Subida del SMI en 2025 y el debate sobre su tributación
La reciente subida del salario mínimo interprofesional (SMI) en España a 1.184 euros mensuales en 14 pagas, lo que equivale a 16.576 euros anuales, ha generado un debate sobre su tributación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
Tradicionalmente, los perceptores del SMI estaban exentos de este impuesto, ya que el mínimo exento de tributación se ajustaba con cada incremento del salario mínimo. Sin embargo, en esta ocasión, el Ministerio de Hacienda ha decidido mantener el mínimo exento en 15.876 euros, lo que implica que aquellos que perciban el nuevo SMI deberán tributar por esos aproximadamente 700 euros de diferencia, lo que viene a suponer anualmente una retención aproximada de 300 euros (unos 21 euros en cada una las 14 pagas).
A partir de marzo de 2025, las empresas han comenzado a aplicar retenciones de IRPF a las personas trabajadoras que perciben el SMI. Esta medida afecta aproximadamente al 20% de quienes perciben el salario mínimo.
El debate sobre la tributación del SMI
Esta decisión ha generado posiciones contrapuestas en el ámbito político y social. Por un lado, el Ministerio de Hacienda, respaldado por el sector socialista del Gobierno, defiende la medida como un paso hacia la normalización fiscal y una señal de dignidad laboral.
Argumentan que la subida refleja una mejoría en las condiciones económicas de las personas perceptoras del SMI. Y al tributar en el IRPF se integran plenamente en el sistema fiscal, contribuyendo al sostenimiento de los servicios públicos. Además, destacan que la presión fiscal sobre las rentas bajas en España es de las más bajas de la Unión Europea, situándose en un 6,7%, frente a una media del 19% en la UE.
Por otro lado, partidos políticos como Sumar, Podemos, ERC, Bildu, BNG y el PP han expresado su oposición a la decisión de Hacienda de no adaptar el IRPF al aumento. Estos partidos, y amplios sectores sociales y sindicales, abogan por que el incremento de 700 euros anuales se mantenga íntegro en los bolsillos de las familias trabajadoras, dado que de otra forma podría no llegar a compensar la subida del coste de la vida. Desde este último grupo de actores lo consideran por tanto injusto. Y contradictorio con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de la población trabajadora con menores ingresos.
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Economista y politólogo
