificación clave de la Ley de Ordenación del Turismo que obligará a los establecimientos hoteleros a instalar camas elevables mecánicas y carros motorizados para el transporte de textiles antes de 2033.
CCOO Servicios ha reclamado que la medida se extienda al resto de comunidades autónomas para garantizar condiciones laborales dignas a las camareras de piso, uno de los colectivos más precarizados del sector turístico.
La presidenta de Unión Kellys Tenerife, Mónica García, ha celebrado la aprobación como un hito que llega “tras varios intentos” frustrados. Ha subrayado que la lucha no se centraba únicamente en las camas elevables, sino también en los carros a motor, porque las trabajadoras empujan cargas que “pesan más de 100 kilos”.
La nueva normativa incorpora además la retirada de los nórdicos, cuya manipulación para enfundarlos “causa tantas lesiones en los brazos”. Para García, que las reivindicaciones se hayan traducido en una ley supone “un alivio y una victoria para miles de camareras de piso en todo el archipiélago”.
El sindicato CCOO subraya la “extrema vulnerabilidad” de estas trabajadoras, un colectivo altamente feminizado y envejecido. Según los últimos datos de la EPA analizados por su gabinete de estudios, el sector empleaba en el cuarto trimestre de 2025 a 113.000 personas, de las cuales 103.000 son mujeres (91%) y 56.000 son de origen extranjero (54%). Además, el 43% supera los 45 años, lo que configura un perfil marcado por la edad, el género y la nacionalidad.
Canarias y Baleares, referentes en salud laboral
La aprobación de la normativa en Canarias ha sido calificada como un “hito histórico” por el secretario general de CCOO Servicios en el archipiélago, Borja Suárez Sánchez. El dirigente sindical ha anunciado que llevarán la nueva ley “hotel por hotel para que la medida sea real y efectiva”, siguiendo el camino iniciado hace siete años en Baleares.
Canarias concentra actualmente una de cada tres camareras de piso del país (28%), con 32.000 personas empleadas. De ellas, el 83% son mujeres y el 45% extranjeras. El grupo de mayor vulnerabilidad —mujeres extranjeras mayores de 45 años— representa ya el 18% de la plantilla en las islas (6.000 trabajadoras).
El sector, además, ha recuperado empleo tras la pandemia: de los 84.000 ocupados del primer trimestre de 2024 se ha pasado a los 113.000 actuales.
Más allá de las mejoras ergonómicas, CCOO mantiene como prioridad la implantación de coeficientes reductores que permitan adelantar la edad de jubilación de estas trabajadoras, sometidas a un entorno de “alta exigencia física y mental” que provoca lesiones musculoesqueléticas graves, además de riesgos psicosociales, químicos y biológicos.
El sindicato advierte de que “la salud laboral y la prevención no pueden seguir siendo una asignatura pendiente en el turismo español” y reclama que el modelo canario y balear se incorpore a las mesas de diálogo social del resto del país para avanzar hacia un estándar común de protección.
La reforma, largamente reivindicada por el colectivo de camareras de piso —las conocidas Kellys—, busca reducir la elevada incidencia de lesiones físicas y enfermedades profesionales derivadas de un trabajo marcado por la sobrecarga y la falta de prevención.
La reforma llega en un contexto crítico. En algunos hoteles del sur de Tenerife, uno de cada tres trabajadores está de baja, según denuncian los sindicatos. Las Kellys llevan años alertando de que la carga de trabajo es incompatible con la salud: hasta 60 camas por jornada, 30 habitaciones, posturas forzadas, ritmos intensos y ausencia de sustituciones cuando se producen bajas.
La abstención de Vox ha sido duramente cuestionada por el colectivo. “A Vox le preocupa más el dinero que se va a tener que gastar el empresario en las camas, que nuestra salud”, lamenta García.
Aunque las Kellys hubieran preferido una implantación más rápida, aceptan el plazo de adaptación hasta 2033. Lo que no entienden es la queja empresarial: “Encima que les dan tiempo para aplicarse, protestan”, señala García. Mientras tanto, advierte, “las espaldas de las camareras siguen sufriendo”.
La dureza del trabajo está provocando un fenómeno preocupante: no hay relevo generacional. “La gente que viene detrás de nosotras no quiere este trabajo”, afirma García. Relata casos de jóvenes que “duran un día o dos” antes de abandonar, incapaces de asumir el ritmo y la carga física.
Esta situación ha empujado al sector a depender cada vez más de trabajadoras migrantes, lo que, según denuncia, ha alimentado comentarios despectivos: “Nos dicen que si no queremos el trabajo, que se lo demos a ellas”. Pero la precariedad afecta por igual a todas: “Los sueldos no nos dan para vivir”.
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