El derecho a la salud y recuperación de las personas trabajadoras
En los últimos tiempos no dejan de aparecer noticias con datos más o menos catastrofistas respecto a las cifras de absentismo de las personas trabajadoras en España, término este que induce a la confusión (muchas veces interesada), capaz de recoger todo tipo de ausencias y teñirlas de sospechas.
A este debate ha contribuido la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que ha publicado tres estudios que forman parte de la segunda fase del Spending Review 2022-2026, en los que evalúa el gasto público en materia de incapacidad temporal, la ayuda oficial al desarrollo y el ingreso mínimo vital.
En el primero de ellos, la AIReF identifica como una de las causas del aumento de la incapacidad temporal (en adelante IT) un marco normativo «progresivamente más garantista», esto es, que protege a más personas trabajadoras, lo que, in fine, sale más caro. El informe propone más control, más seguimiento, más intervención temprana del INSS y lo hace asegurando que no se altera el marco de derechos, pero requiriendo un reforzamiento de la vigilancia como respuesta [1].
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Profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
